El incumplimiento gubernamental originó el problema
Miles de indígenas colombianos volvieron a las carreteras y marchan hacia Bogotá. Reclaman el cumplimiento de acuerdos sobre entrega de tierras y respeto a sus derechos, luego de que un debate público con el presidente, Álvaro Uribe, sin resultados. Los nativos partieron de la ciudad de Cali y del municipio de La Plata y esperan confluir en la localidad de Espinal el 23 de noviembre. El arribo a la capital está previsto para el 28 de noviembre. El recorrido desde ambos puntos será de 480 kilómetros. Podrían llegar a concentrarse treinta mil o más personas. Una caravana de vehículos cargados de plátano, yuca y maíz les servirá de sustento en su dieta alimenticia y agua potable.
Los indígenas reclaman la entrega de tierras que prometió el Estado tras haber admitido su responsabilidad en la matanza de 20 indígenas en 1991. Un acuerdo derivado de ese caso obligó al gobierno a titular 15.663 hectáreas, de las cuales están pendientes 4.263, pero los aborígenes sostienen que sólo el 40% de esos terrenos es cultivable. Solicitan la entrega de 8.000 hectáreas prometidas mediante un decreto en 1999. Insisten en que estudios del Incoder -entidad que ejecuta la política agraria- calcula en 208.000 hectáreas las necesidades de tierras de las etnias caucanas. Nada de esto es nuevo ni son pedidos abusivos como se ha querido hacer ver. Es la simple acumulación de incumplimientos por parte del gobierno.
Los indígenas colombianos no son los nativos de hace 500 años. Hoy están en capacidad de defenderse con lujo de competencia. Como hubo pronunciamientos reiterativos del presidente, Álvaro Uribe, en su contra, reclaman el resarcimiento del buen nombre del movimiento aborigen. Uribe les acusó de estar infiltrado por la guerrilla de las FARC lo que les causó daño moral. Piden a adhesión plena de Colombia a la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígena. Quienes reclaman ya no son los iletrados y sumisos esclavos de otras épocas. Buena parte de estos pueblos son profesionales de todas las especialidades por lo que es muy difícil de engañar y manipular.
Cuando reclaman no ser considerados como ciudadanos de segunda señalan que “No se tuvo en cuenta a los indígenas para el TLC, como lo registra el convenio 169 de la OIT, donde dice que se debe consultar a dichas comunidades para los proyectos o planes que puedan afectar su cultura. Ese convenio fue ratificado en Colombia por la ley 21”. Urge al presidente Uribe cumplir con el decreto 982 ya firmado en el resguardo de La María, Piendamó, “donde se declara a las comunidades indígenas en emergencia social, económica y cultural en temas como la salud, la educación y la producción agropecuaria”. Hasta hoy ha sido puro papel para darles “contentillo”. Hay muchas otras cosas más las que aún cuando no sobran, con lo ya señalado se ve claro que el problema lo ha originado la falta de palabra y gestión del gobierno.
