La responsabilidad es del gobierno
En un país donde la Constitución Nacional condena la desigualdad y la discriminación, no hay razón valedera para que unos sean mejor pagaados que otros. Las altas cortes y consejos judiciales consideraron justa la exigencia de nivelación salarial de los empleados de la administración de justicia del país. El pronunciamiento surgió de una reunión de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, integrada por los presidentes de las cortes Suprema de Justicia, Constitucional, Consejo de Estado, Superior de la Judicatura, tribunales superiores y contenciosos administrativos de todo el país.
La huelga, para reclamar igualdad tratamiento salarial con otros sectores del poder público se inicio el 3 de septiembre y hasta el momento ha sido imposible llegar a un acuerdo. Las ofertas del gobierno a través del Ministerio del Interior y de Justicia no satisfacen y están muy lejos de la igualdad. Por los medios de comunicación en forma velada diferentes sectores del ejecutivo han hecho declaraciones públicas con nítidas pretensiones de volcar la opinión pública en contra del poder judicial. El movimiento que tiene carácter de indefinido se mantiene firme. El propio presidente asumió el puesto de negociador por parte del gobierno, pero no sirvió de nada.
Los tribunales de justicia de todo el país consideran unánimemente que “la baja remuneración desestimula la calidad, la estabilidad y la dignificación de la justicia”. Indudablemente eso es verdad, no solo en la justicia, lo es en todas los sectores de la actividad humana. Un trabajador discriminado y mal remunerado no rinde lo que debe ser y puede llegar a convertirse en presa fácil de las tentaciones. Eso también es de humanos. En muchas ocasiones hemos escuchado al presidente fustigando a la justicia por la baja calidad y lentitud en su trabajo. Ahí tiene la oportunidad de contribuir a la solución de lo que él considera vicios de la justicia.
Las ofertas del gobierno han sido de 66.000 millones de pesos para nivelación de salarios en dos años. Esa cantidad, solo equivale a cerca de un diez por ciento de las aspiraciones económicas de Asonal Judicial. Los trabajadores en huelga aseguran que “el incremento salarial debe estar acorde a la Ley”. El sindicato advirtió que “Están dispuestos a discutir el monto presupuestal, pero sobre la base de que el gobierno suba su planteamiento de 66 mil millones…” Por parte del gobierno se estancó en la oferta, rodeándola justificaciones que ni creen ni aceptan los huelguistas. Los discursos públicos ministeriales fueron considerados “grotescos, agresivos y amenazantes que obligan a afianzar mas la posición sindical”.
Lo que queda claro de esta situación es que los trabajadores del poder judicial plantearon al gobierno aspiraciones salariales enmarcadas en la ley en busca de nivelación salarial con los trabajadores de los otros dos poderes públicos. La respuesta de quienes deben solucionar los problemas no ha sido positiva y antes por el contrario han habido voces amenazantes por los medios de comunicación. Que el gobierno no está tratando con gente de bajo nivel intelectual, como podría ser con otros sindicatos, aquí son gentes pensantes a quienes es difícil convencer con palabras huecas. Que es el gobierno, solo el gobierno, el que tiene la solución al conflicto y por ese motivo la responsabilidad de la parálisis en la justicia.
