Desprecio por el agredido
Una de las verdades existentes en Colombia y en torno a la cual el gobierno hace un gran esfuerzo para que la opinión pública nacional e internacional no se entere a fondo, es el caso de los desplazados. Según el organismo de justicia y de control, la falla del gobierno de Álvaro Uribe y el desprecio por sus responsabilidades establecidas por la Constitución Nacional, es protuberante. "El programa de atención a la población desplazada por la violencia es uno de los más rezagados de la política pública", conceptuó el Contralor. Un criterio similar fue materia de información en la Procuraduría hace pocas semanas.
“Las tierras abandonadas por los desplazados puede superar los dos millones 900 mil hectáreas con un costo promedio de siete billones 200 mil millones de pesos… la gran mayoría de las familias desplazadas abandonó en promedio un predio productivo de diez hectáreas con un costo también promedio de dos millones 430 mil pesos por hectárea… las autoridades nacionales han mostrado gran desprecio por los millones de colombianos víctimas del desplazamiento forzado…”, conceptuó el Contralor, quien recordó como han buscado de manera de seguir despojándolos, pero ahora no son los guerrilleros, paramilitares o narcotraficantes, sino el mismo Estado.
“El gobierno no ha acatado debidamente la orden impartida por la Corte Constitucional y no ha entregado de manera oportuna los predios de los cuales dispone para atender a los desarraigados”. Ejemplo es el caso de las 17 mil hectáreas del predio Carimagua, cuya adjudicación a los desplazados por la violencia estaba predeterminada desde el 2004. Toda Colombia sigue aturdida por el episodio y recuerda a un ministro de agricultura arrogante y prepotente afirmando que nuestros campesinos no sabían trabajar el campo y que esas tierras quedan mejor en manos los conglomerados económicos. Por tratar de recuperar y reintegrarle a los desplazados los predios arrebatados a los deslazados, en manos del poder económico, el gobierno no ha movido un solo dedo y a parecer tampoco lo hará.
Para los colombianos, con siquiera, un miligramo de sensibilidad social, es triste ver como cada vez es más difícil para los desplazados volver a su vida rural. Para reiniciar sus vidas, alcanzar la estabilización social, económica y superar la condición miserable de desplazados que viven en las ciudades. Es inquietante que la Constitución, las leyes y los fallos judiciales no valgan cuando deben ser aplicados en beneficio de los desarraigados. Hay quienes piensan ha habido tolerancia por parte de la justicia a favor del Poder Ejecutivo para obligarlos a cumplir sus fallos. Es doloroso saber que tenemos un gobierno que defiende a morir al agresor (paramilitares) y desprecia a agredido (desplazados por ellos).
