¿Qué hay detrás de la reforma judicial?
El problema no se esconde en la justicia que está actuando vertical y autónomamente. El problema grave radica en quienes deben acatarla, responder por sus actos dolosos y ser ejemplo para la sociedad colombiana. Hoy los magistrados, jueces y fiscales proceden según lo establecen las leyes, las que fueron aprobadas por los congresistas y diseñadas por el gobierno. Si hay debilidades se debe al presidente, sus ministros y los congresistas. Los jueces y fiscales simplemente aplican lo que está aprobado y sancionado. La primera reforma que se debe dar, es establecer sanciones muy ejemplares con cárcel por muchos años y multas considerables para quienes traten de torcer la justicia desde sus altos cargos y asaltando los límites claramente establecidos en la Constitución Nacional.
Colombia que es un país en donde el ejecutivo va proponiendo y haciendo aprobar cambios en la justicia de conformidad con quienes violaron la ley y así entronizar la impunidad para amigos y allegados. Colombia es un país, único en el mundo, donde cualquier funcionario de rango medio o alto se considera por encima de las Cortes Suprema y con autoridad para sindicar elevemente a magistrados, jueces y fiscales como delincuentes por aplicar correctamente la ley. Colombia es el único país en donde el presidente, sus ministros y asesores, invitan a los colombianos a desconocer las sentencias que no se ajusten a sus intereses personales y partidistas. No son los magistrados, los jueces y fiscales quienes están fallando, son otros y es el abuso de estos, lo que se debe reformar.
Por sus antecedentes eruditos aseguran que no es el actual presidente de la república, sus ministros, asesores ni congresistas, personas autoridad moral para hablar de reformas a la justicia. No es el momento ni son quienes anuncian las reformas a la justicia los más autorizados. Hay mucha cosa ambigua y con mal olor. Buena parte de los reformadores tienen expedientes vivos y sin definir. El ex presidente de la Corte Constitucional y Ex defensor del Pueblo, actual decano de derecho de la Universidad de Los Andes, Eduardo Cifuentes, señaló que “el Congreso de la República no tiene legitimidad para adelantar una reforma a la justicia teniendo en cuenta que muchos de sus integrantes están en la cárcel implicados en procesos penales derivados de sus presuntas relaciones con grupos ilegales… Este es un congreso por lo menos parcialmente espúreo… no es conveniente en este momento una reforma a la justicia".
Los presidentes de las altas cortes han señalado que no se identifican con la reforma porque se trata de una propuesta “improvisada” fruto de las emociones surgidas de un enfrentamiento de poderes. El Ministro del interior y de justicia, quien radicó la reforma a la justicia, pocos minutos después de posesionado y haber arremetió contra la Corte Suprema de Justicia, desconociendo sus fallos, poniendo en duda la rectitud de la institución judicial y señalando a los magistrados como posibles prevaricadores, no genera confianza. Eso deja un mal olor en el ambiente. ¿Qué busca el presidente y el ministro? Estamos con un gobierno que no da puntada sin dedal. "El problema no está en la justicia, por el contrario, la justicia está respondiendo y está respondiendo de manera autónoma".
