La tragedia del campesino y sus tierras
La determinación gubernamental que más destacada en los últimos 50 años en Colombia la consagra la propuesta y que comenzó a desarrollar el presidente Juan Manuel Santos y su equipo de trabajo. Se trata del proyecto de restitución de tierras a las víctimas del desplazamiento y el despojo. Con esta acción no solo cumple con una gran labor social, también le quita el discurso a las guerrillas de las Frac y el ELN. La iniciativa ha despertando el interés en la comunidad internacional al punto que varios países desarrollados de Europa han manifestado su intención de apoyar en todas sus formas el proceso. No es concentrando la propiedad rural y el capital como se alcanza el desarrollo de una nación, todo lo contrario, cimentando el equilibrio y la equidad. La concentración de las riquezas y de la tierra en muy pocas manos, ha llevado al desastre social, político y económico de los países que han buscado ese camino. El ministro de Agricultura colombiano, viajó a España para presentar ante la comunidad europea la política, el marco legal y los retos para la aplicación de este proyecto. Se trata, reiteramos, de la mejor propuesta que hayan tenido los colombianos en los últimos 50 años de vida republicana. "Ya está en marcha un plan de choque para devolver a 130 mil familias las tierras que grupos paramilitares en 7 departamentos les arrebataron no mucho tiempo atrás, mientras el proyecto es aprobado en el Congreso de la República. Como es de esperarse e en el parlamento ha encontrado opositores y es entendible ya que aún el 25% de sus integrantes tienen vínculos con los paramilitares y otras bandas criminales". Lo elogiable en este caso es que la ley no le pone complicaciones a los verdaderos dueños de las tierras, todo lo contrario, basta que abra la boca para que eso sea suficiente y el Estado se encargue en hacer los trámites que sobresalen por lo simples y muy ágiles.
El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, denunció nuevas amenazas que llegan a través de internet. A la fecha son 45 las organizaciones defensoras de derechos humanos víctimas de amenazas, por parte de presuntos grupos paramilitares. Las intimidaciones están directamente relacionadas contra la población desplazada y quienes se dan a la tarea de defender la restitución de las tierras. "Hasta el momento y desde que se posesionó el presidente, Juan Manuel Santos, han sido asesinados tres líderes y hay amenazas en más de 10 departamentos." Hay gran preocupación cuando se empiece a gran escala la devolución de tierras ya que habrá reacciones violentas y si se prevé esta situación el Estado debe proteger las personas, firmó el delegado de ONU en Colombia. Previendo una reacción violenta, ha sido anticipada por varios sectores fuera de la ley como los paramilitares y otros de apariencia legal pero indebida como los parapolíticos en la cárcel o fuere de ella. El presidente Juan Manuel Santos dio la orden perentoria a la Fuerza Pública, para que a través del Plan Consolidación, se asegure la tranquilidad absoluta de las regiones en las cuales arrancó la entrega de predios a sus verdaderos dueños. El gobierno h sostenido que no se dejará intimidar de los sectores violentos anotados. El proceso tendrá acompañamiento de la OEA y la ONU a fin de que sus acciones sean conocidas internacionalmente en forme inmediata. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, no es un organismo gubernamental de fiar para el actual gobierno a pesar de que en el anterior lo trataron de hacer pasar por un dechado de virtudes y de donde se irradiaban cantidades de beneficios para el desarrollo nacional. " el gobierno Santos, inició un amplio procesos de revocatoria de los actos administrativos de la entidad para devolverle la tierra a los campesinos. Se adelantarán investigaciones contra funcionarios que irregularmente entregaron los títulos e incluso se investigará si grupos armados pudieron haber infiltrado esa institución. El saqueo lo iniciaron los violentos se completó en el antiguo Incora y luego en el Incoder, donde funcionarios muy cercanos al paramilitarismo adjudicaron de nuevo las tierras. Los favorecidos eran testaferros.".
El total son 5.5 millones de hectáreas e interesan directamente a más de cuatro millones de colombianos se han desplazado desde 1985. En el arranque el Gobierno legalizará 2.631 baldíos y la propiedad de comunidades indígenas y afros sobre 51 zonas. Unas 38 mil fincas incautadas a narcos y grupos ilegales serán usadas, por primera vez en la historia colombiana, para ayudar a campesinos sin tierra que clama por fuentes de trabajo y que siempre había vivido a espaldas de los gobernantes. En esto hay que ser franca y reconocer que hubo un gobierno no muy lejano que estuvo a todo momento a favor de los parapolíticos, paramilitares y de sus testaferros, además de términos sectores no muy sanos de la agroindustria. Ya se sabe que cerca de 10.000 hectáreas que están en manos de testaferros de jefes paramilitares como 'Jorge 40', Salvatore Mancuso, 'el Alemán' y 'Diego Vecino' en cinco departamentos quienes serán la cuota inicial del plan del gobierno Santos para devolverles la tierra a los campesinos desplazados. La titulación de las propiedades baldías se aplicará en tierras ubicadas en Antioquia, Arauca, Córdoba, Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander y Víchada. Se ampliarán a 23 resguardos indígenas y se constituirán 16 adicionales en Nariño, Putumayo, Tolima, Caquetá, Chocó, Quindío y Amazonas. Será una restitución directa donde el Gobierno anulará actuaciones oficiales que eran ilegítimas y por lo tanto no se requiere esperar a la aprobación de las leyes de Tierras y Víctimas. Por la figura jurídica de la revocatoria directa, la va hacer el mismo Incoder aplicando el Código Contencioso Administrativo".
Según el gobierno actual, para las adjudicaciones del gobierno anterior, se recurrió a viejas cláusulas usadas mañosamente aplicadas y "que se utilizaban en los procesos de adjudicación de tierras por parte del desaparecido Incora. En ellas se establecía que si se abandonaba el predio entregado a u determinado campesino, el mismo podía volver a ser adjudicado a un tercer beneficiario... En el Incoder, (gobierno), hubo mucha infiltración, casi cooptación de abogados y gentes muy cercanas al paramilitarismo que le pedían al Instituto que reasignara las parcelas a las fichas que ellos postulaban." El gobierno sabía cuanto estaba pasando, pero poco o nada hacia, todo lo contrario, existieron ministros del ramo quienes consideraban estas acciones como, "lo mejor que le pudo haber pasado al país". Esos ministros están hoy respondiéndole a la justicia y la legalidad. En los casos de abandono de las tierras, "no fue por que los adjudicatarios originales abandonaran sus parcelas de buena gana o voluntariamente, sino por la fuerza de la violencia. Fue el derroche de balas y acciones salvajes y feroces. Entonces esas parcelas se las re adjudicaron a otros que no eran más que testaferros de grupos delincuenciales que los atemorizaron y sacaron despavoridos cuando les iba bien o mal cuando los asesinaban...Aquí el Estado tiene la obligación de emprender una protección especial, pues es un riesgo real, se puede identificar al agresor y además hay forma de prevenir y por lo tanto debemos hacer un llamado a las autoridades sobre esta situación". El presidente Santos está dispuesto a cumplirle al país por encima de todo, incluso de su propio partido, de la U en donde están sus principales opositores, y que hace pocos días se lo ofrecieron para que dirigiera y orientara el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. La tragedia del campesino y sus tierras es mucho mayor, aquí solo consignamos los últimos y más importantes aspectos.
