Con el dedo sobre una llaga maloliente
Human Rights Watch, acusa:"El gobierno de Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores del paramilitarismo con la seriedad que amerita este problema”. Ellos han cometido masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, al igual que durante 20 años lo hicieron sus predecesores. Las víctimas de los ataques suelen ser defensores de los derechos humanos, sindicalistas, víctimas de los paramilitares que exigen justicia y miembros de la comunidad que no aceptan sus órdenes. Los abusos son "generalizados" y "es poco el esfuerzo del Estado colombiano para enfrentar a las nuevas bandas criminales”. El gobierno no está garantizando los recursos que requieren las unidades de la Policía que combaten a los grupos aludidos ni para los fiscales que investigan los casos criminales. El gobierno ha toma el camino más fácil: “lo asume como un informe elaborado por una entidad que tiene intenciones políticas y no acepta el documento porque no lo deja maquillar por la oficina de prensa”.
Las cifras más conservadoras de la Policía Nacional revelan que estos grupos armados cuentan con más de 4.000 miembros en 150 municipios de 24 de los 32 departamentos colombianos. El gobierno tiene una obligación jurídica para enfrentar a los grupos sucesores de los paramilitares y proteger a los civiles de sus acciones, no se trata de una generosidad del presidente. "Estos grupos sucesores cometen gravísimas atrocidades y deben ser detenidos". El hecho que un documento llegue a tenga contenido político, no es motivo justo ni válido para que el gobierno lo desconozca olímpicamente, frunza los hombres y mire parea otro lado. "No debe minimizar el impacto que tienen actualmente para los Derechos Humanos en Colombia el actuar de esas bandas criminales". Eso es un comportamiento grotesco e irresponsable de los funcionarios frente a las víctimas. "Independientemente de cómo se les llame a estos grupos, paramilitares, bandas criminales u otra denominación es lo mismo, violadores de los derechos humanos cuyo impacto brutal se ve más en Medellín, el Urabá chocoano y los departamentos de Meta y Nariño.
"Los grupos sucesores cometen habitualmente masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia". El Gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no en forma sostenido y de manera significativa para proteger a los civiles, investigar las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes". Ha sido insuficiente la presencia del gobierno en su lucha por erradicarlas. El problema grave que hay ahora es que, “No desarticuló las redes criminales de la coalición paramilitar durante el proceso de desmovilización desarrollado entre 2003 y 2006”. El resurgimiento de los paras era predecible y de esperarse. Indudablemente que el gobierno ha hecho más politiquería y populismo para hacer ver a Uribe como un “Dios que todo lo dispensa y todo lo soluciona” que contra los nuevos paramilitares.
Los grupos sucesores representan un creciente torrente de amenaza para el goce de los derechos humanos en la sociedad colombiana y sobre todo para la estabilidad democrática del país. Existen denuncias de, “supuesta tolerancia de algunos funcionarios del estado. Existen vínculos con la fuerza pública, Fiscalía, Policía, DAS. Se mueven como pez en el agua. Cualquier operativo, les avisan y se van de la zona. Eso impide que se hagan capturas. Tienen una red de informantes muy compleja, desde la señora de la tienda hasta el mototaxista. Con una llamada telefónica, basta. Están muy fortalecidos en las zonas", señalaron a Human Rights Watch". El gobierno de Uribe no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de investigarlos cuenten con recursos adecuados. Se ha demorado en financiar el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. En ocasiones, organismos del estado se han negado a registrar el desplazamiento de civiles que denunciaban haber sido desplazados por grupos sucesores. Y el gobierno no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a funcionarios del estado que, según se informa, tolerarían a los grupos sucesores.
El ministro de defensa, Gabriel Silva, señaló que el informe es equivocado. "Human Rights Watch tiene una posición ideológica, (diferente a la de Uribe), y no acepta la revisión de información por parte nuestra. (Aplicar Maquillaje a los contenidos). El gobierno vuelve y cae en la de siempre, creer que solo a lo que Uribe le da el visto bueno es verdad. No admiten que otro obtenga corolarios porque posiblemente le dañan la imagen de que Uribe es un “Dios” que todo lo soluciona y que fuera de él no hay sino confusión y tinieblas. Si el mundo estuviera supeditado a una sola posición o creencia, estaríamos todavía en las cavernas o usando guañuco. Grave daño que le hacen a la Patria al no aceptar las llagas sociales mal oliente que son los paramilitares y sus herederos, la violación de los derechos humanos a que los colombianos tenemos derecho. Son llagas sociales y morales los guerrilleros y los narcotraficantes por igual.
