En busca de una ruta de escape
Cuatro días fueron suficientes para cambiarle el rostro a lo que está sucediendo en Colombia. Tan preocupado está el Gobierno con la posibilidad de una investigación formal de la CPI que en la Casa de Nariño se dejó entrever una intervención del Consejo de Seguridad de la ONU que permita posponerla. El teflón de que se revistió Uribe para que nada se le pegara, parece que aquí no tendrá efecto. La presencia del Juez español Baltasar Garzón y el fiscal, Luis Moreno Ocampo, trajeron un alto grado de tranquilidad a los amantes de la democracia, la justicia y la paz. Se ratifica el pensamiento popular de que “Nadie esta exento de decir o hacer estupideces, lo grave es ponerle énfasis contrario…”.
En la Casa de Nariño hay un equipo muy amplio de “juristas” estudiando minuciosamente el documento fundador de la CPI el Estatuto de Roma. Allí se contempla el aplazamiento de las investigaciones en caso de una solicitud del Consejo de Seguridad de la OEA por un periodo de doce meses, prorrogables por el mismo lapso. (Total 2 años). ¿Qué demostraría una acción de esta naturaleza ante el mundo y la sociedad colombiana? ¿Miedo porque se llegue al fondo de situaciones como las que el país está viviendo en donde se acusa al gobierno de vínculos estrechos con bandas criminales? ¿El Consejo de Seguridad de la OEA tendría suficientes argumentos para pedir el aplazamiento de la investigación convirtiéndose en una formula de impunidad?
El Fiscal Luis Moreno Ocampo, luego de una almuerzo con el presidente Uribe a dicho que “Toda la sociedad colombiana quiere decisiones judiciales, es necesario mostrarles a los responsables. Eso es un clamor generalizado". Reconoció haber observado “temor” en el presidente Álvaro Uribe por una posible investigación donde su nombre apareciera como parte del expediente. Pero el fiscal asegura que “no habrá impunidad para delitos de lesa humanidad de los parapolíticos, paramilitares y la guerrilla de las Farc. El tribunal los sigue con ojo escrutador y que por ello absolutamente no habrá impunidad”. Los políticos quedaron notificados de que pueden ser llevados a la justicia La Haya".
El criterio recogido por, Moreno Ocampo, proveniente de todos los entrevistados por él, a excepción del presidente Uribe, es que “El Gobierno nacional los extraditó con el propósito de sustraer(los) de su responsabilidad penal" Las extradiciones molestaron al fiscal Luis Moreno y cree que ese concepto serviría como cabeza de proceso en la investigación. “Si el país no lleva los casos y los juicios, es mi deber hacerlo… para los sindicados es más importante un juicio en Colombia que un juicio en La Haya”. ¿Se insistirá en la casa de Nariño en actuar para permitir evadir responsabilidades ante los crímenes de lesa humanidad? ¿Les servirá la nueva ruta de escape que afanosamente buscan los asesores presidenciales?
