Una puñalada trapera a la salud
Para tratar el tema de la salud, "la Corte Constitucional convocó 15 entidades estatales y privadas para que aporten su concepto sobre los decretos de la emergencia social. Específicamente los magistrados quieren enterarse a profundidad de todos los aspectos relacionados con los que buscan recursos para solucionar la crisis de la salud. En una nueva solicitud de pruebas la Corte le ha pedido al procurador, al defensor del Pueblo, al ministro de Hacienda, de Protección social, la Federación de Municipios, al alcalde de Bogotá y Medellín, al sindicato de Clínicas y hospitales su opinión. Así mismo llamó a pronunciarse la cátedra colombiana a través de las facultades de economía de las Universidades Nacional, Rosario, Andes, Externado y Javeriana. Como se ve, asumió con toda entereza y amplitud jurídica y científica la defensa de la legalidad y los derechos de los colombianos frente al gobierno de Uribe. La Corte ha tomado posición estratégica, diferentes a las del gobierno, en donde la opinión de una o dos personas, a lo máximo, es la que cuenta para hacer y deshacer con temas tan sensibles como la salud y el bolsillo de los colombianos. Para Colombia es bueno porque se busca frenar la imposición de normas y leyes con unilateralmente, a la fuerza, para beneficio de determinados sectores pudientes o porque, "se dio la gana a Uribe".
El mandatario de los colombianos es muy hábil en el juego de palabras para aparentar generosidad de su parte, mientras le da la puñalada por las espaldas al ciudadano común y corriente. Uribe ha dicho en la ciudad de Medellín que "en ningún momento restringe la tutela... la tutela es una figura constitucional". De la misma manera asegura que el fundamento de su norma es "acabar con los abusos que se presentan en muchos casos en los que se recurre a esta figura... en adelante se tendrá que acudir a un tribunal científico, para que sea el tribunal científico el que diga si el procedimiento se debe pagar o no... el tribunal científico dará señales claras a los aseguradores y a los jueces, para que emitan sus fallos". En otras palabras, El juez o magistrado de tutela quedará supeditado al un grupo de burócratas y politiqueros. Ex magistrados de la Corte Constitucional consideran que las medidas dictadas por Uribe, "no se ajustan al ordenamiento jurídico colombiano". Las propuestas están orientadas a defender unos pocos y condenar las mayorías.
La emergencia en salud no existe, fue imaginación de Uribe, con intensiones ocultas que van a resultar monstruosamente dañinas a los colombianos de los estratos tres, dos y uno. Juristas especializados explicaron que "La ley que convocó la emergencia y los decretos, que obliga a las personas a vender el carro, cesantías o la casa para pagar su tratamiento, es una clara evidencia de la intención de acabar con el régimen subsidiado de salud... los mismos decretos dejan ver que no hay emergencia ya que el gobierno concede un plazo de 6 meses para que entren a operar los decretos reglamentarios de la Emergencia Social". La supuesta emergencia social de Uribe es mala, perversa y peligrosa es el criterio de los eruditos. "Estos decretos ponen en peligro a los pacientes cuando amarran a los médicos en el momento de diagnosticar, formular y tratar una enfermedad. Es absurdo que la ley sanciones a los médicos que recete, a conciencia, el medicamento que el paciente realmente necesita y que por cuestiones de índole comercial o de "coima" de quienes arman y desarman el Pos, está fuera del Plan Obligatorio de Salud. Esto es una violación a las reglas que rigen la ética de esa profesión. ¿Para que ir a aprender a tratar una enfermedad a las facultades de medicina si un decreto de Uribe lo prohíbe porque considera excesiva la atención al paciente?
El falso de toda falsedad que "la tutela haya sido la causante del problema económico de la salud". Los problemas están en los desacertados y casi estúpidos manejos económicos que ha hecho el gobierno a los recursos como destinar cinco y más billones de pesos, de la salud, a tenerlos quietos en los bancos rentando para sufragar el déficit de los derroches del mandatario, el recorte y reforma al giro de los recursos a los municipios y departamentos y el desaforado afán de comercialización y rápido enriquecimiento de unos pocos con el dolor humanos, etc. Cuando Uribe insiste en que es la tutela la responsable de la crisis de la salud, está mintiendo. Así de sencillo. El 60 por ciento de las tutelas concedidas reclamaban a las EPS medicamentos y tratamiento incluidos en el Plan Obligatorio de Salud que le los negociantes de la salud niegan a sus pacientes con el fin de ahorrar dinero y obtener más ganancias. Los engañijos verbales del presidente Álvaro Uribe y del ministro de "seguridad" Social, se los lleva el viento y solo queda lo escrito. La verdad es que la salud pública fue apuñalada por la espalda por el gobierno en su desesperado afán de conseguir el máximo de riqueza para unos pocos.
