La Corte Suprema y los congresistas
La Corte Suprema de Justicia cerró el atajo jurídico que, desde el 2007, habían tomado al menos 30 legisladores investigados por supuestos nexos con paramilitares. Entre quienes habían tomado este camino está el primo del presidente de la república, ex senador Mario Uribe. Hoy, en un sorpresivo giro de jurisprudencia, la máxima autoridad judicial tomó la determinación de que "La Corte investigará a los congresistas, aunque renuncien a su fuero". La decisión fue respaldada por cinco de los nueve magistrados de la Sala Penal. Será aplicará cuando el delito haya sido cometido cuando el político sindicado era protegida con el fuero. "Definitivamente el país tiene que enrumbarse no por las tortuosas rutas de la evasión y la impunidad como se pretendía hasta ahora, sino, de la señalada por responsabilidad social. Parece que se acaba de la misma forma el modo que estaba tomando el sindicado y sus abogados, ministros y el mismo presidente de agredir al Poder Justicia de la forma más ruin a infame porque no admitía interferencias de orden político partidista.
"La Corte Suprema no perderá la competencia de juez natural para seguir investigando a un congresista que haya renunciado al fuero... no serán investigados por la Fiscalía... La sentencia funcionará para todos los casos en los que los delitos investigados se hayan cometido mientras cumplían su función como parlamentarios...". Los magistrados aclararon que, "esta jurisprudencia se aplicará así le sea aceptada la renuncia al congresista. El procesado deberá rendir indagatoria y asumir el juicio en la Corte Suprema de Justicia y el mismo organismo sentenciará posteriormente. La medida no se aplicará de manera retroactiva...". Juristas especializados ante la nueva doctrina no descartan que la Fiscalía revise los casos que lleva y eventualmente decida devolver algunos al Tribunal.
La nueva posición de ha sido recibida como un hecho normal. Las jurisprudencias ocasionalmente cambian, pero será de obligatoria aplicación. Desde que arrancó la "parapolítica", los investigados tomaron como bandera señalar la existencia de una supuesta "falta de garantías en la Corte Suprema de Justicia". Era normal escuchar esa frase en los medios de comunicación por parte de acusados y sus abogados. Era de la misma manera casi normal escuchar afirmaciones como las de que "no la comparto" para referirse a las sentencias de la Corte Suprema de justicia. Ya se estaba llegando al extremo de que era el sindicado el que buscaba el juez a su gusto y cuestionaba sus determinaciones según el punto de vista del criminal. Esta nueva doctrina ha de servir para que se respete las leyes y los jueces.
Hace un año, ante la avalancha de renuncias al fuero de congresistas procesados por el escándalo de la infiltración paramilitar en la política y el nacimiento de la "parapolítica", la Sala Penal discutió intensamente el mismo tema. De nueve votos cinco estaban a favor de mantener las cosas como estaban, admitir que con la renuncia al fuero era posible que la investigación la realizara la Fiscalía. La posición de que la Corte Suprema de Justicia los procesara a pesar de que ellos renunciaran a sus curules y que había sido planteada por el procurador de la época, Edgardo Maya Villazón, se mantuvo. Los criterios no cambiaban hasta esta semana cuando la votación en la Sala Penal cambió. La situación estaba llegando a tal extremo que cualquier fulano, se atrevía a decir que, "los magistrados me hicieron preguntas inadecuadas". Si una persona como congresista delinquió, como congresista tiene que responder. Eso no es malo, es bueno para la grandeza de la Patria.
Fueron cuatro los congresistas que por sus presunta conductas antisociales empujaron el cambio de jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia no aceptó la renuncia al fuero porque los magistrados consideraron que los hechos ocurrieron cuando eran congresista y por lo tanto el fuero se mantiene. Eso no es malo, es la ley y la rectitud, la verticalidad que reclama la justicia. Curiosamente uno de estos políticos presos esta semana fue un invitado a la posesión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ahora deberán explicar en indagatoria sindicaciones de posibles alianzas entre los años 2002 y 2006 con grupos paramilitares. Hay que precisar que no fueron los magistrados quienes establecieron que ellos tenían que ser los investigadores y jueces de los congresistas. Normalmente el procedimiento se da así: El ejecutivo elabora la norma que es luego aprobada por el congreso gobiernista y después es el presidente es que la sanciona. Los jueces o los magistrados simplemente la aplican como el presidente y los congresistas le dicen que debe ser. Si no lo hacen así, cometerían el delito de prevaricato.
