Sacándole el cuerpo a la responsabilidad
El gobierno de Colombia pidió perdón a los familiares de 342 personas que fueron asesinadas entre 1986 y 1994 por organizaciones paramilitares de ultraderecha en la localidad de Trujillo en el Valle. Son los mismos paramilitares que hoy involucran a políticos y narcotraficantes de diferente manera y de quienes han afirmaciones de haber dado su apoyo de violencia y sangre para llevar personas al poder. El vicepresidente, Francisco Santos, admitió en un acto público, que el Estado fue incapaz de garantizar la vida de las víctimas, de hacer justicia con los responsables de su muerte y de reparar integralmente a sus familiares. ¿Fue o sigue siendo?
En su presentación por los medios de comunicación, Francisco Santos, argumentó que "esto es parte de un pasado que nos avergüenza a todos…". Hay politólogos y observadores del funcionamiento del Estado quienes aseguran no se han podido identificar plenamente con el funcionario. Creen que no son solo cosas del pasado, también son presente en toda su extensión. El Estado de ayer, de hoy y de mañana es el mismo así se cambien los funcionarios y los gobiernos. Los criminales de extrema derecha de Trujillo, llamados paramilitares, son los que siguen haciéndole daño al país, sus instituciones y sus gentes. Son los mismos paramilitares y parapolíticos que llenan de noticias los diarios y canales de televisión y quienes en forma indirecta han generado enfrentamientos entre instituciones poniendo en peligro la democracia colombiana.
"Los problemas surgidos del paramilitarismo y sus secuaces los parapolíticos son el presente". La ultraderecha criminal y armada colombiana es acusada de dar muerte a más de 16 mil civiles, en las más de dos décadas de guerra. El vicepresidente señala que "produce vergüenza y dolor el papel de algunos miembros del ejército y la policía en estos hechos". Guarda silencio en torno al mismo papel que desempeñaron en los asesinatos decenas funcionarios corruptos atrincherados en el congreso (parapolíticos), el poder judicial (ejemplo el caso del hermano del ministro del interior) y el mismo ejecutivo buscándoles la impunidad en los crímenes de lesa humanidad como la Masacre de Trujillo.
"La complicidad, la negligencia en el deber de protección a los pobladores y de persecución a los asesinos, no tiene justificación", dijo el alto funcionario para señalar solo a policías y militares, jueces y Fiscalía, (los demás), pero no hablo de la responsabilidad del ejecutivo y el legislativo en el conjunto de cosas vergonzosas para Colombia. De otra parte pero en torno a lo mismo la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) de Colombia pidió ayer al Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) que repare sin demora a las víctimas del conflicto que vive el país, así como crear las condiciones para que cese la violencia y acabar con la impunidad de la que se benefician los autores de las masacres. ¡Qué vaina, siempre sacándole el cuerpo a la responsabilidad y echándole la culpa a los demás!
