Tinterillada que suena estridentemente
El gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, designó alcaldes encargados para los municipios de Moñitos y Los Córdobas. Para Los Córdobas Carlos Angulo Martínez, quien ejerce como secretario de la Juventud del departamento. Para Moñitos a Luis Alejandro Castillo, asesor del despacho de la Gobernación. Con la determinación administrativa se espera pone
rle fin a exabrupto jurídico surgido de hechos oscuros y contradictorios que dieron cuenta sobre la posición de los mandatarios electos en un acto que habría tenido ocurrencia la Cárcel La Picota en donde están privados de su libertad por orden de la Fiscalía. Se les investiga por vínculos con los paramilitares. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseveró en un comunicado que en La Picota no hubo posesión de detenidos como alcaldes. "...a La Picota no ingresó nunca ningún funcionario público a practicar algún tipo de diligencia notarial en relación con los internos José Félix Martínez Bravo y Bonifacio Contreras". El mismo funcionario nacional aseguró que "...tampoco hay registro notarial de posesión alguna..." A pesar del boletín del ministerio de Justicia, "el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, dijo que sí se produjeron dichas posesiones el pasado primero de enero". Medios de comunicación del orden nacional aseguran que, "...Eduardo González Montoya, el Notario 17 de Bogotá habría sido quien le dio posesión de los alcaldes electos presos..." En auditoría especial, realizada el 3 de enero del 2012 en las instalaciones de la Notaría 17 en Bogotá, "...la Superintendencia de Notariado y Registro, comprobó que no se han realizado posesiones de alcaldes por parte de la Notaria Encargada o por parte del titular en ese despacho, o fuera de él..." Los electos mandatarios privados de la libertad, "reclamaron la validez de los actos de posesión que hicieron en sus sitios de reclusión ante un notario público y que tuvo como testigos a compañeros de presidio en la Cárcel La Picota de Bogotá".
El gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, declaro que, "... estos actos carecen de validez... que la Fiscalía Antiterrorismo le informó el estado de los procesos de los mandatarios, por lo que procedió con el nombramiento de alcaldes encargados en estas dos poblaciones cordobesas". El Interior Germán Vargas Lleras, fue imperativo al señalar que "... los alcaldes están presos y son investigados por presuntos nexos con grupos paramilitares, ni siquiera debieron ser inscritos para aspirar a este cargo público. Los alcaldes encargados por nombramiento de la gobernación del Departamento de Córdoba estarán hasta que la Fiscalía resuelva la situación de quienes están detenidos." Como consecuencia, precisó el Ministro del Interior, "...para que haya plena claridad sobre lo ocurrido la justicia deberá abrir una investigación contra la Notaria que hizo la posesión y las directivas del Inpec..." Gilberto Rondón, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien afirmó que el organismo del que hace parte nada tiene que ver con esa situación, advirtió que según la normatividad colombiana, "La posesión de dos alcaldes a través de notario y desde la cárcel La Picota de Bogotá es inválida y el gobierno y la justicia deben investigar el hecho... si hay una medida de aseguramiento se pierde el derecho fundamental a la libertad y por lo tanto no pueden ejercer libremente el cargo... si la Fiscalía los envió a la cárcel fue por considerar que los señores son un peligro para la sociedad y por lo tanto están inhábiles, están imposibilitados para ejercer una función política y social,,,la posesión es nula y así debe declararse... los internos en la cárcel no pueden portar documentos de identidad, que deben reposar en la dirección del penal, y por lo tanto no pueden acreditar ni su identidad ni sus antecedentes." La Fiscal Viviane Morales, fustigó enérgicamente la supuesta posesión de los alcaldes de Moñitos y Los Córdobas en la Cárcel La Picota, donde se encuentran detenidos desde octubre de 2010, dos semanas antes de las elecciones regionales, por su presunta participación en llamado ‘Pacto de Mariscos' acuerdo firmado en el año 2002 con el ex cabecilla paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán'. Lo claro de todo esto, "...que una persona desde la cárcel no puede ejercer un cargo de alcalde y por lo tanto es una burla al sistema que se diga que se posesionan cuando tienen una medida de aseguramiento y por lo tanto no podrían ejercer válidamente el cargo",
En contra de los criterios jurídicos expresados, algunos entendidos opinan que, "... ambos mandatarios, en virtud a la presunción de inocencia, tienen derecho a ejercer su cargo de elección popular hasta tanto no sean condenados..." Otros creen que, "...los alcaldes deben ser suspendidos hasta que se resuelva su situación jurídica". Sorprendió a los colombianos, sobre manera la declaración a Caracol Radio del director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, quien dijo que, "...los mandatarios podrán gobernar por comunicación telefónica, haciendo sus actos administrativos". Este funcionario se colocó en contra de los Ministros de Justicia y del Interior, este último cree que las supuestas posesiones, "es un hecho inadmisible y no siquiera debieran haberle aceptado la inscripción para aspirar a cargo público...". Ante las contradicciones surgidas es correcto que la justicia abra una investigación contra la Notaria que hizo la posesión y las directivas del Inpec que además de tolerarla la acción la han considerando como correcta y que les permite ejercer sus funciones de alcalde desde la cárcel. "...Lo claro es que una persona desde la cárcel no puede ejercer como alcalde...", ni como funcionario de ninguna naturaleza, nivel o condición y, así permanecerán hasta que les sea resuelta su situación jurídica. Lo de los alcaldes de Moñitos y Los Córdobas fue tinterillado, algo que el dúo de presos creyó una viveza pero no les resultó. El festival de los encargos se acabó y parece que podría terminar la era del General Gustavo Ricaurte, en el Instituto Penitenciario. Indudablemente la cosa no se quedará así, con el notario si es verdad que estuvo en La Picota y el director del Inpec, la intentona se hinchará y finalmente se reventará y saldrá todo lo que había. ¡Tinterillada que suena estridentemente!
Nota.- Lo único que queda haciendo falta en esta película es que, Alvaro Uribe Vélez, los declare víctimas políticas y les apoye en sus desafueros dada cuenta que están acusados de vinculos con los paramilitares. Que de paso agreda a los fiscales y justicia en general no sería cosa rara.
