La medicina peor que el mal
Lo que el pueblo colombiano viene denunciando a torrentes por todos los rincones de la Patria de Álvaro Uribe, no tiene justificación de ninguna naturaleza. Son acontecimientos tanto o más criminales, los cometidos por elementos integrantes del Ejército Nacional, como los consumados por la guerrilla, los paramilitares o los narcotraficantes. Hoy la gente se pregunta, ¿Cuándo la sal se corrompe, que se puede esperar de ahí en adelante? La violación de los derechos humanos y los crímenes de estado que fueron denunciados por organismos internacionales de derechos humanos, recibieron como respuesta gritos, amenaza y declaratorias de enemigos de del gobierno para desprestigiarlo, pero no es así. Se quiso tender una cortina de humo y diluir las denuncias en el aire. Fue imposible. La avalancha voces pidiendo seguridad y justicia se hizo incontenible, como fue imposible reprimir las investigaciones contra los parapolíticos.
A raíz del caso del grupo 11 jóvenes desaparecidos en Soacha y Ciudad Bolívar, encontrados muertos días después, en Ocaña y Cimitarra en supuestos enfrentamientos con la guerrilla, el Ejército destituyó a tres oficiales. La cuestión no paró ahí, por el contrario comenzó a crecer como espuma. Los familiares de las víctimas se despojaron del temor y del miedo y el Ejército admitió la ejecución de “falsos positivos”. La fiscalía comenzó a escuchar a los querellantes tomándolos en serio. Pocos días después fueron 27 los militares señalados, incluyendo tres generales. “Es muy grave que este tipo de violaciones se den cuando está establecida una política de Seguridad Democrática en el país… este es el resultado de pedir acciones exitosas para mostrar a costa de los que sea y valorando los éxitos militares por el número de las bajas en combate…”
El propio fiscal general de la nación se ha mostrado consternado ante los medios de comunicación por la gravedad de los hechos, mientras el presidente anda como loco hablando singularidades, muy de él, en don de solo traduce desespero porque no lo vayan a untar con el escándalo. El salvajismo de los autores de los “falsos positivos” es increíble, fue un remedio peor que el mal. ¿Estaban acosados por dar resultados, los militares, que no tuvieron empacho en asesinar y violar los derechos humanos de jóvenes, en número aún no determinado, para que las políticas del gobierno con el fin de destruir la guerrilla brillaran? ¿Qué viene de ahora en adelante en materia judicial para las víctimas? ¿Se consolará la Patria con las destituciones los militares señalados? ¿Cómo se va a garantizar que todas las víctimas se acerquen a la fiscalía y sus vidas no corran peligro?
La política de Seguridad Democrática quedó machada en lo nacional e internacional. ¿Será posible convencer a los colombianos, gobiernos y organismos internacionales de que se trató de “casos aislados” donde el Estado y sus más altos agentes nada tuvieron que ver? “…pudo haber negligencia que facilitó impunidad y resultados irregulares en total contravía con la política de Seguridad Democrática…” ¿A partir de dónde? ¿Quiénes se beneficiaron con esos falsos positivos? Hasta el momento, zonas como Sucre, Santander, Antioquia no celebran, por el contrario, lloran los resultados de la Seguridad Democrática.
Nota.- Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones por homicidios cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, se han incrementado en más del 50% desde el año 2006. De acuerdo con la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se adelantan 558 casos, de los cuales 383 comenzaron en los últimos tres años. Vinculado 685 miembros del Ejército, 36 policías y cuatro DAS. En los procesos figuran 1015 personas como víctimas, 933 son hombres, 82 mujeres y 48 menores de edad. Desde 2002 se han incrementado notoriamente el número de investigaciones y de víctimas. Condenadas 42 personas que pertenecían al Ejército.
