No habrá impunidad presidencial
"No existen más que dos reglas para escribir: tener algo que decir y decirlo." "El dinero y la política son como el estiércol: si se amontonan, huele." Oscar Wilde
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes recibió solicitud de la Fiscalía general de la Nación para investigar al ex presidente Álvaro Uribe. Buscan que los colombianos sepamos a ciencia cierta sobre la participación del ex mandatario en los seguimientos e interceptaciones ilegales o chuzadas, previas al año 2005. "En las últimas semanas surgieron nuevos testimonios que involucran al ex mandatario en el escándalo internacional que podría llegar a incubar crímenes de lesa humanidad". Una fiscal delegada ante la Corte Suprema, reclamó la necesidad jurídica para que, "la Comisión de Acusaciones del Cámara indague, si el ex presidente por acción u omisión, tuvo conocimiento de las acciones del grupo de Inteligencia G3 que habría perseguido de manera ilegal a representantes de ONGs, políticos de oposición y periodistas". Este hecho ha sido considerado el peor de todos los atentados contra la democracia colombiana en la historia nacional. Los amigos del ex presidente Álvaro Uribe, como él también insiste a cada momento, creen estar exonerado de una posible investigación/castigo, porque hizo algunas cosas bien en su administración. Curiosa teoría que afirma "lo bueno borra lo malo". Los no adeptos a Uribe creen que la única verdad es la de que, "en una empresa con mayor razón un país, la persona puede hacer millones de cosas bien, pero cuando se equivoca, así sea en en una, se va del puesto y termina en la cárcel". Se trata de dos opiniones en los medios de comunicación y las cafeterías de Colombia, que son distantes del criterio de los fiscales, jueces y magistrados que es por el que apela la Fiscalía al pedir investigar a Uribe. Mucha razón tuvo Oscar Wide cuando opinó que "El dinero y la política son como el estiércol: si se amontonan, huele" y en este casi que huele a leguas de distancia.
Álvaro Uribe Vélez tiene una investigación vigente en la Cámara de Representantes por las chuzadas que se hicieron después de 2005, épocas en que María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate, fueron directores del DAS por nombramiento del mismo presidente y cuando se habla de la reelección para siempre de este mandatario, pero ese es otro tema delincuencial diferente. Los ex directores ya rindieron interrogatorio y están pendientes de un llamado a imputación de cargos. Hurtado, con el apoyo del ex presidente Uribe se asiló en Panamá, país donde su presidente es amigo personal y de la misma línea política, (extrema derecha), del presidente colombiano. "Es la primera vez la Fiscalía pidió directamente investigar al ex presidente Álvaro Uribe por su presunta participación en las interceptaciones ilegales contra políticos, periodistas y magistrados, ejecutadas desde el DAS". Esta solicitud esta consignada en la resolución de acusación contra cinco ex funcionarios de la institución, quienes prestaron sus servicios al G3, grupo de inteligencia que se encargó de los seguimientos ilegales. "Los nuevos acusados son Gian Carlo Auque de Silvestri, ex director general de Inteligencia; Eduardo Aya Castro, ex funcionario de operaciones de la Dirección General de Inteligencia; Rodolfo Medina Alemán, ex subdirector de Contrainteligencia; Mario Orlando Ortiz Mena, ex integrante del grupo especial de inteligencia G3, e Ignacio Moreno Tamayo, exjefe de la Subdirección de Fuentes Humanas". De los acusados aún falta por capturar a Rodolfo Medina Alemán y Eduardo Aya Castro. Hay que recordar que cuando estalló el escándalo el entonces presidente dijo que, "se trataba de un comportamiento ilegal de algunos subalternos del Das para vender la información a las bandas criminales". El ministro del interior de entonces aseguraba que ya estaba probado que nadie de la Casa de Nariño estaría involucrado en las chuzadas. Era un desesperado afán por tapar la reprochable acción del Das y los habitantes de la casa presidencial. "Hubo ruedas de presa con un grupo de comunicadores que recibía favores de la presidencia de la república le sembrara en el alma y el cerebro de los colombianos esa idea que luego la Fiscalía ha venido despejando".
Como evidencias en que se funda la solicitud de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, están "las carpetas denominadas AZ, incautadas de un archivo de la subdirección de análisis del DAS. En una de ellas hay declaraciones que, de alguna manera, apuntan a que posiblemente Uribe tuvo algún tipo de participación. "Como en la carpeta AZ57 aparecen varias referencias al presidente y el Gobierno, algunas de ellas con la anotación ‘Presidente Uribe', se ordena remitir copias de la presente resolución y de la aludida AZ a la Comisión de Acusación, a efectos de la investigación pertinente". En la Fiscalía no son retrasados mentales ni cosa que se les parezca, así que han llegado a la conclusión de que, "El G3 fue un grupo creado de manera oficial para delinquir... El G3 no actuaba de manera aislada ni del DAS ni del Gobierno Nacional. Realizaba tareas que distaban de ser legales y que, más bien, se trató de darles apariencia de legalidad usando servidores, presupuesto, equipos y, en general, bienes y logística del DAS... El grupo objetivo eran los opositores del Gobierno Nacional y se realizaban toda clase de actos delictivos, con la finalidad de conocer sus movimientos y alertar al Gobierno Nacional, así como diseñar estrategias para debilitar e intimidar a quienes exhibían ideologías diferentes... Se daban instrucciones para elaborar informes de inteligencia, con destino al director del DAS, para que alertara al Gobierno Nacional, en especial al Ministerio de Defensa, para elaborar estrategias que minimizaran los efectos de las labores de las ONG". La Fiscalía encontró que con los seguimientos ilegales pudo existir un delito contra la administración pública, "usar recursos oficiales" en forma indebida. Por esta razón compulsó copias a la Unidad Nacional Anticorrupción y solicitó investigar "a quienes aparecen suscribiendo la documentación de gastos reservados entre los años 2004-2005, entre los que se resaltan Gian Carlo aunque de Silvestre, Enrique Alberto Ariza Rivas, María Rubby Perdomo Lasso, John Jairo Vargas Rojas, Alba Inés Rincón Gómez, Rodolfo Medina Alemán, entre otros servidores y subdirectores".
La célula legislativa investigadora del presidente la conforma mayoritariamente integrantes de partidos uribistas, de ahí la duda de su honorabilidad. Como debe analizar las pruebas que ha acopiado la Fiscalía y pronunciarse si Uribe Vélez tuvo parte o no en las chuzadas, bien por acción o por omisión. Terminen tirándolo todo a la basura. "Los políticos, particularmente los adeptos a Uribe son considerados en Colombia como sinónimo de corruptos". La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes acumularía el proceso que adelanta por oficio. El representante Alfredo Bocanegra exteriorizó que las piezas procesales enviadas por la fiscalía se sumarán al proceso que se adelanta contra del ex mandatario. Bocanegra ratificó que el proceso debe ser público y que algunos de los miembros de la Comisión no están de acuerdo con él. A través de Twitter, el ex presidente escribió: "Informan medios de denuncia de un fiscal contra mí, responderemos, se sirvió a Colombia con honor y con amor". Aquí reaparece la teoría de que porque hizo algunas cosas buenas en su gobierno, se le debe aplaudir que haya hecho otras contra la ley. La fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Rodríguez, aseveró que determinó compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que allí se estudie la posibilidad de una investigación al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, por el caso de las llamadas chuzadas., y que, "No puedo hacer ningún tipo de juicio sobre la responsabilidad o no del ex presidente Uribe". "Uribe ha negado en reiteradas ocasiones cualquier implicación en este escándalo, pese a que algunos de sus más cercanos colaboradores han sido vinculados al caso por justicia. Hace más de un año, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno por su papel en el espionaje". Las investigaciones siguen, eso es lo bueno de nuestra democracia.
