Excluyente y poco cerebral
La nueva iniciativa de reforma a la justicia planteada por el gobierno no soluciona los verdaderos problemas estructurales de la rama judicial. Son muchos y de importancia fundamental para la buena marcha de la justicia. Uno de los más significativos es la desigualdad en los salarios de la rama judicial frente a las asignaciones que tienen los empleados públicos en otras ramas como la legislativa y el ejecutivo. La reforma actual no plantea ningún beneficio para el ciudadano del común, es limitada y excluyente de todos los problemas generales de la justicia colombiana. Es una reforma constitucional caprichosa. Improvisada e inconsulta, limitada a beneficiar solo una parte muy ínfima de los colombianos.
La reforma a la justicia no contempla una nueva y efectiva estructura para juzgar al Presidente, los magistrados y altos funcionarios del Estado. La Comisión de Acusaciones de la Cámara, es una célula judicial inocua y que desde sus principios no ha operado. Es un organismo que de acuerdo con sus resultados ha sido inoperante y pésimo ejemplo de impunidad. Fallan de conformidad con las gabelas, puestos y contratos que se les ofrece. No son autónomos ni independientes y con toda la frecuencia del mundo van a reunirse en almuerzo y desayunos con sus investigados para “discutir” la acción a seguir.
La reforma, según expertos en la materia, no contempla un mecanismo eficaz que permita declarar a tiempo la ilegalidad de los actos administrativos expedidos por el gobierno. Es increíble e injusto que después de tres o cuatro años, una norma resulta ilegal. La ausencia en las normas judiciales de una herramienta ágil evitar que la ilegalidad esté por encima de la justicia y la rectitud en el Estado/gobierno, no se tienta en la reforma. Cínicamente dejan las cosas como están.
Otra es la necesidad que tiene el país de que se precise sin equívocos lo relativo a las extradiciones de delincuentes. Que se obligue al sindicado a responder primero ante la justicia colombiana y sus víctimas nacionales y luego a los otros países. Hay millones de voces que claman en todos los puntos cardinales justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por los paramilitares, lo que gracias a la extradición quedó en la impunidad absoluta. El gobierno antepuso el interés político puntual del presidente a la necesidad de justicia de todo el pueblo colombiano. Con los jefes paramilitares en las cárceles de Estados Unidos se entorpeció a la justicia nacional y la impunidad se consolidó. La responsabilidad no es de los jueces sino de quienes diseñan y aprueban las normas judiciales.
La justicia colombiana para hacerla más ágil requiere más de una veintena de modificaciones. que todas sean el resultado del estudio y análisis, confrontación intelectual y ajuste a los acuerdos internacionales que tiene el país. La actual reforma adolece de este criterio y por el contrario se ha visto la más grande de todas las improvisaciones que en materia de reforma a la justicia hayan existido. Tres cambios consecutivos en los textos y solo reflejan el poco respeto que tiene el presidente y su ministro del Interior hacia la Constitución Nacional. Esos funcionarios la igualan un boletín de prensa que antes o después de promulgado se puede modificar. La reforma es excluyente y poco cerebral.
