No más honorables de solo etiqueta
Lo importante en eso de las investigaciones administrativas y penales sobre la “parapolítica” no es que echen a los políticos a la cárcel y les confine allí por toda su existencia. Lo importantes es que haya sanción verdadera y sobre todo escarmiento moral, para que no solo sirva como castigo por sus desafueros cometidos, también como ejemplo para el resto de colombianos. Hay momentos que da tristeza ser colombiano al observar que los ejecutores de la ley en cambio de aplicarla con todo el rigor, hacen todo el esfuerzo para crearle grietas para que el responsable escape por allí. Estos actos que algunos califican de “viveza o inteligencia” no son más que una de las causas por las cuales el país está en las condiciones actuales, escándalo tras escándalo y miseria moral en forma abrumadora.
Las informaciones divulgadas por las agencias de noticias internacionales señalan que “El ex senador Salomón de Jesús Saade Abdala y el ex representante a la Cámara José Rosario Gamarra Sierra, fueron destituidos e inhabilitados 20 años por decisión de la Procuraduría General de la Nación por su vínculos con ‘Jorge 40’… la promoción y auspicio dado por el Bloque Norte de las Autodefensas les facilitó el camino para que los ex parlamentarios alcanzaran una curul en el Congreso de la República para el período 2002 – 2006.” Buena medida si se tiene en cuenta que estas personas en la práctica no volverán a la política, quedarán arrinconadas para siempre como consecuencia de sus acciones.
No se trata de sentir alegría o cuestión parecida por el castigo impuesto. Simplemente con la determinación de la Procuraduría se les está diciendo a los colombianos que “quien las hace, las paga”. Que la impunidad no debe seguir anidando en los altos estratos políticos y que tienen, por las buenas o las malas, que evolucionar a estar integrados por gente de reconocida honorabilidad. La investigación probó que los sancionados “hicieron parte de la conformación de distritos electorales en el departamento del Magdalena, que fueron diseñados por las Autodefensas para consolidar la hegemonía de la organización delictiva y acceder a escenarios de poder y decisión”.
El raciocinio de los investigadores de la Procuraduría se identifica con nuestra forma de pensar: ““No es razonable, ni tiene justificación, que funcionarios públicos de las calidades de los congresistas, recurrieran a maniobras ilícitas para llegar a ocupar una curul y se amparen bajo las funciones que en principio deberían cumplir, para favorecer a un grupo armado ilegal olvidando que su prioridad es defender los intereses de la Nación”. Lo impuesto es la más alta sanción disciplinaria aplicada hasta el momento. Es el reproche de Colombia a dos privilegiados, por su proceder ilegal para acceder a los cargos públicos. A la política solo deben llegar ciudadanos a quienes hay que hacerles la mayor exigencia moral, ética y profesional del país. No más honorables de solo etiqueta incrustados en el poder público.
