Pobre Colombia, Patria mía…
Casi la mitad de los 165 miembros de la Cámara de Representantes de Colombia se declararon impedidos para intervenir en la gestión de un proyecto anticorrupción presentado por el Gobierno. Por esta actitud bloquearon su tránsito. Los motivos fueron diversos. 73 representantes arguyeron que, “no podían discutir ni votar la propuesta de normativa contra la corrupción porque tendrían impedimentos legales”. Parece que no están dispuestos a dejar se realidad las reformas que frenaría los actos dolosos a los que están acostumbrados desde hace muchos años, particularmente en los últimos ocho. Da vergüenza que esto ocurra. La verdad es que esa gente, si así se les puede llamar, debiera declararse impedida de seguir en el cargo, renunciar e irse a donde nadie vuelta a saber de ellos. Es triste que la mitad de nuestros representantes tengan comprometida su honorabilidad y que sean objeto de investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, fiscalía y procuraduría. Tienen razón quienes afirman que el congreso es una verdadera cueva de Rolando. Obvio que hay fuera de todos esos roñosos, personas honestas, quienes son las que sostienen la posibilidad de cerrarle el paso al delito desde el ángulo de los políticos. “Los parlamentarios asumieron dicha postura porque afrontan procesos disciplinarios, fiscales o penales, tienen nexos con contratistas del Estado o familiares cercanos aspirarán a cargos públicos en los comicios regionales y locales de octubre próximo”. En otras palabras, no se les escapa nada, son unas fieras para asaltar los presupuestos oficiales y coger a cuatro manos lo que vean. “Además de declararse impedidos, algunos de ellos se retiraron del recinto de sesiones para romper el quórum que permitiera abordar el estudio y discusión de la iniciativa, según los denunciaron varios sectores parlamentarios, entre ellos el Partido Verde (PV)”. Son más dignos y honestos los raponeros y marihuaneros de la calle que los señores representantes a la Cámara declarados impedidos. Están amañados con la corrupción y buscar la forma de atajar las normas que le darán otra cara al país.
Muchos de quienes se declararon impedidos pertenecen al Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U, en el poder durante todo el gobierno de Álvaro Uribe y ahora el de Juan Manuel Santos. Son los más, según ellos mismos, investigados por actos de corrupción. Tienen las manos sucias, en lo que son campeones. Ellos alegan ser los más importantes de la llamada Unidad Nacional. Le sigue el Partido Conservador en condiciones idénticas, el Liberal, Cambio Radical y otras fuerzas pequeñas que han llegado al congreso con la mentalidad de hacerse ricos de un momento para otro y sin esfuerzo, solo con trampas. “La masiva declaración de impedimentos se presentó en un fracasado pleno de la Cámara de Representantes que había sido convocado el martes 12 de abril para que asumiera el estudio del proyecto de estatuto anticorrupción, ya gestionado de manera favorable por el Senado”. Esta iniciativa fue presentada de manera personal el 6 de septiembre de 2010 por el gobernante Santos y el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras. Con la propuesta el ejecutivo procura, "dotar al Estado de herramientas eficaces para luchar decididamente contra el flagelo de la corrupción… inhabilita para contratar con el Estado a personas naturales que hayan sido declaradas responsables de delitos de peculado, concusión, cohecho prevaricación en todas su modalidades y de soborno trasnacional, así como a quienes cometan delitos contra la administración pública. Amplía el tiempo de prescripción de la acción penal en delitos asociados a la corrupción y establece obligaciones educativas sobre cultura de la legalidad. Crea nuevas figuras penales como el de la corrupción privada, la administración desleal, el tráfico de influencias y la evasión fiscal y echa mano de mecanismos para agilizar y hacer más expeditos los juicios de responsabilidad fiscal…” La propuesta ex buena, sirve en el presente y en el futuro, pero ahí están los sucios para impedir que avance y que en las estadísticas Colombia deje de ser uno de los países más corruptos de América y el mundo.
El presidente Juan Manuel Santos consideró que la reforma es buena desde cualquier punto de vista. “Se trata de un régimen penal que castiga con mayor severidad las conductas corruptas de los funcionarios estatales. Contempla, entre otros, más inhabilidades y acabar con el beneficio de casa por cárcel para quienes sean sorprendidos defraudando a la Nación. ¡No más corruptos sancionados y tranquilamente en sus casas! No más beneficios como la suspensión de la pena, no más libertad condicional o prisión domiciliaria. Con esta ley se busca que los ladrones de cuello blanco paguen sus fechorías en la cárcel, como debe ser", expresó Juan Manuel Santos al presentar dicha política. “La Ley Anticorrupción contempla el rediseño e implementación de directrices, mecanismos y herramientas preventivas para el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, el control social, la rendición de cuentas, el acceso a la información y -algo muy importante- la promoción de una cultura de legalidad, probidad y transparencia". "se hacen cambios sustanciales a las normas sobre procesos disciplinarios y fiscales para que sean más efectivos. Se adopta la figura de las Personas Políticamente Expuestas para que el sector financiero realice un seguimiento más detallado a las cuentas de los servidores públicos y se convierta en un aliado en la lucha contra la corrupción". Se regula la actividad de lobby o cabildeo frente al Legislativo y el Ejecutivo, para darle mayor transparencia a sus decisiones, así como se redefine el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, etc”. El presidente de la Cámara de Representantes, quien es de los pocos que no tienen sindicaciones penales o administrativas buscará promover en un nuevo pleno y la discusión del proyecto. El Senado ya le dio el visto bueno. “La plenaria deberá analizar las declaraciones de impedimento, las que el presidente de la Cámara se propone rechazar”. ¿Por qué esos representantes buscan mantener la deshonestidad y no se les da nada? ¿Es su posición acorde con la honestidad o es solo ética personal? Pobre Colombia, Patria mía...
