Trabajadores, la discriminación y el abandono
Las noticias sobre la realidad nacional colombiana, sin adornos y escuetas, señalan que un total de 474 sindicalistas han sido asesinados desde agosto de 2002, en el momento en el que el presidente Álvaro Uribe asumió el poder. La denuncia las hicieron las centrales obreras y los pensionados del país, basados en documentos que reposan en su poder. La impunidad es del orden del 97 por ciento de los 2.684 casos de homicidio de líderes sindicales que han tenido lugar en los últimos 23 años. Las organizaciones de trabajadores, creen que la violencia y la falta de justicia sigue siendo la norma. El presidente Uribe fue informado mediante una carta abierta divulgada nacional e internacionalmente. Una copia fue enviada al nuevo presidente de los Estados Unidos y a los congresistas demócratas.
En la nota, la CUT, la CTC y la CPC señalaron al mandatario por haber dado preferencia a "una política laboral centrada en desmontar los derechos laborales y en descalificar y desconocer las organizaciones sindicales como legítimos representantes los trabajadores… tras asumir en agosto de 2002, eliminó el Ministerio del Trabajo, que fue fusionado con el de Salud en el de la Protección Social; promovió "leyes regresivas en materia laboral, pensional y social y privilegió como ningún otro el capital y la actividad de las empresas". Los trabajadores tienen el convencimiento de que el gobierno de Uribe ha sido negativo para empelados, obreros y pensionados de Colombia.
Los sindicalistas y de pensionados consideraron que es necesario que el Gobierno se comprometa en la discusión de una agenda, que ellos tienen elaborada y que está conformada por 16 asuntos puntuales de orden social y de beneficio para el trabajador y el jubilado. Aparecen como base de las conversaciones las garantías a la libertad sindical, el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros foros. El presidente se tiene que comprometer ante el país y el mundo a abandonar de una vez y por todas su política de "señalamientos y estigmatizaciones", sin fundamentos reales, contra los sindicalistas. Que haga un seguimiento, a las investigaciones sobre los crímenes mencionados y repare a las víctimas, entre otros aspectos.
Los trabajadores fueron invitados recientemente a la Casa de Nariño, pero desecharon la invitación. La malicia indígena les señala que con este tipo de invitaciones Uribe busca publicidad en la televisión, la radio y la prensa en momentos en que se acerca un nuevo gobierno en los Estados Unidos. El mandatario colombiano quiere aparecer como un hombre que “dialoga con los sindicalistas” con la realidad es totalmente diferente. Las centrales obreras y pensionales no aceptarán ser utilizados en estos momentos de crisis de su política discriminatoria. La imagen negativa que tiene su gobierno con los sectores trabajadores, de empleados, obreros y pensionados se la ha dado él mismo con sus acciones. Uribe no puede mostrar que tiene interés y afecto con los trabajadores porque no es asì.
