Matar, matar y luego legalizar.

El gobierno de las sorpresas positivas para todos los colombianos  es el de Juan Manuel Santos. En pocos días ha demostrado muy claramente que tiene diferencias abismales con su antecesor. Nos ha dicho que para él primero está el ser humano como tal y las instituciones como elementos de fortaleza de las jefaturas de estado modernas y luego el amiguismo. Lo que no veíamos desde hace 8 años. En la plenaria de la Cámara de representantes se discutió, larga y ampliamente sobre uno de los problemas sociales más graves que tiene el país. Los representantes  profundizaron sobre, "desplazamiento, tierras y víctimas", como  médicos en torno  a un paciente y así hallar un remedio verdadero. Lo sorprendente radica en que nadie  fue agredido por el presidente ni ningún ministro, por el contrario se identificaron con la realidad expuesta. Con esto es posible ver que el Poder Legislativo no está sometido como acontecía antes del siete de agosto, cuando desde la Casa de Nariño, invirtiendo todos los valores de la democracia, controlaban al congreso y le limitaban en sus funciones constitucionales. Cuando el ministro del interior les imponía el orden del día, sobre lo que debían hacer. No podían ni chistar so pena de quitarles contratos, gabelas y cargos públicos.

 Los generales y a cúpula del gobierno han  dicho públicamente que  no discutirán bajo ninguna circunstancia las facultades y obligaciones de cada uno de los poderes públicos. Nunca pretenderán estar por encima de ellos y mucho menos manejarlos vedada o abiertamente. La autonomía se respetará sin buscar poner en duda sus actuaciones. Al contrario del gobierno anterior, tendrán total sumisión y obediencia, sin discusiones bizantinas a los mandatos de la Constitución Nacional. La independencia y autonomía de la justicia y el congreso no será vulnerada ni puesta en duda jamás por la administración Santos. El funcionario que lo haga, según el presidente Juan Manuel Santos y su Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pagarán el abuso conforme lo establece la ley. En el debate de la Cámara se cuestionó al Estado por haber apoyado la legalización y compra de muchos predios que les fueron quitados violentamente a campesinos. En una carta, los jefes ‘paras' reconocen que, "el acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y el desplazamiento en el campo, así como la consiguiente injusticia social contra el campesino, atienden y comportan situaciones no conocidas, las cuales por esta razón tampoco han sido abordadas dentro del contexto de la llamada verdad verdadera (...)". Como respuesta a las denuncias, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el Gobierno Santos,  "está trabajando con mucha atención y energía en la política de devolución de tierras y resarcimiento a tantos desplazados. Los desplazados por la violencia en Colombia son más de 3 millones de personas que representan más de 718 mil hogares.  Muchos de los predios adjudicados por el Incoder son espurios. El propio Incoder debe ser sometido a una reestructuración a fondo". Todo por allí huele a feo, hay que moverlo todo hasta los cimientos. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, sostuvo que, "no solo se ha presentado una abusiva concentración de la propiedad de la tierra, sino que esa concentración es vergonzante".  Anunció reformas para "restitución de predios por extinción de dominio, por la ley de tierras y por la ley de víctimas que se radicará la próxima semana".

 Quiénes están detrás de la legalización de predios despojados y de la venta masiva de esas tierras abandonadas de manera forzada por las víctimas de la violencia, tienen que ser investigados minuciosamente, conceptuó la Cámara de Representantes. La verdad no puede seguir siendo tabú. "Esta situación se convirtió en una "paraeconomía" de la que el anterior gobierno impidió se actuara para hacer claridad. La cifra oficial del despojo es de 5.5 millones de hectáreas de tierra. El contraste da vergüenza,  ya que  sólo han sido devueltas 2 mil 75 hectáreas. 45 líderes han sido asesinados en los dos últimos años por reclamar las tierras despojadas. Urge ponerle rostro, señalar las personas que se apoderaron de las tierras. Apremia se abra formalmente el capítulo judicial de la "paraeconomía", en la medida en que se deben conocer los beneficiarios del despojo irregular de las tierras de propiedad de campesinos".  El Gobierno Nacional necesita decir la verdad sobre por qué no se han restituido las tierras a los desplazados, quienes finalmente son los dueños legítimos. Los mismos paramilitares han señalado "El aparato armado es sólo la punta del iceberg del fenómeno paramilitar (...) quienes personifican el fenómeno paramilitar continúan agazapados detrás de las paredes del poder político y económico..."  El ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, definió en una frase la estrategia para apoderarse de la tierra: "Unos iban matando, otros comprando y otros legalizando". Los paramilitares desmovilizados sólo han devuelto 6.600 hectáreas para reparación a las víctimas, de las más de cinco millones que se sustrajeron. "Hubo varias modalidades para sacar los campesinos de los predios, pero la más usual fue, "maten, maten, maten  y luego legalizaremos  con ayuda del Estado/gobierno". La "compra" masiva de predios por este método se está dando aún. Vale la pena meterle muela al asunto en el momento en que Álvaro Uribe Vélez desapareció del "poder" para mostrar los salvajes y criminales rostros humanos que actuaron para robarse la tierra de los campesinos humildes y desprotegidos.

Nota.- Bucaramanga apareció llena de  letreros que afirman: ¡Santos presidente, somos diferentes!". Hasta que el fin los colombianos volvemos a tener desde el gobierno gratas sorpresas.

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