Rumbo al despeñadero... patria mía
Nunca antes se había presentado en Colombia una crisis financiera – emergencia económica, como la que explotó tan ruidosamente con las “pirámides”. Más de millón y medio de incautos, datos no oficiales, ante la avaricia y la falsa premisa de un rápido enriquecimiento, han perdido todo lo que tenían. Esto tiene su génesis en que nuestro país se ha con vertido el paraíso de los estafadores para quienes el Estado les ha mostrado el más alto grado de tolerancia y casi que admiración. No se ha cuantificado el valor de la estafa, pero se calcula que podrían sobrepasar las ganancias del capitalismo salvaje de los bancos que hay en el país. En esta ocasión los no tentó a los exportadores, ni a los banqueros, ni comerciantes y menos industriales de alto rango, las víctimas fueron a las gentes de abajo, por lo que el gobierno no ha mostrado el afán debido.
La estafa de los “pirámides” comenzaron a tomar forma en el la patria de Uribe de hace unos tres años. A principios del 2008 colapsaron algunas de ellas. Era el tiempo en que el gobierno debiera haber comenzado a tomar las medidas para proteger a los colombianos de los estafadores, pero no fue así. El valioso tiempo de los funcionarios se fue en estériles agravios contra los políticos de la oposición, los tribunales de justicia, la fiscalía, ONG de derechos humanos y otras cosas. A partir del mes de octubre, no colapsaron una que otra pirámide, se vino una verdadera avalancha en todas las ciudades y pueblos del país. Los reclamos y las voces aisladas se convirtieron en problema de orden público que ya ha arrojado muertos y obligado a la policía a enfrentarse con las víctimas, mientras en otras ciudades las autoridades han tenido que declarar el toque de queda desde el medio día.
Las noticias de ayer señalaban que en el país hay más de cinco mil denuncias contra los “directivos de las pirámides”. Ayer en varias ciudades los damnificados hacían largas colas para entablar nuevas denuncias en las instalaciones de la fiscalía, particularmente de las ciudades del sur del país. Del presidente Álvaro Uribe se sabe que en las próximas horas dará declaraciones a los medios donde asegurará que “no sabía de la gran estafa colectivas y que por primera vez en los últimos 40 años en Colombia se van a tomar medidas contra esa situación… Esas son cosas de los gobiernos anteriores no controlaron…” Aun cuando contra los estafadores es posible tomar algunas medida penales, pocos meses de arresto por captación ilegal de dinero o por estafa, por la vía administrativa “se está pensando” en la posibilidad de hacer algo para evitar que de esta hecatombe económica, la reina sea la impunidad. Las acciones administrativas han sido nulas e inocuas.
Estamos asistiendo a una tragedia de gran magnitud en donde por avaricia e ingenuidad cayeron millones de colombianos. Álvaro Uribe es el jefe de la administración pública colombiana, es el responsable de todo lo bueno y malo que pase. Su responsabilidad según la ley, puede ser por acción o por omisión. El problema lo dejaron crecer y avanzar. Solo de una semana para acá la policía está actuando para capturar estafadores y recolectar pruebas. ¿Por qué esperaron hasta cuando la avalancha se hizo incontenible? ¿Porque se desconocieron olímpicamente las alertas tempranas que comenzaron a surgir desde el mes de enero? ¿Suma esta crisis económica colombiana puntos negativos en el manejo del país? Colombia patria mía, vas muy mal rumbo al despeñadero total.
