Nuevo despliegue de deshonestidad
La Fiscalía compulsará en los próximos días, copias de un verdadero acervo de documentos que pueden servir de apruebas, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia e iniciar de esa forma una averiguación formal. La determinación procura una acción penal donde se investigue a congresistas deshonestos e indignos de sus cargos. La inquietud está especialmente enfocada a establecer los sobornos que directivos de la firma DMG entregaron para aprobar la reforma financiera de manera que los favoreciera económicamente. Son los famosos “lobby” que en Colombia han tenido desarrollos insospechados y convertidos en una práctica común y corriente en donde ha incurrido hasta el gobierno.
Como ocurre siempre que la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia inician una investigación, surge la voz oficial del gobierno que procura desvirtuar a los investigadores. El ministro de Hacienda, sobre este tema, dijo que desconoce la “supuesta” intención de compra de votos parlamentarios por parte de la firma DMG, para que fuera aprobado un artículo de la reforma financiera sobre la regulación de las tarjetas prepago. Indicó que “no existe”, que él sepa, “evidencia alguna sobre el denunciado intento de soborno que ahora investiga la Fiscalía General de la Nación… Que a mi me conste no…” Destacó de la misma manera que “el polémico artículo es de origen parlamentario”.
Hasta cuando tendrá el país que seguir viviendo el triste espectáculo que de que el gobierno “no sabe nada”. Esta respuesta se ha dado en todos los escándalos en donde se han visto involucrados funcionarios del Estado en investigaciones penales. No sabían nada cuando las chuzadas telefónicas, no sabían nada de la orden de investigar ilegalmente a senadores de Polo, no sabían nada de la influencia de los paramilitares en las elecciones del 2002 a la fecha, no sabían nada de los falsos positivos, etc. A pesar de que “no sabía nada” sus funcionarios incluido el presidente tratan siempre de desvirtuar las investigaciones sembrando la duda y evaporar su repercusión e importancia.
La fiscalía sospecha que “hubo sobornos para aprobar la reforma financiera”. Con eso basta. La petición para que intervenga la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, se originó luego de que ante un juez de garantías fueran reveladas varias grabaciones. Allí se evidencia la intención de pago de millonarias sumas de dinero para que se aprobara un artículo en el proyecto de ley que favorecería a DMG. Esta determinación no tiene reversa y por más que el ministro de hacienda busque tender un mando de duda y restarle importancia a la investigación, en poco tiempo estaremos presenciando el espectáculo de nuevos congresistas urbistas condenados por un nuevo gran despliegue de deshonestidad.
