Lejos del gobierno sería mejor
Eso de ejercer vigilancia en torno a las elecciones de congresistas y de presidente es una buena manera de preservar la democracia y la pureza de la voluntad popular. No creo que a nadie que actúe honestamente le pueda molestar que lo estén observando detenidamente y de cerca. Lo único dudoso es que el Presidente y el ministro del Interior meta sus narices y sus manos en el procedimiento. De nadie es un secreto que se trata de politiqueros, de esos que les importa un carajo apelar a lo que sea para no perder, imponerse a las buenas o las malas y después “celebrar el triunfo” con muchas alegrías y abrazos. Ejemplos ya hay muchos de su imparcialidad y poca rectitud en sus actuaciones. Uriel, -Unidad de Reacción Inmediata Electoral- será la vigilante de que las elecciones se lleven a cabo con tranquilidad y actuaría en torno a: La Desviación de dineros públicos a campañas. Funcionarios actuando en favor de candidatos. Compra de voto de electores. Inscripción irregular de cédulas de ciudadanía. “El paramilitarismo y en narcotráfico en la política, hoy está presentes con sus familiares y allegados en partidos con nuevas siglas, como PIN y ADN". Es denuncia que hace ampolla física y moral a los colombianos y no se causa de regocijo.
Como es ya tradicional, el presidente de la república en un acto público protagonizado por él, trató de orientar las funciones del organismo de vigilancia e investigación electoral. Les reclamó "poner todas las precauciones, para que en las listas no haya personas que hayan tenido alguna vinculación con grupos criminales o con grupos terroristas. Esto es necesario para que la financiación sea totalmente transparente". De la primera queja que recibió “Uriel”, no dijo nada. La radicó un periodista por la aparición en sitio público wn reunión convocada para un supuesto evento gubernamental, del presidente Uribe junto a varios candidatos al congreso del partido de la U y partidos sospechosos de irregularidades como el PIN el ADN en Soacha.
¿Funcionará Uriel como es debido? La Uriel está integrada por el Ministerio del Interior y de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Programa Anticorrupción de la Presidencia, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Obsérvese que la mayor parte de los integrantes son personas dependientes y reciben órdenes de la presidente, incluida la procuraduría. No es muy saludable, señalan observadores, que eso funcione en el Ministerio del Interior. Debiera estar en la Fiscalía o la Defensoría para que tuviera confianza y credibilidad ante la gente del común. En un primer informe la Procuraduría anunció, a las 24 horas de estar operando la vigilancia electoral, habían llegado 600 quejas, según lo confirmó la delegada para la función pública. La funcionaria señaló que las quejas más recurrentes son las relacionadas con la financiación de las campañas políticas, compra de votos y participación en política de empleados públicos.
La casi totalidad de quejosos provienen de partidos contrarios al gobierno. Como responsables son señalados partidos uribistas. Sobre este aspecto se conoció que, “Un equipo de la fiscalía y la Policía empezó la investigación por la filtración de dineros irregularmente en las campañas políticas”. Cali, Santander, la Costa son algunas de la regiones donde hay mayor sospechas y dudas y que en las campañas se ven ríos de dinero que podría provenir del narcotráfico y los paramilitares. Una denuncia concreta señala que “los partidos políticos ADN y PIN están comprando votos en los departamentos de Bolívar y de Santander mediante dos modalidades. Una es a través de los concejales y los ediles y la otra es directamente con los ciudadanos. En el primer caso los candidatos de esas colectividades le estarían pagando a las personas de elección popular sumas que van entre los 18 y los 30 millones de pesos para que sus electores voten a favor del candidato que está efectuando los pagos”. Fue denunciado el, "voto combo, donde ofrecen 50 mil pesos a una persona por un voto a la Cámara y 50 mil por un voto al Senado cuando vayan en fórmula. Le retienen las cédulas a los electores, comprueban que la persona haya votado para devolverles la cédula y dales el dinero que les habían prometido".
“Cuando a un concejal le ofrecen $30 millones, $15 millones o $10 millones por su caudal electoral, es porque algo grave está pasando… cuando hay afirmaciones de que grupos armados ilegales estarían financiando campañas en partidos como ADN, PIN, Apertura Liberal, la U y Conservador, algo está pasando…” Indudablemente que el Ministro del Interior y la Procuraduría no lo verán nada y menos lo hará Álvaro Uribe. ¿Prueba? Atreverse en Soacha a presentar en público a los sospechosos de acciones ilegales y antidemocráticas. Por eso quienes afirman que si Uriel funcionara lejos del Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República, lo haría mejor. Allí hay instituciones respetables como la Fiscalía, la Defensoría, Registraduría y Consejo Electoral que no tienen porqué estar en predios del gobierno. Entre más lejos del veneno, menos posibilidad de intoxicación.
