Premio al crimen en el Tolemaida Resort
Los partidos políticos con asiento en el Congreso exigieron el inmediato regreso a Colombia del embajador en República Dominicana, general en retiro, Mario Montoya, para que responda por el escándalo que se desató por lo beneficios a los militares presos por delitos hasta de lesa humanidad y narcotráfico. El ministro de la defensa, Rodrigo Rivera, anunció la creación de una comisión de verificación y de seguimiento a las condiciones de reclusión de los uniformados internos en la base militar de Tolemaida (Tolima). Las cárceles castrenses para ex militares, ofrecen a los reclusos tantas o más beneficios que si estuvieran en ejercicio profesional. Se trata de lugares, muy similares a clubes sociales de alto nivel, donde se premia al militar delincuente con una placida estadía. “Con esto se estimula el crimen”. Es entendido que el encarcelamiento de una persona, es un castigo que la sociedad le impone, pero aquí, se actúa en el sentido contrario. La comisión estará conformada por el inspector general de las F.F.M.M, el inspector del Ejército, un funcionario civil designado por el ministro de la Defensa y el director del Inpec. “La Comisión tendrá como función principal verificar y hacer seguimiento a los hallazgos que han sido de conocimiento de la opinión pública desde el mes de enero del 2011… el gobierno no acepta, no tolera y no promueve un sistema de privilegios para aquellas personas que siendo integrantes de nuestra Fuerza Pública cometieron delitos o están siendo investigados por presuntos delitos". Algunos medios de comunicación han calificado estos hechos como una afrenta a la sociedad colombiana. “Es como decirles: Militar: Asesine, viole, masacre sin temor que aquí lo espera un mundo de privilegios gratis que le van a servir hasta pensionarse. Venga al Tolemaida Resort”.
En Tolemaida actualmente hay 333 internos: 15 sindicados y 33 condenados, 108 tienen sentencia condenatoria en firme, 97 han sido retirados del Ejército y 11 se encuentran en proceso de retiro. De los demás condenados, 120 se encuentran en proceso de apelación y 95 en casación. De estos últimos, 10 son pensionados por sanidad, 8 tienen asignación de retiro, 33 están suspendidos (reciben medio salario) y 164 reciben salario completo. ¿Les pagan por estar presos después de delitos cometidos por ellos? En su más reciente edición, la Revista Semana publicó un artículo en el que se denuncia que, “los militares condenados por violación a los derechos humanos, y que se encuentran recluidos en el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida, aún continúan gozando de privilegios… muchos de los 269 oficiales, suboficiales y soldados que están pagando sus condenas en esa cárcel por delitos como homicidios, masacres, torturas y secuestros, tienen negocios dentro y fuera de la prisión y no viven en celdas, sino en cabañas… militares que están condenados, aún figuran como militares activos, de manera que siguen recibiendo sueldos y aportando a pensiones… Ciento setenta y nueve (militares condenados) siguen como miembros activos en las filas del Ejército, a pesar de que en muchos casos llevan varios años presos y la mayoría tiene condenas que van hasta los 40 años de cárcel. Siguen recibiendo en prisión parte del salario que normalmente devengaban y beneficios como seguir cotizando para pensión. Algunos se han pensionado... han ascendido de rango estando en la cárcel... tienen negocios dentro del centro de reclusión, viven en cabañas y tienen la posibilidad de que sus familiares puedan permanecer de visita por varios días continuos…” Si esto no es un abuso de talla mayor, el abuso no existe. Lamentablemente es habitual en los militares colombianos enredarlo todo con disfraces.
El escándalo, uno de los muchos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, surgió a la luz pública el 17 de enero del 2011, cuando se conocieron los privilegios de los que gozaban los mayores retirados Juan Carlos Rodríguez, alias ‘Zeus’, condenado por ser el jefe de seguridad del narcotraficante y paramilitar ‘Don Diego’ y César Maldonado, condenado por participar en el atentado del ex congresista Wilson Borja. La denuncia generó un revolcón al punto que una decena de militares presos fueron enviados a La Picota, se cambiaron los directores y otros funcionarios de las cárceles militares y supuestamente se anunció que suspenderían los privilegios. Desde Tolemaida, el comandante del ejército señaló que esa institución, según su criterio, "está cumpliendo la ley , no hay ningún tipo de beneficios y las medidas adoptadas desde cuando se conocieron las comodidades de que gozaban los mayores retirados Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus y César Maldonado, condenados a 12 y 25 años de prisión respectivamente, fueron suspendidos… En esa ocasión fueron retirados del servicio activo dos oficiales y un suboficial a cargo del centro de reclusión (hace un mes fue designado el general César Rodríguez) y se abrió una investigación penal en la Fiscalía y disciplinaria en la Procuraduría por los casos de los dos mayores. Igualmente, se creó la dirección de coordinación de los establecimientos de reclusión militar. En coordinación con el Inpec se revisó cada uno de los casos del personal detenido. 19 internos fueron trasladados a La Picota. Sus delitos entre otros fueron acoso sexual, tráfico de armas, municiones, explosivos y narcotráfico. Fueron sustituidos los directores y subdirectores de los 9 centros de reclusión que tiene el Ejército”. El militar reconoció que, “esto sí sucedió, pero aclaró que lo fue hasta el mes de diciembre pasado… Hubo irregularidades en el pasado". No habló de quienes establecieron los privilegios y dijo que era muy respetuoso de sus antecesores… Las publicaciones de presa explicaron que, “Los ex comandantes del Ejército Mario Montoya y Óscar González, fueron señalados de crear el mundo de comodidades a los presos de Tolemaida. Este tipo de privilegios y comodidades solo se habían registrado en la época del terrorista y narcotraficante, Pablo Escobar, cárcel de la Catedral, luego en todas las cárceles militares en el gobierno de Uribe.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, pidió agilizar el proceso disciplinario que se adelanta por las irregularidades el centro de reclusión militar de Tolemaida, cuya indagación preliminar comenzó el pasado 18 de enero pero continua muy lentamente. Rechazó que, “Los guardianes del penal sean suboficiales u oficiales del Ejército de menor rango al de los militares detenidos, que los obligan a cumplir órdenes y guardar disciplina. Recomendó entrenar un grupo de civiles para esa labor. Las FFMM deberían tomar el mismo camino de la Policía Nacional con la cárcel de Facatativá en Cundinamarca, en la que solamente son recluidos allí los integrantes de la institución que han cometido actos del servicio”. Desde el Congreso, los diferentes legisladores de diversos movimientos políticos exigieron la presencia en el país del embajador en República Dominicana, general (R) Mario Montoya, para que de las explicaciones concernientes al escándalo por irregularidades dentro de los reclusorios militares, denunciadas por la Revista Semana en su última edición. El senador por el partido Liberal, Luis Fernando Velasco, dijo que, “Montoya debería explicar por qué atendía tan bien a gente acusada de delitos tan graves”. El senador Luis Carlos Avellaneda, del Polo Democrático dijo que, “como llegaron los Nule a mostrarnos todo el tema de la corrupción a nivel nacional, que venga también el general (r) Montoya a mostrarnos qué pasó en el ‘Tolemaida Resort’ una de sus más grandes creaciones…” El senador Roy Barreras indicó que, “En este episodio donde estos delincuentes, que traicionaron la patria y le hicieron daño a las Fuerzas Militares manchando su investidura y que ahora se burlan de la justicia, aparecen en centros vacacionales paradisiacos… es necesario que alguien responda políticamente por lo que sucedió en Tolemaida”. El encarcelamiento de una persona, luego o durante un juicio, es un castigo social, no un premio al crimen y la delincuencia. Quien como presidente de la república toleró que esto sucediera también debe responder, bien sea por su participación o por omisión. Caiga quien caiga, el actual presidente de la república se mantendrá alejado de las investigaciones, es su deber político y moral. Los ex comandantes del Ejército, “Tienen que explicar muchas cosas".
El crimen si paga en Colombia. No se castiga, se premia...
