“Los derechos humanos, el derecho humanitario y los derechos de las víctimas de los paramilitares deben tener una prioridad muy alta". La afirmación fue hecha en la Casa de Nariño por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour. De la misma forma aseguró que los grupos paramilitares que se desmovilizaron mantienen sus “estructuras políticas y económicas vigentes". En otras palabras no acepta lasa afirmaciones hechas por altos funcionarios del gobierno en el sentido que el Colombia no hay paramilitares y que los grupos que pretenden reemplazarlas son sectores localizados de la delincuencia común.
La Alta Comisionada opinó que en el proceso con las Autodefensas está "particularmente preocupada por el efectivo cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación… aliento al Gobierno a aplicar una política efectiva para la completa erradicación del paramilitarismo; esto es, una política que desmantele todas las estructuras políticas y económicas que mantienen los grupos paramilitares desmovilizados… Dichas políticas deben también apuntar a poner fin a todas las actividades ilegales de los paramilitares que no se desmovilizaron, así como a las de los nuevos grupos armados ilegales que surgieron después de iniciado el proceso de desmovilización".
Las informaciones, especialmente las provenientes de Antioquia y la Costa Atlántica, afirman reiteradamente que las víctimas de los paramilitares son objeto de permanentes amenazas por insistir en reclamar sus derechos establecidos en la ley de Justicia y Paz, (entre muchas normas vigentes). Cuando la información se torna permanente, es muestra de que muy poco o la efectividad de las medidas tomadas, no han arrojado ningún resultado. Por el contrario hay registros noticiosos de la mucha insistencia gubernamental en aliviar el posible peso de las futuras sentencias los paramilitares en sus diferentes niveles de responsabilidad.
El desequilibrio ha sido ostensible. Las víctimas del paramilitarismo, (De la guerrilla y el narcotráfico también), no han merecido el afán desesperado del gobernante como si lo han tenido los victimarios. Llegó a llamar “política de Estado” sus impulsos personales por alcanzar un favor especial para los paramilitares presos. Un ejemplo la necedad mostrada fue el enfrentamiento entre las Cortes Judiciales y el Gobierno por el tema de la sedición. Las victimas (desplazados) a pesar de tener sentencias judiciales a su favor, por la violación de sus derechos constitucionales, no han recibido tan afanosa diligencia.
¿Será falso y calumnioso que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU piense como lo está haciendo? ¿Será valida esa primera y última prioridad aplicada?
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