El turno es para las víctimas

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que las tierras de la hacienda Carimagua no irán a parar en manos de dos o tres potentados como era la maquinación del gobierno de Alvaro Uribe y su ministro Uribito. Estas tierras, 24 mil hectáreas que son el total del predio, serán para pequeñas cooperativas de agricultores, 2 mil para las Fuerzas Armadas para labores de prevención y control y 4 mil 500 hectáreas utilizadas por Copoica y el Ciap para desarrollar pastos y cultivos. La idea del gobierno no solo será enrtregarle la tierra a los campesinos, sino protegerlos y asesorarlos tecnológicamente de diferente forma. "Las 17 mil hectáreas restantes de Carimagua no se van a entregar a uno o a dos potentados, como se pretendía hacer hace dos años, serán entregadas a pequeños y medianos agricultores. En esta región no sólo habrá subsidios para los beneficiarios, sino acompañamiento y planes de negocio". De esta manera el gobierno Santos echa por tierra las teorias del gobierno uribe en el sentido que "solo los grandes terratenientes y agroindustriales de la palma estarían en capacidad de hacer producir a Carimagua y que los desplazados habian naciodo para ser peones".

 Otra figura nueva que va totalmente en contra de las teorías de Uribe, para borrarlas de Colombia, sobre el campo, serán "las reservas campèsinas", propuestas por el mandatario Santos. Es la oferta presidencial de delvolvele al campesino a sus pequeñas parcelas y faciltarles la producción de alimentos para el país. Es acabar en forma radical con la concentración de las tierras de labor que se dio durante la administración anterior para lo cual lo grandes poderes económicos utilizaron los paramilitares, conductas antisociales y altamente criminales y violatorias del derecho humanitario. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi determinará la creación de la primera de reserva campesina en suproxima reuniòn de junta directiva. Voceros del gobierno Santos, en su gestion de recuperar lo perdido por la gente del campo saltará a la Costa Atlántica, donde el probvlema fue grande y grave. "En los montes de María, donde se ha reportado especulación y despojo con la tierra en forma masiva, se decretará la zona de reserva campasina para evitar el acaparamiento del terreno y que magnates de la agroindustria lleguen a comprar predios a cualquier precio". En el paìs son cinco millonesde hectáreas de muy buena calidad la que urparon los paramilitares a sangres y fuego y que luego vendieron usando infidad de trucos y contaron con el apoyo gubernamental para legalizarle a los grandes agroindustriales y los terratenientes lo robado.

Juan Manuel Santos se comprometió a "lograr que los campesinos sean dueños de las tierras más productivas de Colombia para que las exploten" y parece que no dará su brazo a torcer. El primer paso fue el proyecto de ley de restitución de tierras radicado en el Congreso la semana pasada. "Desde ya se pueden vislumbrar las resistencias que encontrará esta política en el Congreso. Un buen número de congresita, si no son de los que se apoderaron las tierras ilicitamente, lo hicieron sus familiarres o amigos del sector económico. En Colombia tener tierra, así sea improductiva, es un buen negocio porque se valorizan todos los días y paga pocos impuestos. De 20 municipios entre los 50 con mayor concentración de tierras, el impuesto predial no va mas allá de la mitad de otras municipalidades que no tienen concentración. Le cobran la mitad o menos del máximo legal a los reponsables de la concentración o agroindustriales". Las Naciones Unidas sobre el país publicaron que, "Tanto el desarrollo económico como la paz se vuelven sueños imposibles cuando topan con el viejo problema del despojo de tierras en Colombia y de su concentración en pocas manos. En 1984, 32 por ciento de la tierra estaba en manos de 0,55 por ciento de los propietarios; mientras el gran volumen de los propietarios, 85,1 por ciento sólo poseía 14,9 por ciento de las tierras. En el 2003 los grandes propietarios disminuyeron, pero sus posesiones aumentaron. Así, sólo 0,4 por ciento de ellos habían acumulado 62,6 por ciento de la propiedad agraria, mientras la cantidad de pequeños propietarios había aumentado a 86,3 por ciento, pero sólo disponían, todos ellos, de 8,8 por ciento de la tierra".

Las propuestas del nuevo gobierno pretenden rectificar injusticias cometidas sistemáticamente contra el campesino, el abuso altamente estimulada por el último gobierno usando ropaje de legalidad. Leyes aprobadas por un congreso sometido al que le pagaban los más grandes sobornos. La diferencia entre la ley del gobierno anterior y la de Santos es grande: "Una ley de restitución obligaría a los actuales titulares a demostrar que sus propiedades tienen un origen legal. Mientras, una ley de extinción de dominio determinaría que el Estado compre tierras y las utilice de inmediato en programas de restitución", dejándole al poseedor su supuesta ilegalidad intacta así parta obtenerle haya masacrado, desaparecido humanos, desplazado a campesinos, etc.". El periodista German Uribe sistiene que, "Ninguna injusticia más repulsiva ha podido sufrir esta Colombia indescifrable que la que ha hecho de los campesinos, a través del despojo de sus tierras y la aniquilación de sus hogares, damnificados inermes y sin redención a la vista". Santos no admite las politicas agrarias de Alvaro Uribe, ni un solo segundo y no tolerá arremetidas como con las que "quiso robarles las tierras de los desdplazados para entregarlas a los ricos empresarios del campo, bajo la convicción de que los empresarios grandes son los que producen y los pequeños nacieron para peones".

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