¡Ah, que falta les está haciendo Uribe..!

 En los últimos días sentencian al primer empresario usurpador de tierras dentro del proceso de violencia generado por los paramilitares en el país.  El gerente de la firma Palmar SA, recibió una condena de cinco años de prisión. Se trata del abogado Iván Patiño quien reconoció la consumación del delito. "Las tierras pasaron a ser propiedad de Palmas S.A., empresa que obtuvo posteriormente ayudas millonarias del Estado para el cultivo de palma". Era presidente Álvaro Uribe, ese que tanta falta les está haciendo algunos deshonestos y criminales. En el expediente judicial aparece: "Nosotros no queríamos vender. Eran tierras que costaban un millón por hectárea, pero por amenazas tocó venderlas a 200.000 pesos (unos 81 dólares). Nos decían que si no vendía el hombre, vendía la viuda", relató una de las víctimas de la extorsión. El documento sumario judicial consigna que otras 20 personas de otras siete empresas que también deben responder ante la justicia.  El despojo de tierras  afectó a campesinos, indígenas y afrodescendientes. El Gobierno colombiano ha reconocido que unos siete millones de hectáreas de tierras han sido usurpadas por los grandes empresarios del país. El 10 de junio el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, rubricó la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que dará pautas para reparar a más de 4 millones de víctimas y devolverles más de 2 millones de hectáreas a colombianos víctimas los grupos armados, sectores económicos y funcionarios ilegales quienes en un gran complot  les usurparon sus pequeños propietarios las fuentes de ingresos familiares. Es a esa gente a la que según una valla que instalaron en Bogotá, le está haciendo mucha falta para que no los castiguen. La investigación de la Fiscalía aclaró que: "En 1997, las Autodefensas, en connivencia con miembros de la brigada XVII del Ejército, incursionaron de manera violenta (...). Una vez ideado el proyecto (palmicultor) y establecido el sitio donde se desarrollaría, su creador, Vicente Castaño, se dio a la tarea de contactar a empresarios antioqueños y costeños, encargados de realizar parte de la inversión económica para su ejecución y darle visos de legalidad". Es afirmación la histórica sentencia difundida por los medios colombianos.  Las políticas subterráneas del gobierno anterior, de apoyar económicamente las macro empresa donde los paramilitares tuvieran algún grado de precedencia, se desplomaron con la presencia de Juan Manuel Santos en la casa de Nariño.

 La sentencia contra Iván Patiño, emanada por Juzgado Especializado en Quibdó, Chocó, es la primera de una gran sucesión previstas para el futuro inmediato. La condena, inicialmente era de 11 años, se rebajó a cinco porque Patiño aceptó los cargos. Aparecen como los fundamentales, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y daño ambiental, acciones que afectaron a campesinos, indígenas y afrodescendientes.  La Fiscalía puntualizó la forma en que se legalizó uno de los miles de despojos. Actuaron paramilitares, empresarios y funcionarios del gobierno. "En la notaría de Carepa, departamento de Antioquia, en el 2002, dos muertos fueron resucitados para dar paso a megaproyectos palmicultores apoyados por paramilitares para la región del Urabá. El proceso fraudulento se perfeccionó en otra de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, con el objetivo de recibir millonarias ayudas del Estado a través del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro, estatal)." En una oscura maniobra realizada en una notaria del caserío de Carepa, campesinos muertos, firmaron la cesión de sus derechos sobre un predio de 33 hectáreas, que luego apareció como si fuera de 4.241 hectáreas.  En la misma notaria, se registró la venta de una finca de 18 hectáreas, que milagrosamente pasó a ser de 6.000 hectáreas". Luis Alberto Flórez, quien actuó en representación de la Asociación de Pequeños Productores de Palma, colaboró con el robo, también se acogió a sentencia anticipada y pagará cuatro años de cárcel. "Es el emblemático caso de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, que tiene al país bajo observación de varias instancias internacionales", señala la nota periodística de la región. ¡Ah...que falta les debe estar haciendo Uribe en la presidencia de la república a los empresarios, paramilitares y funcionarios sentenciados y por sentenciar..!

 El ministro de Agricultura colombiano, Juan Camilo Restrepo, ordenó al Fondo de Ganaderos del departamento de Córdoba detener todo tipo de operación en unos 100 predios que posiblemente fueron adquiridos de forma ilegal.  Anunció enfáticamente que el Ministerio de Agricultura suspenderá cualquier apoyo oficial a proyectos productivos en esa zona si se comprueba que están implicados en negocios ilegales con tierras de desplazados de Urabá. El representante colombiano, Iván Cepeda, aseguró tener pruebas  para sustentar nuevas acusaciones contra el ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, y el ex ministro de Agricultura, Andrés Fernández, "por estar involucrados en la compra masiva de tierras protegidas, que pertenecían a campesinos en Montes de María, zona ubicada al norte del país... el ex Mandatario había instado a funcionarios públicos a romper la ley" a través de "la compra fraudulenta (de tierras) a los campesinos que habían sido severamente golpeados por la violencia paramilitar".

La palma africana sembrada en Urabá por tratarse de una especie extraña plantada en una zona protegida causa un gran daño a la ecología. ¡Cuanta falta les está haciendo Uribe en el gobierno...! El mandato de Álvaro Uribe toleró lo sucedido  y nunca se pronunció. Se ubicó más para el lado de los victimarios que de las víctimas para quien era gentuza despreciable, terroristas y amigos de la guerrilla. De las acciones altamente prodigiosas y criminales acontecidas conoció la investigación: "Sixto Pérez llevaba tres años enterrado, bien muerto,  cuando supuestamente firmó en la notaría de Carepa la cesión de sus derechos sobre la finca La Nevera, que en la misma operación multiplicó milagrosamente su extensión de 33 a 4.241 hectáreas. El otro es Lino Alfonso Díaz Almario, quien apareció en la misma notaría en marzo del 2000, cinco años después de haber muerto, para vender su finca Santa Teresita, que pasó de tener 18 hectáreas a casi 6.000". El caso sentenciado se ha convertido en emblemático de cuanto estaba sucediendo porque produjo el desplazamiento forzoso de más de 4.000 personas en Chocó, incluidas las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó.  Esa sucesión de crímenes de lesa humanidad ha provocado la intervención de instancias internacionales. "Algunos de los que huyeron se atrevieron a volver a sus territorios ancestrales cuatro años después, pero se encontraron con las primeras siembras de palma y con títulos de propiedad que decían que ya no eran dueños de nada. Los paramilitares volvieron a echarlos y en las comunidades se habla de más de 100 muertos y desaparecidos... Una religiosa que estuvo en la zona cuenta que vio pasar camionetas que llevaban muertos -como si fueran bultos- Preguntó qué llevaban ahí y le contestaron que cadáveres, porque aquí matan mucha gente del lado del sembrado de la palma...Del terror se encargaron los temidos 'mochacabezas', 'paras' que pasaron por varios pueblos decapitando a sus víctimas. "Le cortaron la cabeza a una señora y la pusieron en la entrada de una finca". Lo que ocurrido en Chocó, según las investigaciones desarrolladas en los últimos 12 meses, se repitió por lo menos en otros seis municipios de Urabá. Según la Superintendencia de Notariado, revisa cómo 42.000 hectáreas cambiaron de manos en los últimos años. En muchos de esos negocios aparece como comprador el Fondo de Ganaderos de Córdoba y la vendedora es Sor Teresa Gómez, la hermana política de los Hermanos Castaño. Razón tienen los de la valla en Bogotá: Ah...como les esta haciendo falta Uribe en el gobierno...Si el fuera presidente no habría investigaciones y todo seria desarrollo...!

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