30 Octubre 2009
El presidente Álvaro Uribe no está practicando la Constitución Nacional, la que juró cumplir y hacer cumplir. Con su comportamiento asocial busca ventajear a los candidatos a la presidencia de la república que no son de su cuerda. Uribe, simple y sencillamente está faltando a la palabra empeñada de actuar con rectitud, equidad y equilibrio. Una de las reglas de oro de la democracia, la que él dice defender y practicar pero que por sus acciones lo dudamos, es la igualdad para todos. ¡Eso no existe! La situación de desequilibrio ha llegado a tal extremo que el Procurador General de la Nacional, funcionario que el presidente hizo elegir por lo congresistas uribistas para que le protegiera las espaldas, ante lo grotesco y ordinario de la situación, se vio obligado a llamarle la atención. "...le solicitó al presidente, Álvaro Uribe Vélez, que ofrezca garantías de igualdad electoral a todos los candidatos presidenciales. Esta petición la hizo el jefe del Ministerio Público a través de una carta dirigida exclusivamente al Primer Mandatario". Transparencia y honor es el reclamo del procurador al presidente.
Esta carta es la segunda, del mismo tipo, que ocurre en la historia moderna del país. La primera fue escrita hace 40 años en épocas de bastante salvajismo político que todo el mundo creía habían sido superadas. En materia de cultura política con Álvaro Uribe Vélez vamos para atrás, crecemos como el rabo de las mulas, de para abajo. Si el procurador actual, siendo una persona del mismo talante político de Uribe, extrema derecha, se vio obligado a actuar, es porque se esta abusando. "El 30 de marzo de 1970, el entonces procurador, Mario Aramburo Restrepo, le envió una carta al presidente de la época, Carlos Lleras Restrepo, diciéndole que recibió una queja en la cual se manifestó que él había violado la norma de imparcialidad oficial y una indebida intromisión en los asuntos partidistas, en unas intervenciones en el barrio Kennedy, al sur de Bogotá. Frente a eso, decía textualmente la carta de Aramburo Restrepo, que "no puedo desconocer el derecho que tiene el Gobierno de explicar y defender las medidas y los criterios que informen su política gubernamental, porque la ley expresamente lo autoriza, pero creo que es mi deber decir que el señor Presidente al buscar ese fin lo excedió". Repetimos: Transparencia y honor es el reclamo del procurador al presidente.
El procurador, Alejandro Ordóñez, candidatizado por Uribe para el cargo y elegido por los congresistas uribistas, "exhortó al presidente Uribe a la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República". Sin mayores preámbulos ni consideraciones le dijo que la presencia del candidato, Andrés Felipe Arias, en el pasado consejo comunal de anticorrupción, no resultó afortunada. Le exhortó para que se adopten medidas que conduzcan a la efectividad de la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República, tal como lo exige la Carta Fundamental, y para que no se repitan episodios como el referenciado. El proceso preelectoral se debe estar en total transparencia y, como acertadamente lo afirmó la Corte Constitucional, se debe promover el equilibrio entre los candidatos y no se opaque el desarrollo de las funciones públicas al servicio del interés general y evitar abusos en cabeza de quienes ostentan cargos públicos". Reitero: Transparencia y honor es el reclamo del procurador al presidente.
Tres aspirantes a reemplazar a Álvaro Uribe coincidieron en exigir claridad en las reglas con miras a la campaña electoral. Así se desgañote su ministro del interior y el propio presidente, "No hay reglas claras y la ambigüedad, la mentira y la ventaja es lo sobresaliente". Colombia está cayendo en un hueco oscuro en donde el imperio del derecho, la transparencia, neutralidad y democracia están en peligro. El procurador, Alejandro Ordóñez, está avizorando una situación antidemocrática y dictatorial. El presidente Uribe parece que equivocó el camino al punto que falta a su palabra empeñada. Transparencia es el reclamo del procurador al presidente. Los diferentes sectores políticos, sociales y económicos creen que, "jalón de orejas merecido... Lo mínimo que podía decir el procurador era eso...El problema no es empatar sino tener las reglas de juego claras, ser limpio física y moralmente..." Álvaro Uribe "es un candidato de facto que puede disponer de una cantidad de medios que los otros no tienen. Esto es una ruptura de las reglas de la democracia en provecho personal". Igualdad constitucional no es simplemente que le permitan a un candidato asistir y hablar unos minutos en un consejo comunal, eso sería un infantilismo, el mandato constitucional sobre la igualdad implica muchas cosas, que Uribe ha insistido en desconocer... Urge total transparencia como lo establece la Constitución, en el sentido de promover el equilibrio entre todos los candidatos...
"Total transparencia como lo establece la Constitución" es la obligación que el presidente Uribe busca evadir, pero de la que el Procurador se dio cuenta y le salio al paso. Por el visible abuso presidencial es que se ha impuesto, "Velar por el imperio del derecho, por la transparencia y neutralidad de los debates electorales y por la majestad del sistema político que juramos defender". Si no existieran despotismos por parte de Uribe el Procurador Ordóñez no se hubiese tenido que pronunciar para defender a Colombia de tanto desafuero. ¡Uribe parece que no sabe qué es transparencia!
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29 Octubre 2009
Los parlamentarios uribistas no hallan que hacer con el presupuesto, con los recursos nacionales, con el erario que solo tiene la destilación de servir para solucionar problemas graves de nuestra sociedad como los planteados en torno a la educación pública superior hoy en crisis economicota total. Hace pocos días le pidieron al presidente de la república que les duplique sus pensiones, sus sueldos y sus primas, porque están ganando muy poco, $16 millones de pesos mensuales básicos. Parece que consideran que la entrega total y ciega a Álvaro Uribe vale mucho más que lo establecido en la ley como salarios. Tocan allá y tocan acá para ver en donde les reviente, aunque algunos aseguran que en todas partes. Al presidente no hay más que proponerle que le de el dinero del presupuesto sea para los que tienen dinero de sobra y listo, se hace, ordena que se lo entreguen.
En las últimas horas salieron con el cuento que es necesario que les suban el 50% el valor del pago a que tienen derecho por "reposición" de los votos que obtengan en las elecciones. Están en reuniones con Uribe, el Ministro del interior y el de hacienda: "Necesitamos subir pago del voto por reposición de $4,000 a $6,000... que el valor de un voto sea de seis mil pesos, tal y como lo esta trabajando el ex presidente del Senado Hernán Andrade y otros sectores de la coalición... El dinerito hay que buscarlo donde este... Ese incremento necesitaría en aval del ministro de hacienda y del presidente, pero por eso no hay problemas... Valencia Cossio, ha dicho que "el Gobierno está dispuesto a pagar hasta 4.600 pesos por cada voto, que es el tope que fiscalmente se alcanzaría a cubrir, aunque insistió en que debería ser mayor." Que lindo es ser generoso con el dinero ajeno, con el dinero de los colombianos, que podría servir para solucionar problemas de pobreza, salud, educación, vivienda, vías, etc.
Los liberales se negaron a más despilfarro en la política. "De antemano, tienen que saber el país, nuestro voto será negativo... Los políticos no podemos darnos el lujo de aumentar el valor del voto cuando las universidades están clamando por un incremento del su presupuesto, cuando el país se escandaliza con el temas como el del programa de Agro Ingreso Seguro... La posición de los liberales constituye un tropiezo al afán meterle la mano al erario... El Partido Liberal rechazará el precio por cada voto para Congreso de la República se pague a 6 mil pesos, tal y como lo ha propuesto una parte de la bancada de gobierno... Colombia esta muy mal en materia de desarrollo social y económico para seguir en el despilfarro lo poco que se tiene..."
La Federación Nacional de Profesores Universitarios, señaló que la mitad de los estudiantes del país podrían quedar sin educación, el año venidero, por cuenta del "paupérrimo" aumento del presupuesto para la universidad pública asignado por el gobierno. "Nuestra situación es deplorable en comparación con otros países de Latinoamérica. En este momento hay cerca de 1´200.000 universitarios en el país, el cincuenta por ciento o un poco más se quedaría sin acceso a la educación superior. Se deben asignar más recursos si se quiere que Colombia alcance un nivel aceptable de investigación y desarrollo". Esto es lo que hace que los liberales piensen más en la urgencia de incrementar los gastos de la educación a los de la política. "Las universidades públicas del país ha visto crecer, por el esfuerzo propio el numero de sus alumnos. El número de bachilleres que lograron ingresar a la U Pública, paso de 400 mil a 700 mil jóvenes en el último año, pero el presupuesto no ha tenido incremento acorde. Este crecimiento no es bien visto por el gobierno de Uribe y por eso niega sistemáticamente el preexpuesto para sostener esa cantidad de estudiantes..."
Los liberales en el congreso insistirán en mantener una posición férrea frente a todo lo que sea gastos inoficiosos, despilfarro o abuso del erario: Mientras la universidad pública no tenga el aporte que necesita, no aflojaremos a la determinación. "Primero debe estar la juventud y la sociedad en general y luego si sobran recursos se podrían pensarse en los nuevos y no tan urgentes, gastos como los que ha propuesto el congreso uribista que solo servirán para engordar bolso de cada uno de los congresistas o los partidos políticos adeptos al gobierno. "Esos dineros serían para que se lucren los congresistas solamente, no el país nacional". Los liberales aseguraron que Colombia no resiste la repetición de la vergonzosa historia: "45 personas que le dieron 550 millones de pesos a la campaña para la primera reelección de Álvaro Uribe, recibieron 33 mil millones de pesos en subsidios no reembolsables de Agro Ingreso Segur, como compensación. Es la mejor inversión que han hecho en su vida".
Por eso, dijeron los senadores y representantes liberales, que "nos atravesaremos a todo lo que sea despilfarrillo y apoderamiento de los dineros públicos en beneficio personal, es cuestión de conciencia y de moral". De la misma forma, ese partido está dispuesto a gritarlo día y noche en todos los rincones de Colombia. "No más asaltos al erario".
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28 Octubre 2009
El ultra derechista, machista y radical procurador que hay en Colombia, se ubicó en contra a las mujeres. El factor principal para hacer esta afirmación, su posición frente al problema del aborto, del que según las damas, no le está prestando atención seria e imparcial. Las colombianas que son más de la mitad del censo nacional cualitativa y cuantitativamente, expresaron su malestar contra el funcionario del que consideran que se hizo ubicar en el cargo para imponer sus convicciones personales. A él la comunidad que debe estar representando no le importa, argumentaron. Creen, que no es prenda de garantía y neutralidad. "No llegó al cargo no por méritos propios sino para que cumplir un encargo partidista de las derechas colombianas". Esa es la causa por la que reclamaron al senado "Control político a la gestión del Procurador", Alejandro Ordóñez. Si no ha de ser un procurador para todos los colombianos y las colombianas es mejor que renuncie.
El comportamiento personal y profesional, afirman las querellantes, frente al aborto ha sido un total desacierto. Las mujeres colombianas explicaron que expresiones como que " Me importa un bledo las críticas", están llevando a polarizar más al país frente al tema del aborto y desconociendo abrupta y brutalmente que existe una corriente de opinión que merece respeto, así sea diferente a la suya y la de sus amistades". Creen que es una respuesta de un patán de barrio, pero, anacrónicas e in correcta en la boca de un procurador cuya principal función es escuchar todas las opiniones y críticas, a favor y en contra, para luego pronunciarse oficialmente. A Colombia no le sirve un procurador parcializado que solo mire para un lado y desconozca a los demás olímpicamente. Para Claudia Mejía, profesional del derecho, de la organización "Cisma Mujer", afirmó con sus razones el Procurador Ordóñez no es una persona calificada para ejercer la labor de representante de la sociedad. "Es tan reaccionario y parcializado que no tiene cuenta, desconoce caprichosamente para sus actuaciones con funcionario, de los tratados internacionales.
Por su parte, la también profesional, Beatriz Quintero, de la "Coordinación de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de la Red Nacional" lo repudió. Precisó a los medios de comunicación que el procurador Ordóñez y su delegada para temas de la infancia y la adolescencia, Ilva Miriam Hoyos, hacían parte, desde antes de ejercer sus cargos, de un movimiento contra el aborto. En ese movimiento en reiteradas oportunidades han expresado en público y en privado sus opiniones y conceptos contra el aborto, siguiendo lineamientos radicales y fanáticos de sectores políticos y religiosos. Se trata de gente que está prevenida y orientada ideológica y socialmente. Carecen del elemento fundamental que debe adornar a la procuraduría, la imparcialidad e independencia. Afirmó que "el Procurador no está velando por la sociedad sino por sus convicciones, ya que no tiene en cuenta que Colombia es un Estado laico y no religioso".
Las mujeres colombianas a través de las voceras en los gremios más representativos reclamaron al Congreso que sea hagan responsable por la elección que hizo del procurador Alejandro Ordóñez. No fueron sorprendidos ni engañados, todo lo contrario actuaron a sabiendas de su posición radical en casi todos los temas sociales. Los senadores y representantes están en la imperiosa obligación de adelantar un debate políticos de control al procurador antes de las elecciones del congreso. "Ya son muchas las acciones sospechosas y parcializadas del funcionario". Si no proceden de esta forma, tampoco habrá interés en las mujeres colombianas para reelegir senadores y representantes. "Varias organizaciones pro defensa de la mujer señalaron que apoyan esta solicitud al congreso de la República para que responda por sus determinaciones". Congresistas de la oposición están dispuestos a tomar la bandera en sus manos, si en un tiempo prudencial no lo hacen quienes son los responsables de la presencia de Ordóñez en la Procuraduría. Por machista y radical que sea, caerse con las mujeres tiene que ser "jodido", más cuando no puede hacer con ellas "limpieza social".
Isabel Segovia, viceministra de Educación Básica y Media del Ministerio de Educación, aseguró que tras el fallo de la Corte Constitucional se reforzará la enseñanza de los derechos sexuales en los colegios. La cátedra tendrá énfasis especial para que niñas y jóvenes entiendan la despenalización del aborto en caso de violación, malformación del feto o riesgo de vida para la madre. Esta funcionaria sabe que Colombia es un país laico en donde no se pueden imponer algunas teorías del "opus Dei" y los partidos políticos intolerantes de ultraderecha como lo quieren hacer a través y el beneplácito del procurador.
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27 Octubre 2009
Tengo entendido que dentro de la "democracia" los funcionarios no pueden hacer lo que les venga en gana sino "lo que la ley les señale y les permita". En otras palabras, los funcionarios no pueden salirse de los cerca que la Constitución y las leyes les impone. Ellos sean grandes o chicos, con ganas de perpetuarse en el poder o sin esos intereses personales, no pueden no pueden legislar y mucho menos sentar doctrinas jurídicas o constitucionales. Esa función es solo de los magistrados. Un Ministro no puede fallar dudas jurídicas. Le esta vedado asegurar que los intereses del presidente Uribe están por encima de la ley y la constitución, porque eso es falso. Actuar sin que la ley lo señale claramente en sus funciones es un abuso. Parece que el señor ministro del interior, alguien en Bucaramanga lo llamó "godo atrabiliario", por sus abusos. Nuevamente está saliéndose del lugar asignado y eso simplemente es un delito.
El presidente de la Corte Constitucional al ser consultado sobre la afirmación del ministro del interior explicó que "Esa es un a opinión personal del ministro". De otra parte, un dirigente político advirtió que es una estratagema para mantener a la opinión pública hablando de lo mismo, polarizada y enfrentada situación que eventualmente podría darle resultados electoreros para el congreso, porque para la reelección ya no es posible. Según el politólogo y ex magistrado Humberto De la Calle, lo que si es verdad es que "si lo aprueba la corte Constitucional, (es una eventualidad), el referendo se convertiría en norma constitucional y abriría el camino para una nueva reelección inmediata, pero, eso no solo para Uribe, sería para todos los presidentes de Colombia..." La labor de desorientar a la opinión pública la esta realizando muy bien el ministro, de paso llena a las gente de dudas contra la justicia.
La madurez política de que los colombianos nos ufanábamos y de la que en ocasiones llegábamos a sentir orgullosos, hoy se ha convertido en una grosería, en un chiste vulgar, todo por anteponerse primero los intereses personales de Álvaro Uribe a los nacionales y generales de los colombianos. "Me parece que cuanto está sucediendo en materia política, es una manifestación de subdesarrollo que a siete meses no se tengan claro quiénes son los candidatos a la Presidencia y, que en especial, no sepamos si el candidato más popular, según las encuestas, pueda o no ser candidato... muy grave que llegáramos a la elecciones a Congreso, que son en marzo, sin tener claro quiénes son los candidatos a la Presidencia". Otros sectores de opinión aseguran que "Es repugnante la forma como se está actuando por parte del gobierno. Es un abuso, un acto inmoral e ilegalmente peligroso para la democracia colombiana y su institucionalidad, que actualmente no exista ley de garantías para los candidatos que ya han anunciado su aspiración". Uribe de está ventajeando a otros aspirantes a la presidencia porque el tiene para su campaña todo el presupuesto nacional y los demás ni un solo peso. Eso en ninguna parte es honradez, es comportamiento de un truhan.
Las alertas sobre cualquier abuso por parte del gobierno para no abandonar el poder, aferrarse a él de manos y pies, fueron encendidas por el Ministro del Interior. El sostiene que "el presidente Uribe podría ser candidato en el 2010, sin importar cuanto se demore la Corte decidiendo sobre el referendo", es porque algo muy sucio oyó en la Casa de Nariño. Trata se ajustar la opinión pública para cuando se de el golpe. ¿El Señor Uribe alista un fujimorazo, es decir, romper el orden institucional, en su provecho personal a nombre de una democracia inexistente? "Yo diría que el ministro está convocando a una dictadura con la anuencia de aquellos que le temen a un proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas... Estas personas reaccionan hoy convocando a una dictadura porque les da miedo el país sin Uribe en el poder...".
Contrariando la regla de oro de la democracia el ministro del interior trabaja por confundir la opinión pública sacando formulas mágicas de un momento para otro, como si se tratara de un mago que saca un conejito del sobrero. No hay reglas claras para participar en una campaña política y el ministro del Interior aumenta la ambigüedad y desorientación general. Un ex magistrado dijo que "Yo creo que no tiene ninguna presentación el hecho de que en una democracia, no tengamos reglas claras sobre las cuales actuar, que cada a paso que se esté dando en busca de esa claridad aparezca funcionarios de un momento para otro con temas de confusión y despiste". En varias ocasiones, el abuso de este ministro es tal que el propio presidente le ha tocado mandarlo a callar, desautorizándolo de sus salidas en falso. Uno de esos casos fue cuando propuso "impunidad" para los políticos delincuentes, considerando que esa si seria una autentica democracia. La teoría del "fugimorazo" tiene sentido y Uribe con tal de perpetuarse en el poder lo hace y luego lo llama democracia.
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24 Octubre 2009
La Corte Constitucional colombiana anunció que la revisión la ley que abre la puerta a una tercera reelección del presidente Álvaro Uribe "no concluirá hasta el año próximo". En lo que resta de 2009, se encargarán de "practicar pruebas, recibir conceptos y elaborar ponencias". Físicamente es imposible avanzar más. El presidente de la corporación, magistrado Nilson Pinilla despejo las dudas y especulaciones que algunos sectores políticos venían tejiendo y de esa forma fomenta confusión entre los colombianos. "Muy probablemente la aboquemos -el estudio de la ley- después del 12 de enero del próximo año, cuando regresemos de las vacaciones colectivas. Aunque evidentemente vamos a trabajar durante las vacaciones colectivas, no podemos reunirnos en Sala para debatir el asunto", aseguró. Obsérvese que no se trata de un hecho imperativo sino hipotético. Podría haber más demoras. El magistrado explicó que el Senado, la Cámara y el Consejo Nacional Electoral, entidades muy cercanas politicamente al presidente, no entregaron todos los documentos que había solicitado el magistrado, Humberto Sierra Porto, sustanciador del caso. Sin pruebas a favor y en contra, es imposible tomar una determinación.
La Corte, para poder pronunciarse en forma, debe analizar las denuncias en donde se asegura que el trámite del referendo está plagado de irregularidades. Las acusaciones comenzaron con la forma como se recogieron las firmas en 2008 para presentar la propuesta de convocatoria de la consulta al Congreso. Luego a medida que avanzaba el trámite, legal para unos e ilegal para otros, iban surgiendo las más de un centenar acusaciones que existen, incluidas acciones penales masivamente entabladas contra representantes a la Cámara. El sector oficial, incluido el presidente Uribe, se había mostrado confiados de que antes de finalizar el 2009 tendrían la ley lista para convocar el referendo, pero no resultó de esa forma. Si se allegan las pruebas que requiere la Corte este año, en febrero "podría" haber una definición jurídica, la que dicho sea de paso no se sabe hoy si será favor o en contra.
De acuerdo con el reglamento de la Corte, después de recibir las pruebas solicitadas, arrancan 10 días hábiles para que la ciudadanía en general y sectores interesados entreguen conceptos sobre el tema. Simultáneamente, corren 30 días hábiles para que la Procuraduría dé su concepto, sin el cual el ponente no puede elaborar su proyecto. Se solicitó como pruebas: A la Imprenta Nacional: que mande por escrito y por medio magnético un informe detallado "en el que conste la hora en la cual el Gobierno radicó el decreto" que convocó al Congreso a sesiones extraordinarias en diciembre. El Secretario General de la Cámara: 10 pruebas, entre recusaciones, certificaciones de los representantes que se declararon impedidos, actas de las sesiones y la certificación sobre la hora en la que terminó la del 16 de diciembre del 2008, en la que se aprobó la iniciativa. El Secretario General del Senado: certificaciones de los senadores que se declararon impedidos, los anuncios de las sesiones en las que se debatió la iniciativa y el quórum de esas plenarias. El Presidente del Consejo Nacional Electoral: copia del informe contable que recibió el Registrador de los promotores del referendo reeleccionista y de la designación de los conjueces encargados de decidir en la investigación por la financiación de la iniciativa. El Secretario de la Comisión Primera del Senado: soportes audiovisuales y cualquier otro registro de las sesiones.
En septiembre pasado, el Congreso aprobó la ley que convoca un referendo para modificar la Constitución y permitirle a Uribe un tercer mandato consecutivo. Esta aprobación se produjo medio de una verdadera avalancha de escándalos sobre el pago de sobornos por parte del actual presidente. La norma está en la etapa de revisión sobre constitucionalidad por la Corte Constitucional para la cual podría tardar hasta cinco meses. El trámite culminaría en febrero. Si el fallo es adverso, se acaba el cuento; si no, la fecha para votar el referendo deberá abrise paso con un apretado calendario electoral previsto para 2010, cuando hay elecciones para congreso y presidente de la república. Este último en mayo y junio y congreso en marzo. El referendo es otro procedimiento electoral del que no se sabría dónde lo van a ubicar. Los candidatos presidenciales deben inscribirse a más tardar el 12 de marzo. Para convocar la consulta y realizar su trámite se dispondría de menos de un mes. Con menos del 25% del potencial electoral en las urnas, quedaría invalidada la consulta. Cualquier otra demora en el trámite que cambie lo anunciado el presidente de la Corte Constitucional, hecho que podría suceder, lo haría inviable el referendo. ¡Un referendo en apuros! ¿Habrá soborno?
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22 Octubre 2009
Colombia como país sigue abajo, muy abajo, en sus políticas de defensa de los derechos humanos. Las metas del Milenio, no se cumplieron, pero el gobierno asegura que nunca antes ha habido tanta actividad para su aplicación y protección. Sobre esta afirmación hay mucha duda ante los hechos diarios narrados por los medios de comunicación en sus noticias habituales y los estudios técnicos de organismos especializados en la materia. En el país viola los derechos humanos por parte del gobierno, los paramilitares y la guerrilla, entre otros. Para el gobierno "respeto a los derecho humanos" tiene un radio de cubrimiento muy limitado y no se le da el verdadero valor incluyendo aspectos diferentes a la vida, tortutado o ser secuestrado. Para el gobierno el derecho pleno al trabajo, ambiente sano y a una vida digna en la ancianidad, por ejemplo, no los tienen en cuenta, por ejemplo. ¡Ay de aquel quien ose protestar o exigir su respeto a sus derechos humanos y constitucionales!
Por lo menos 224 organizaciones europeas de la sociedad civil anunciaron una campaña internacional, en donde tendrán como tarea ejercer presión ante el gobierno de Colombia, el de Álvaro Uribe Vélez, para que proteja el trabajo de los defensores de derechos humanos. "Pediremos acabar con la impunidad, la criminalización social y política por su labor, con los procesos judiciales infundados y con el acoso emprendido contra ellos por parte de los organismos de inteligencia del Estado. Nos hemos agrupado para defender en diferentes espacios políticos, gubernamentales, de opinión, tanto de Europa como de América. Su labor en Colombia, al trabajar independientemente, los pone en riesgo constante ante la indiferencia del Estado y la complacencia de sus instituciones. Solicitaremos a la Unión Europea que ponga los derechos humanos en primer lugar de la agenda de las relaciones diplomáticas, de cooperación y de comercio con Colombia. Que le reclame al gobierno de Colombia respalde y apoye públicamente la labor de los defensores de los derechos humanos y que aumente su presión hacia verdaderos cambios de política en Bogotá".
En Europa y los Estados Unidos siguen a la espera de que el gobierno, en cabeza de Álvaro Uribe, rinda cuentas los colombianos y al mundo sobre la actuación de sus servicios de inteligencia contra organizaciones intergubernamentales o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército contra civiles de manera sistemática. Nunca las extremas políticas son garantía de derechos humanos. Son salvajemente criminales las extremas derechas como las extremas izquierdas. La historia así lo señala una y mil veces y Colombia está amarrada peligrosamente por una sórdida e insensata ultra extrema derecha que le maneja con trucos, ambigüedades y mentiras. Una extrema derecha que tuerce los valores morales, éticos y jurídicos, y es así como el presidente apoya sistemáticamente a los sindicados de delitos, los absuelve antes que los jueces y condena al demandante al que maltrata por ejercer un derecho.
La Relatora Especial de la ONU Margaret Sekaggya pidió al Gobierno de Colombia, en una audiencia en el Congreso de EE.UU., cese de "estigmatizar" a los defensores de los derechos humanos e investigue las denuncias que ellos hacen. Pidió al Gobierno colombiano que preste atención a las amenazas y ataques que sufren los defensores de los derechos humanos. "El Gobierno debería investigar y enjuiciar a los que hacen esas amenazas... aún existe un gran nivel de impunidad". Kelly Nicholls, directora ejecutiva de la Oficina de EE.UU. sobre Colombia, una asociación no gubernamental, advirtió que, "Vemos que la situación de los defensores es verdaderamente grave. Es el papel del Gobierno protegerles, pero eso no ha ocurrido. El Gobierno ha hecho algunas cosas, pero no es eficiente. Es más la propaganda que sus efectos reales. La situación de impunidad es muy, muy... grave". La declamación generalizada al gobierno de Colombia, particularmente a su presidente Álvaro Uribe Vélez se sintetiza así: "Queremos que se cesen los factores de riesgo y eso empieza por creer e investigar las denuncias que hacemos los defensores de los derechos humanos contra particulares o funcionarios públicos, Que pare la costumbre maligna de los altos funcionarios del Estado de responsabilizan a las asociaciones de derechos humanos de realizar denuncias falsas, especialmente cuando atañen a los agentes del estado, como en los casos de ejecuciones extrajudiciales".
Hoy en lo internacional se agita la bandera de la campaña, "Colombia: defensores de derechos humanos bajo amenaza" impulsada por asociaciones como la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Da pena, pero la verdad es que el respeto a los derechos humanos y sus nuevos "José Antonio Nariño" en el país no son un ejemplo, ni siquiera de una situación normal como en cualquier país Europeo. Esperar que esto mejore con Uribe en la presidencia, es esperar que una mata de yuca vaya a producir manzanas. ¡Nunca se conseguirá! Una posible solución son las próximas elecciones de congreso y presidente.
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21 Octubre 2009
A fin de dar paso en la culturizaciòn de nuestro pueblo colombiano sedo mi sitio en esta ocasiòn.
EL URIBISMO : UNA MINORÍA DEL 28%
Diana Duque Gómez
Una de las más grandes falacias de la historia colombiana, prohijada por las firmas encuestadoras y los medios de comunicación y gestada como la táctica principal del marketing político de la presidencia de la república uribista, ha sido la de hacerle creer a los colombianos y a la comunidad internacional que el presidente Álvaro Uribe contó en las últimas elecciones (28 de mayo de 2006) con el apoyo del 62% de la nación y que conserva el favor de más del 70% de la opinión después de casi cinco años de gobierno.
La falacia diseñada cuidadosa y embozadamente con el soporte de estadísticas mutiladas de la informática uribista, con celo ha minimizado el hecho de que en las dos últimas elecciones presidenciales la abstención fue de más del 50%. De manera sutil y rápida los medios oficialistas, por una vez, el día siguiente de cada elección, han hecho una rápida alusión al fenómeno abstencionista. Por ejemplo, El Tiempo del día siguiente de la reelección de Uribe, señaló: "A pesar de un leve aumento de la abstención en comparación con la de 2002 (54,89 vs 53,53%) es significativo que se haya mantenido, teniendo en cuenta que hay puente festivo". Y pare de contar. El resto de la información electoral de ese día se exaltó con titulares ampulosos como "Reelección histórica" o con destacados de primera plana como "Por primera vez, un presidente en ejercicio es reelegido, supera los 7 millones de votos y logra una votación récord de 62%"(1). Así comienza a desdibujarse que la abstención el día de la reelección fue de aproximadamente el 55% y que según el censo electoral de la Registraduría el número de ciudadanos mayores de edad inscritos para votar era de 26'700.000 (2) y que por tanto la votación "récord" jamás podría llegar al 62% de los inscritos. Lo que Uribe obtuvo fue el 62% del 45% que votó. Entonces, realmente ¿cuál fue el porcentaje de los 7'400.000 votos que finalmente obtuvo el presidente Uribe en relación con el total de inscritos? Pues ese porcentaje, aproximado por lo alto no es de más del 28%.
Tenemos así un presidente elegido por una minoría del 28%. El resto, esto es, el 72% de los ciudadanos inscritos, por las razones que sean -entre ellas una abstención del 55%-, no están con el presidente Uribe ni lo apoyaron. Es decir, que todo el montaje apoteósico que se ha hecho para presentar a Uribe como un presidente que tiene un abrumador respaldo de los colombianos no es más que una gran falacia orquestada por sus cómplices los medios de comunicación y las firmas encuestadoras. Con respecto a estas últimas es obvio que si el 72% de los colombianos inscritos para votar no votó por Uribe no es posible que cada vez que hacen una encuesta de opinión Uribe saque más del 70% a su favor.
Como estas cifras no mienten, es evidente que el montaje publicitario del uribismo ha sido un engaño atroz contra la nación y la comunidad internacional. Un tinglado de canallas al servicio de una sinarquía mafiosa insaciable, dueña del poder económico, de los negocios, de la "democracia electoralista" y del Estado. Sinarquía que busca conservar e incrementar sus riquezas, incluidas las derivadas del narcotráfico, a través del mejor testaferro que ha tenido en muchos años: el presidente Uribe. El propósito de esta estratagema publicitaria que incluyó la promoción y el logro de la desmovilización de gran parte de los grupos libertarios de legítima defensa que estaban derrotando a la esclavista subversión estaliniana y ante los cuales la sinarquía estaba perdiendo su poder, ha sido el de intentar recuperarle el monopolio económico, político y de la fuerza a esa sinarquía voraz en nombre del Estado, el Estado mafioso y expoliador que ella encarna.
Todo esto al precio liberticida y genocida de dejarle el camino libre de verdaderos enemigos a la subversión estalinista en armas y en la legalidad, la llamada "izquierda", la cual de no surgir un nuevo y poderoso frente libertario se tomará el poder a más tardar en el año 2010, gracias a los buenos oficios del presidente Uribe y su tinglado de canallas.
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Publicado en www.opinionpress.com , www.unicauca.edu.co y www.ciudadblanca.com .
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21 Octubre 2009
La Fiscalía General de la Nación, tomó la determinación de reabrir una investigación penal contra el Vicepresidente Francisco Santos, la que estaba archivada. Los funcionarios investigadores consideran que para cerrarla no se hizo un estudio serio de las pruebas recolectadas por lo que fue preciso revocar la decisión. Las autoridades judiciales se basan en declaraciones de varios ex jefes paramilitares. En los señalamientos se afirmó que en mayo de 2007, Francisco Santos, habría sostenido encuentros con varios cabecillas de las autodefensas para coordinar la creación de un bloque urbano en Bogotá. De la misma manera, el fiscal ordenó abrir nuevamente una investigación preliminar, para establecer los presuntos vínculos de Santos con integrantes de grupos al margen de la ley. El fiscal general (e), Guillermo Mendoza Diago, consideró que "el Vice fiscal revisó la investigación y tomó la decisión de continuarla. Lo que debe hacer la primera instancia es practicar las pruebas", que había ordenado y que se quedaron en el aire con el cierre. La afirmación trae implícitamente apoyo real a su subalterno.
Una vez supo la determinación, el Vicepresidente Francisco Santos, montó en ira y salió como ya es costumbre dentro de los funcionarios del gobierno, a auto defenderse, por los medios de comunicación y dentro de esos discursos y declaraciones, tratar de poner en duda al investigador y la justicia. Dijo que "Que un funcionario judicial le crea más a un delincuente que a una trayectoria es parte de lo que yo como vicepresidente y como ciudadano tengo que acatar y respetar, no compartir. Pero estoy seguro, y hoy los miro con la frente en alto, que mi vida no tiene tacha... y lo seguirá estando hasta el último día del Gobierno y el último día de mi vida... Me duele y sorprende que quienes conocen mi trayectoria y principios puedan creer que pude estar detrás de la conformación de un bloque paramilitar en cualquier parte del país, afirmó en un acto público en la Gobernación de Santander el Vicepresidente.(Él mismo se auto declaró en esas condiciones).
Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera son quienes acusan al vicepresidente, desde su condición de delincuentes avezados y gran trayectoria criminal. Quienes saben de esto de investigaciones aseguran que son ellos y sus compinches quienes en un determinado momento saben la verdad. Los crímenes son de pleno conocimiento de los criminales. Por eso en determinado momento son los mejores y más calificados testigos. Una investigación penal no se puede parar porque el incriminado diga que él es muy buena persona o que lo están fastidiando. Las afirmaciones suyas, del vicepresidente, como las de los criminales tienen que ir a la misma balanza. "No sería posible creer en la madre superiora de un convento de clausura como testigo, si lo que se está investigando es un delito. Ella puede que sepa de la vida del acusado, como la de una persona sana, pero.... Normalmente para cometer un delito no se acude a los medios de comunicación para promulgarlo, se hace de la forma más secreta posible...", dijo un abogado penalista de Bucaramanga. El presidente Uribe respaldó, como es su costumbre, a quienes son investigados y lo declaró inocente, dejando de paso dudas sobre la corrección de la justicia.
El procurador delegado para asuntos penales, Gabriel Jaimes, fue asignado para que estudie el caso de Francisco Santos. "Estamos observando esta determinación que es muy reciente, evaluamos el caso para actuar en el sentido que nos imponga la justicia..." En la última determinación de la Fiscalía se ordena escuchar los testimonios de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, para recolectar más pruebas sobre el caso. La Comisión Colombiana de Juristas fue la ONG que solicitó, haciendo uso de normas legales vigentes, a la Fiscalía, retomar las investigaciones en contra de Santos por considerar que las diligencias dentro del proceso están incompletas. "Las relaciones que tuvo de manera intensa el señor Francisco Santos con los grupos paramilitares por más de dos años y por eso pedimos que se vaya al fondo de eso...".
En octubre de 2008, un Fiscal delegado ante la Corte cerró la investigación al Vicepresidente. Aseguró que los contactos que tuvo Santos en los 90 con las AUC "fueron producto de su trabajo como periodista". Hoy al echar para atrás la fiscalía, encontró que "Ninguna conducta de ese tipo puede atribuírsele a Santos Calderón". El vicepresidente aseguró que "nunca he sido defensor ni amigo de narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o corruptos. Mi compromiso ha sido con la verdad, las instituciones, la paz y la reconciliación", hay que escucharlo como se ha escuchado a los criminales. ¡Que verdad saldrá a la luz pública, no cabe la menor duda que saldrá en todo su esplendor! ¡Que los criminales son quienes saben todo sobre los crímenes y delincuentes que los consumaron, es la primera verdad! El resto hay que esperarla pacientemente!
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