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8 Diciembre 2010

La clase política no tiene impunidad/inmunidad en Colombia

Juan Manuel Santos: en Colombia no hay impunidad en ningún sector, ni militar, ni civil. La clase política no goza de impunidad en Colombia”. El embajador de Colombia en Washington, hablando supuestamente a nombre del gobierno, le pidió al Departamento de Estado de los Estados Unidos la aplicación de los beneficios de “inmunidad de Jefe de Estado y la inmunidad diplomática para el ex presidente, Álvaro Uribe”. Se trata de la figura “inmunidad soberana” que es una doctrina que evita la persecución de los gobernantes por actos cometidos y lo exime de ir a declarar ante las Cortes de Estados Unidos. Uribe está llamado a declarar en un litigio contra la multinacional Drummond por apoyo a grupos paramilitares. El ex mandatario colombiano busca evadir los tribunales yankees pues teme podría resultar involucrado. Álvaro Uribe desatendió un primer llamado el 21 de noviembre cuando debía comparecer ante el tribunal federal del Distrito de Columbia. El 3 de noviembre en la Universidad de Georgetown, donde dicta clases, habìa sido notificado. El abogado de las víctimas de los paramilitares, Terry Colingsworth, aseguró que en su criterio, “esta inmunidad no será concedida porque esta figura solo se otorga a mandatarios en ejercicio”. El Gobierno colombiano solicita "inmunidad soberana" con el argumento de que tiene derecho “por haber sido cabeza del Estado”. La firma de abogados Conrad y Scher que fue la parte solicitante del testimonio del Ex presidente como pieza de ese proceso. Uribe no aceptó la citación por lo que el portador la arrojó a sus pies. En EE.UU. basta con hacer contacto físico para que la notificación sea válida. Carta pide que se 'aplaste' citación a Uribe. En la citación el ex presidente, “iba a ser preguntado sobre si conoció los hechos delictivos cometidos por los paramilitares, supuestamente apoyados por la multinacional, durante los primeros años de su Gobierno en el departamento del Cesar, donde la Drummond explota yacimientos de carbón”. El abogado Terry Colligsworth, que representa a familiares de esas víctimas, pedirá al tribunal que lleva el caso que fije una nueva fecha para citarlo otra vez y que dicte una "moción de fuerza" -motion to compell- para forzarlo a testificar. Si no lo hace, estaría violando la ley y podría ser sujeto de sanciones. El hombre se enfocó mal porque creyó que estaba estropeando la justicia colombiana.

“El caso se remonta a 2001, cuando los paramilitares, supuestamente apoyados por la multinacional minera, iniciaron una campaña de terror con los asesinatos de Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Amaya, que ejercían como presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de la Drummond. Desde ese año y hasta que los paramilitares se desmovilizaron en un proceso de paz manipulado por Uribe que concluyó en 2006, asesinaron a cerca de 70 personas en esa región. Un grupo de 500 familiares de esas víctimas, convencidos de que Drummond apoyó y financió a los paramilitares, interpuso en EE.UU. una demanda”. La mayoría de los crímenes cometidos por los paramilitares en el Cesar sigue hoy en la impunidad, entre ellos los de varios funcionarios de la Fiscalía que viajaron hasta la región para investigarlos. Lo poco esclarecido corresponde a las confesiones del ex paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", quien tras ser extraditado a Estados Unidos asumió su culpabilidad en el asesinato de los sindicalistas Locarno y Orcasita. "Jorge 40", quien ejecutó los asesinatos cuando lideraba el Bloque Norte de las AUC, aceptó su responsabilidad con el propósito de obtener beneficios legales. Otro ex paramilitar, Alcides Matos (alias "Samario"), afirmó que ejecutivos de la Drummond estaban al tanto de la intención de asesinar a los dirigentes obreros. “Los abogados en el caso Drummond quieren el testimonio de Uribe, pues sostienen que el ex presidente tenía lazos muy fuertes con grupos paramilitares que asesinaron a 117 personas para favorecer los intereses de esta carbonífera”. El abogado Terry Colligsworth, que representa a familiares de las víctimas, anotó que, “la solicitud de la embajada de Colombia debe ser estudiada por el Departamento de Estado de EE.UU. No creo que le sea otorgada la inmunidad, puesto que las leyes de Estados Unidos contemplan ese privilegio para los presidentes en ejercicio, pero no para ex mandatarios”. La cola que le quedó al expresidente Uribe lo seguirá como si se tratara de un cometa, sin darle tregua. Con el correr del tiempo se va a ver involucrado en gran cantidad de problemas judiciales de los que ya se sabe hay por lo menos tres el Europa y otro tanto en la Cominisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

El expresidente Uribe a cada momento, en sitio y lugar, se declara inocente como lo hace con quienes fueron sus subalternos. Sin mirar los contenidos de los expedientes judiciales arremete contra la justicia por absurdamente algo lo lleva a creen que la impunidad se hizo para ellos. Uno de los ultimos show tiene que ver con la CNE, Comisión Nacional de Estupefacientes en donde las fuentes judiciales advierten que estarían involucrados además decenas de los funcionarios de ese organismo, 13 congresitas de la corriente uribista, de despiulfarrar o adpoderse de más de 76 mil millones de pesos. Uribe respaldo al director de este organismo por su gestión. El representante a la cámara encargado de adelantar las investigaciones contra Uribe por el caso de las “chuzadas” fue recusado por tratarse de una persona muy amiga en lo personal y polìtico de Uribe, realidad lo que lo obliugaba a declarse impedido de asumir como investigador de su amigo Uribe. El expresidente con las actuaciones del embajador en los Estados Unidos, su último ministro de defensa, está haciendo que el presidente Juan Manuel Santos falte a su palabra: “en Colombia no hay impunidad en ningún sector, ni militar, ni civil. La clase política no goza de impunidad en Colombia. Mi compromiso como presidente es que no se produzca ninguna desviación de las normas legales”. Interesante la afirmación ex presidente Erenesto Samper Pizano: “...se requiere de una persona que le haga la caridad a Uribe y le informe que él ya no es presidente. que dejò de serlo desde el 7 de agoto...”

 

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Mi nombre es, Valentina Díaz Gómez, periodista, media generación y vivo en la ciudad de Bucaramanga. Detesto la violencia provenga de donde provenga, de las señoras ultra derechistas y multibillonarias de Bogotá o los podioseros de Cartagena abandonada y miserable y no la admito como herramienta de la lucha política ni a guerrilleros, paramilitares, parapoliticos o gobierno. Firmemente creo y siento que el respeto al derecho ajeno es la paz. Todos tenemos derecho a expresarnos como querramos dentro de los términos dignos. No acepto que se hable de libertad y democracia y se cierren los medios de comunicación. No me importan los colores políticos como valor particular y menos los que discriminan las libertades individuales y colectivas. El secuestro no tiene sentido practicarlo, es un crimen de lesa humanidad. Creo que algún día habrá justicia social, en otras palabras espacio para ricos y pobres sin discrminación. Amo la verdad como elemento básico de la sociedad que todos aspiramos para Colombia. Creo fielmente que "La paz es de los valientes y la guerra de los cobardes, gavilleros e inmorales".

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