¿Esperan una catástrofe para actuar?

Una forma de atravesarse al desarrollo y buena marcha de las investigaciones de la parapolítica, es bajar la guardia en materia de seguridad para los magistrados o no responder a tiempo y adecuadamente a sus requerimientos. Sobre el tema hay quejas y justificaciones gubernamentales que no satisfacen plenamente. En estos momentos cuando se busca la verdad y la aplicación de la justicia en un gran empujón para liberar las instituciones democráticas de gente de dudosa reputación y actuación, no puede haber respuestas como las de que "estamos haciendo el esfuerzo". Las necesidades en materia de seguridad y financiación tienen que llenarse en forma inmediata, sin un día de demora. Ninguna justificación tiene validez pues no se puede flaquear cuando más seguro y sólido debe estar el Poder Judicial.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia Copete, denunció que "los magistrados auxiliares encargados de las investigaciones de la "parapolítica", no cuentan con suficientes garantías de seguridad para realizar su trabajo. La Comisión Especial de Investigación, que es la encargada de recopilar pruebas y testimonios contra los congresistas presuntamente relacionados con grupos paramilitares, no tiene la suficiente protección para avanzar en las indagaciones". Hay preocupación con la situación que afrontan los investigadores de la "parapolítica". Los sindicados y quienes están detrás de los hechos no son ángeles de la Virgen, son criminales de alto turmequé, por lo que es inaplazable el incremento del número de escoltas y de vehículos blindados.

Valencia Copete es reiterativo ante la opinión pública al explicar que "Es un hecho y no es nada extraño decirles que esta comisión no tiene la suficiente protección... la Corte solicitó recursos adicionales al gobierno nacional y al Consejo Superior de la Judicatura, para mejorar el esquema de seguridad de los nueve magistrados auxiliares que han sido fundamentales para las investigaciones sobre los presuntos vínculos entre políticos y paramilitares". La respuesta a las inquietudes no aparece. No le han aplicado el nivel de urgencia inmediata por parte de quien es recolectan y administran los recursos del Estado. El criterio de la obligatoriedad ha sido reemplazado por el de de dádiva o colaboración del ejecutivo para con el judicial. No se puede seguir con la tesis de hay "colaboración" sino pleno cumplimiento de la obligación de "financiación” a los requerimientos judiciales.

Estos reclamos y preocupaciones no son gratuitos. Mucho han publicado las estaciones de radio, periódicos y canales de televisión en torno a la avalancha de amenazas de los criminales y adeptos a la parapolítica para con los magistrados. Como sucede con todos los eventos en la Patria de Uribe, las soluciones llegan, pero después de las catástrofes. Posiblemente el poco ágil ministro del Interior y de Justicia este pensando que se trata de reclamos injustos y sin importancia que no lo trasnochan. (Respuesta habitual) y que prefiere que le demuestren que los magistrados auxiliares no tienen suficiente protección con una tragedia de marca mayor. ¡Que indolencia y estulticia!

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