Por la grandeza de Colombia
La Cámara de Representantes aprobó su adhesión de Colombia a Convención Contra Desaparición Forzada. Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, afirmó que es un paso histórico para el país y el mundo. Es la vigésima república en acogerla. La Convención es un instrumento universal de carácter obligatorio, que tipifica la desaparición forzada como delito de lesa humanidad que no prescribirá y consagra los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Tiene por primera vez la definición que los causantes entre quienes pueden estar los agentes del Estado, grupos armados que cuenten con su aquiescencia o no. Las naciones que ya la ratificaron son Albania, Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Alemania, Honduras, Japón, Kazajstán, Mali, México, Nigeria, Paraguay, Senegal y Uruguay. En Colombia este problema político, social y moral está por el orden de las 50 mil víctimas, uno de los más agobiados en la materia. Los principales responsables son los paramilitares, parapolíticos y guerrillas de las Farc y el Eln. El visto bueno definitivo otorgado por la Cámara de Representantes fue de 88 votos a favor y 0 en contra y no dudó un solo instante. Según politólogos nacionales es un paso bastante grande entre los muchos que se vienen dando para distanciar el actual del anterior gobierno. El alejamiento de Juan Manuel Santos de Álvaro Uribe tiene aquí un ejemplo. Ahora pasa a revisión de la Corte Constitucional y posteriormente a sanción presidencial, hecho que no tiene la menor duda ocurrirá sin pérdida de tiempo. El ambiente nacional en esta materia deja de ser sórdido, antidemocrático y lleno de situaciones bochornosas y criminales. Indudablemente había falta interés político para alcanzar este propósito.
Al profundizan un poco hallamos que, "Ahora las víctimas de las desapariciones forzadas cuentan con un instrumento que les permitirá reclamar ante instancias que nos son retóricas. Es un tratado vinculante que define la desaparición forzada como una violación de los derechos humanos que obliga a los Estados que lo acojan a incluir en sus legislaciones verdaderas y efectivas garantía al derecho a la reparación, a la búsqueda de la persona o de sus restos, a la verdad y a la justicia. La Convención contempla normas imperativas para los países miembros de Naciones Unidas que lo acojan. Crea un comité de 10 expertos que, conocerá los casos de esta problemática en el mundo y les exigirá explicaciones a los Estados parte. Colaborarán con las investigaciones a que haya necesidad en Colombia. Entre otras obligaciones Colombia deberá tomar "las medidas necesarias para considerar penalmente" responsable de este delito a toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada". Ya no habrá impunidad ni facilidad para evadir la responsabilidad. El que la hace la pagará.
"Lo aprobado ofrece diferencia con lo dispuesto actualmente en el Código Penal Colombiano, donde se excluye la posible culpabilidad de funcionarios del Estado. El tratado los cobija", El castigo vendrá también cuando "un superior (...) haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad (...) estaban cometiendo o se proponían cometer ese delito, o cuando el funcionario sospechoso no haya adoptado las medidas "necesarias y razonables para prevenir o reprimir que se cometiese... Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea esta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada".
En torno a la creación del comité de expertos, el acuerdo determina que éste podrá examinar, "de manera urgente, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida. No habrá discriminación y lo autoriza para pedir a los Estados parte de Naciones Unidas, en el plazo que el Comité determine, información sobre la situación de dicha persona". Ha y que tener en cuenta que, "Las normas que determina la Convención no serían de carácter retroactivo", todo irá hacia el futuro a partir de la sanción presidencial. Ordena a los Estados a llevar un registro, o más, de las personas privadas de la libertad "que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial". La convención define procedimientos para prevenir, proteger a la víctima y sancionar a los responsables de ese delito. La convención fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio del 2006 y por el Asamblea General en diciembre del mismo año.
Esa iniciativa sirve como antesala a los debates a la Ley de Víctimas que cursa en el congreso y que ciertos sectores han demostrado interés en sabotearla porque con incluidos los agentes del Estado. Se trata de normas que deben ir paralelas. Los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas dan un saldo de 37.000 desapariciones, entre los cuales 13.000 podrían ser desapariciones forzadas. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación estima la existencia de cerca de 50 mil desaparecidos y en los últimos años ha recuperado 2.494 cadáveres mediante exhumaciones. Ha entregado 630 a sus familiares. Un informe técnico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, presentado el cuatro de mayo, registra 38.255 desapariciones en el país. Todos estos informes indican que muchos de los restos de personas desaparecidas se encuentran en fosas comunes. Lo aprobado por el congreso dice que la desaparición es crimen de lesa humanidad puede ser perseguido en todo el mundo y tiene un carácter imprescriptible. Colombia siempre ha carecido de voluntad política y de compromiso para reconocer los derechos de las víctimas, hasta ahora. ¡Buena esa, es una que vale para la grandeza de Colombia!
