Corte penal Internacional.
No siempre la misma medicina sirve para curar todos los males. Una puede servir para el corazón, pero afectar el sistema nervioso, por lo que para su utilización sería necesario conceptos a fondo de un profesional. Eso estaría sucediendo en Colombia. El presidente, Álvaro Uribe, esta afanosamente interesado en castigar el narcotráfico, pero no así los crímenes de lesa humanidad en proceso de confesión por parte de los paramilitares. Ellos mismos, presos en las cárceles de Estados Unidos, han denunciado los obstáculos que el gobierno de Álvaro Uribe le esta colocando a la aplicación de la ley de justicia y paz. El gobierno estaría interesado en estropear aspectos relacionados con "la confesión y reaparición". Pareciese que luego que generó una ley a las carreras y en forma inconsulta en el congreso, no está interesado en que se aplique. Los motivos del gobierno son desconocidos por el momento.
En los últimos meses ha habido muchas noticias procedentes de la Corte Penal Internacional. El cuerpo diplomático colombiano advierte que, "...la Fiscalía y la Corte están analizando algunos delitos de lesa humanidad. Colombia en este momento está básicamente en esa etapa de análisis preliminar". Entre esos razonamiento han sido motivo de estudio infinidad de declaraciones y documentos gubernamentales. La CPI tiene la convicción de que, "Los recientes desarrollos, y sobre todo la decisión de desterrar a Estados Unidos a 14 paramilitares por crímenes ligados al narcotráfico, algunos de los cuales habían confesado sus lazos entre la política colombiana y el paramilitarismo, podría ser interpretado como la falta de voluntad de proceder de modo auténtico a los culpables, obstaculizando el propio proceso de paz... ".
Numerosas organizaciones internacionales y locales en sus pronunciamientos públicos y ante la CPI, "acusan al gobierno de querer aplicar un indulto escondido por aparentes instrumentos de verdad y justicia, sin asegurar realmente la justicia ni la protección a las víctimas. Por otro lado, la propia Corte Constitucional colombiana ha mantenido la ley conforme a las obligaciones internacionales del Estado, ya que prevé la aplicación de sanciones alternativas sólo en presencia de determinantes requisitos, que requieren una estrecha colaboración con la justicia y una adecuada indemnización para las víctimas, con el objetivo de reconstruir la paz dentro del país".
A partir de agosto de 2009, cuando termine el periodo de siete años en los que Colombia no está sujeta a la jurisdicción de la Corte, dispondrán de mucha documentación. Será el momento que "la CPI podrá decidir, de hecho, abrir una investigación sobre los crímenes cometidos. En cada caso, ya son aplicables las disposiciones en cuanto a los crímenes contra la humanidad... La posibilidad de una futura implicación de la CPI en Colombia dependerá, por lo tanto, de la correcta aplicación de la ley y de la efectividad del alcance de los objetivos de restablecimiento de la paz, de desarme y de reintegración de las fuerzas paramilitares y de la reconciliación".
El embajador de Colombia en los países bajos, Francisco Lloreda, dijo que la Corte Penal Internacional de Justicia de la Haya (CPI) está "vigilando" los delitos de lesa humanidad que se cometen en Colombia. Lo verdaderamente valioso de la historia se fundamenta en que el la Corte Internacional no comulgan con ruedas de molino, como el gobierno pretende que los colombianos lo hagamos. La CPI sirve de mucho, especialmente para poner freno a la impunidad que de una u otra forma buscan imponer desde las altas esferas del estado. Si los colombianos no encuentran justicia en el país, por que desparecen los testigos y las pruebas y luego les ponen obstáculos políticos para que se conozcan, con la corte Penal Internacional será más difícil.
