Un paso a lo social
Consejo de Estado anuló una resolución del ministerio de Protección Social que establecía que el costo de los medicamentos fuera del POS tenía que ser reconocido por partes iguales entre el Fosyga y la EPS. Era una norma perniciosa para el paciente quien a pesar de sus dolencias se veía obligado a realizar trámites ante la justicia. Las EPS, lo sabemos todos, son empresas dedicadas a la explotación comercial, lucro infinito, mientras las necesidades humanas no les interesa para nada. La sentencia obliga al Estado a pagar el 100% de los medicamentos suministrados fuera del Pos. La nueva realidad nacional precisa que "el Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, tendrá que asumir la totalidad de los medicamentos ordenados por la ESP y autorizados por ésta, sin que de por medio exista una tutela". El freno al desequilibrio social ha sido bien recibido porque beneficia la sin restricciones.
Esta sentencia se convierte en un avance social, así sea a la fuerza, para que el Estado asuma su responsabilidad frente a la salud que estaba llegando a extremos increíbles de irresponsabilidad. Es un avance en lo social, política a la cual se niega rotundamente el gobierno nacional, porque su creencia la basa en la ganancia económica y no admite como válidos los dividendos sociales. En otras palabras, le interesan los millones de pesos que pueda evadir y no el bienestar de la comunidad. Cuestión de segundo orden para el uribusmo. La sentencia ordena: "En ese sentido, al ordenarse el suministro de medicamentos no previstos en el contrato que no forman parte del mencionado POS, ni tienen homólogo en el listado de medicamentos, es el Estado quien debe asumir el 100% de su valor, precisamente por tratarse de obligaciones adicionales cuyo costo no debe ser asumido por las EPS".
Siempre hemos sostenido que el Gobierno de, Álvaro Uribe, ha sido en la historia de Colombia, la administración en donde han sido más notorios y dolorosos los desequilibrios sociales. El alto tribunal tomó la determinación al evidenciar que las normas del Ministerio de Protección Social "sí está propiciando un desequilibrio económico", al obligar a las entidades que forman parte del sistema de seguridad social en salud y asumir el 50% del costo de los medicamentos no incluidos en el POS. El fallo señala que el régimen de la seguridad social en salud utilizado en Colombia por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, "admite la existencia de desequilibrios económicos que pone en riesgo la prestación y la continuidad de los servicios de salud, en términos de universalidad, oportunidad y calidad". El Ministro de Seguridad Social ha dicho que está estudiando una formula nueva de fomento del desequilibrio social y económico, para trasladarle al usuario los costos que la sentencia le quitó a las EPS.
El Pos, según algunos ejecutivos de las EPS es una limitante peligrosa a la aplicación de los medicamentos que el paciente necesita. Además, si se investigara, se llegaría a la con conclusión que es un factor de corrupción. Es el cuadrilátero en donde las empresas fabricantes de medicamentos se enfrentan por un mejor posicionamiento de sus artículos en el mercado, procurando de la misma forma, que los de la competencia sean eliminados. A esa gente no los importa cuestión diferente que las ganancias monetarias que se desprenden de estar o no estar dentro del Pos, sitio de privilegio en el mercado. Ante este hecho la ciencia no vale como tampoco que los medicamentos sean realmente efectivos o no ante una dolencia. El Pos, que fue una creación de, Álvaro Uribe Vélez, cuando fue senador y simplemente es un atentado contra la salubridad pública. Tiene que desaparecer y debe ser el médico tratante, sin limitaciones de ninguna naturaleza y menos gananciales de una empresa comercial, quien determine la forma como va a curar al paciente. De todas formas la sentencia del Consejo de Estado es un paso a lo social y coloca al ser humano sobre las ganancias comerciales, despejando un poco al poder judicial atascado por los desequilibrios sociales establecidos y estimulados por el Gobierno Nacional.
