La sembradora de dignidad humana.
La tutela es en Colombia la figura jurídica de mayor aceptación y beneficio popular. Propuestas para quitarle su poder y cubrimiento han surgido de todas partes, pero ninguna ha tenido acogida. Sus principales enemigos permanecen agazapados entre los funcionarios de alto jerarquía, patrañeros, arrogantes y prepotentes. En un foro de magistrados celebrado recientemente se llegó a la conclusión que el problema no está en modificar la tutela, sino combatir las causas que la originan en forma masiva. Llegado el momento en que se le respete al ciudadano los derechos fundamentales, nadie la volverá a utilizar, pero mientras tanto tiene que seguir siendo la reina de las figuras jurídicas. La sembradora de dignidad humana.
“La tutela se convirtió en el ángel de la guarda de los colombianos. Es la herramienta fundamental y más rápida para que los colombianos hagan valer sus derechos. Es necesario reflexionar sobre modificar la administración pública, las superintendencias y la responsabilidad social de las empresas privadas al momento de prestar los servicios, antes que pensar en cambiar o reformar la acción de tutela. El problema no está en modificar jurídicamente la tutela sino tratar de combatir las causas que originan tanto acceso, tanta demanda”, fue el criterio expresado por el presidente de la Corte Constitucional. En otras palabras, el gobierno siempre ha pretendido buscar el ahogado río arrima.
El año pasado la Corte Constitucional profirió 1091 sentencias de las cuales 896 fueron por acción de tutela. Los colombianos vienen presentando cerca de 15 mil tutelas semanales y de seguir por este camino, solo este año se recibirán más de medio millón. Ante este vergonzoso hecho de violación de los derechos al ciudadano, la tarea para el Poder Judicial es grande, pero vale la pena por los efectos sociales que de su gestión se desprenden. “…lo único que le queda a los jueces es seguir velando por la protección de los derechos constitucionales que desde diferentes instancias del gobierno o la empresa privada insisten en desconocer caprichosamente. Nada justifica el desconocimiento de los derechos a la vida, la salud, educación, etc.
Lo importante para el país no es la comodidad o el desgreño de funcionario y las instituciones. Lo mínimo que debe existir en el gobierno/estado es conciencia plena del respeto a los derechos constitucionales. Que esos derechos no son un favor del funcionario al ciudadano, sino una obligación personal e institucional ineludible. En estos momentos que se habla de reforma a la justicia hay quienes creen que deben introducirse modificaciones en la sanción a quienes desde las altas posiciones irrespete los derechos de las personas: “Destitución inmediata, impedimento para ejercer cargo público por 10 años y arresto de un mínimo de un año sin excarcelación”. ¿Qué piensa Ud.?
