Una ley que apesta a ilegalidad y corrupción.
Acaba de ser impugnado el presidente de la república, Álvaro Uribe Vélez, ya que se dispone a sancionar una ley que fue aprobada por el congreso contrariando las normas más elementales de la legalidad y la convivencia humana además de se han usado todo tipo de desafueros y abusos de poder. En ninguna parte del mundo es posible legislar en beneficio exclusivo del gobernante como se pretende hacer en nuestro país. Pueda ser que no tenga nombre propio, pero si requisitos señalan que una sola persona los llena, el presidente. Es deshonesto e indecente pretender proponer que Uribe salga a vacaciones y encargue a alguien con la orden expresa de sancionarla a un subalterno suyo. Da lo mismo que lo hiciera él. Un país no se puede manjar con trapisondas y piruetas como lo han pretendido con la convocatoria al referendo reeleccionista. Cantidad de funcionarios han terminado en la cárcel, me refiero alcaldes y gobernadores, por este mismo motivo. Ningún otro presidente había llegado a ese tan alto grado de indignidad y deshonestidad como lo hace hoy Uribe.
Ya es hora de que las cosas se llamen conforme a la verdad. Es falso de toda falsedad que el Congreso de la República de Colombia le haya cumplido al país. Le satisfizo los apetitos personales del ministro del interior y el presidente Álvaro Uribe y sus hijos Tomás y de Jerónimo. Creo que los partidos Liberal, Polo Democrático; los gremios industriales, las centrales obreras, la iglesia católica, los estudiantes universitarios, los indígenas, los desplazados, los afrodescendientes, los familiares de los secuestrados, entre muchos, son Colombia y ellos no quieren más reelecciones de Uribe y sus amigos. Pueda ser que los congresistas uribistas le hayan cumplido a una parte de los colombianos, no a todos. Decir que le cumplieron al país, es falso de toda falsedad y la afirmación encierra un engaño colectivo.
Los uribestias quienes para la primera reelección de Álvaro Uribe instituyeron el festival de las Notarias, acto de máxima corrupción administrativa, no se puede afirmar que le cumplieron a Colombia. ¿Es deber de los congresistas la corrupción? Después de 8 años el país tiene un gobierno desgastado, sucio, viejo y anacrónico. La dinámica que pudo haber llegado a tener desapareció para darle paso al abuso del poder y la corrupción. Aquí por ejemplo, no hay seguridad para los ciudadanos. Si las personas mueren violentamente, vengan las balas de don de vengan, de la guerrilla, los paramilitares, la policía, ejercito, Das, narcotraficantes, delincuencia común, es demostración de que no hay seguridad. Si los altos magistrados afirman que no confían en los organismos de seguridad del estado porque ellos son la causa de la inseguridad, abuso e irrespeto a los derechos humanos, es porque no hay seguridad. Si los centenares de jóvenes son asesinados para publicitar la política de seguridad, caso de los falsos positivos, es porque en Colombia no hay garantía de vida.
El pago de votos a favor de los intereses personales de Uribe a través de diferentes tipos de gabelas, como ocurrió la primera reelección, la presión indebida del ejecutivo al congreso, son solo muestras de lo que se movió por debajo de la mesa, hechos y situaciones que convierten al proyecto como "viciado" de nulidad por ilegalidad e inconstitucionalidad. El Partido Liberal denunció públicamente en que el trámite de la ley de referendo reeleccionista se esconden por lo menos 15 vicios de legalidad, pues para ello el gobierno y el congreso han cometido varios delitos. Ejemplo: En la noche del 16 de diciembre, cuando se agotó el temario de las sesiones ordinarias de la Cámara, el gobierno dictó a media noche un decreto de sesiones extras para votar exclusivamente el proyecto. "el abuso e ilegalidad consiste en que el decreto, para que tuviera vigencia, tenía que ser publicado en el Diario Oficial, cosa que no se hizo esa noche y sin embargo de votó el proyecto en la madrugada del 17 de diciembre."
Entre los muchos vicios cometidos por los congresistas y el gobierno uribista, con pleno conocimiento de los hechos, está en la presentación del proyecto. Fue radicado por los promotores cuando debió ser acompañado por congresistas para que tuviera validez. Otro hecho ilegal fue el haber aprobado en el Senado un texto que la Cámara de Representantes negó expresamente en primer debate y no se consideró en el segundo. Inexplicablemente el Senado incorporó lo negado en la Cámara, y de manera aún más inexplicable e ilegal lo incorporó al texto de la conciliación. Se violó el derecho del constituyente primario (el elector), a quien se le propuso un texto y el Senado lo cambió, torciendo la voluntad de los firmantes. En el trámite hubo impedimentos "negados en bloque", hecho prohibido expresamente en la ley.
En una nota de opinión como esta no cabe todo el mundo de irregularidades cometidas por el congreso uribista. Solo entran las más visibles como la conformación de las comisiones de conciliación. Debieron estar compuestas por quienes fueran autores, ponentes o intervinientes en el trámite del proyecto, pero de manera flagrante se nombró incluso a congresistas que no actuaron en ningún momento. Las prebendas, los nombramientos, los contratos, la desviación de recursos y otros hechos aún más graves que lo ocurrido con Yidis y Teodolindo no son para pasar por alto. Los colombianos de bien, respetuosos de las normas y las leyes creen que, "Todo ese listado de irregularidades y vicios deben tenerla en cuenta los tribunales de justicia, no solo para determinar la constitucionalidad de lo actuado sino también de las responsabilidades penales de quienes así actuaron, conociendo que se violaban las leyes". En síntesis, lo actuado es una ley que apesta a ilegalidad y corrupción, peor que la AH1N1 de Uribe a la que hay que huirle.
