Guerrilleros que quieren paz
Son más de 500 ex guerrilleros ubicados en diferentes cárceles del país quienes le han hecho una propuesta de paz al gobierno. Ellos han señalado que no quieren volver a las filas de las Farc y que los excluyan de los canjeables. De la misma manera, que les permitan ajustarse a la Ley de Justicia y Paz para recibir los mismos beneficios de los paramilitares. Se trata de gente que tiene mucha información para suministrar a la fiscalía, pero la respuesta gubernamental ha sido fría y huraña, muy diferente al entusiasmo y calor que se le ponen a las cosas relacionadas con los paramilitares.
“Los excombatientes quieren confesar verdades que a todo el país le gustaría conocer: relaciones de políticos departamentales y nacionales con las Farc, la infiltración de esta guerrilla en entidades públicas y en organismos de cooperación nacional e internacional e información sustancial en casos de secuestros que aún están sin resolver”, publica una revista de circulación nacional. Es poner a funcionar otro ventilador que permita la limpieza ética de la política colombiana y el gobierno colombiano.
En muchas ocasiones hemos escucha al presidente Uribe reclamar que, con la misma rigidez con que están enjuiciando a los paramilitares y sus colaboradores, los parapolíticos de diferentes niveles, también se proceda con los guerrilleros y sus colaboradores. Por eso sorprende escuchar al Comisionado de Paz dar declaraciones a los medios de comunicación: "El Gobierno no tiene una decisión al respecto. Habría que discutir mucho para saber si tomamos por ese camino o no… Para el Gobierno, la propuesta es tentadora y viable aunque presenta algunos inconvenientes jurídicos". El frío de los páramos colombianos no es tan intenso como el de las palabras del comisionado.
La propuesta llegó a través de Liduine Zumpolle, ex directora de la organización holandesa Pax Christi en América Latina. Los guerrilleros presos, que no quieren volver a la violencia, le pidieron que lleve la iniciativa ante el Congreso, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ella ha dicho: "Es muy importante que el Gobierno reconozca esta iniciativa con seriedad y responsabilidad. Estas personas hicieron una propuesta muy valiente y están exponiendo sus vidas y las de sus familias para aportar a la paz de Colombia". Ella llamó la atención para no cometer el pecado mortal de utilizar un eventual proceso con estas gentes para mejorar la imagen del Gobierno y plantar ahí.
Como es obvio, las amenazas contra quienes hicieron la propuesta surgieron en cantidades. Las situaciones más críticas se presentan en las cárceles de Cómbita (Boyacá) y La Dorada (Caldas), donde algunos internos que firmaron el pedido de postulación de la ley de justicia y paz, debieron auto aislarse en sus calabozos por miedo a que los maten durante las horas de recreo o comida. ¿Ante la indiferencia del comisionado de paz, queda preguntar en donde podría encajar la reclamación del presidente en el sentido de igual tratamiento para paramilitares como para guerrilleros y sus colaboradores? ¿A la hora de la verdad eso se convierte en simples palabras huecas y sin contenido diferente a darse imagen?
