La Salud, un derecho de última categoría

La salud para los colombianos sigue siendo un problema grave. Su manejo no ha sido el mejor, por el contrario, es tan malo que ha obligado la inmediata y necesaria la intervención de los altos tribunales de justicia para tratar de defender los derechos que le asisten a los nacionales en esa materia y sacar a los gobernantes del marasmo en que se encuentran. Hay afirmaciones muy ciertas en el sentido que la tutela no puede seguir siendo el único elemento eficaz y vàlido para proteger y garantizar el derecho a la salud. Dos noticias han surgido en los últimos días con las que mal parado al gobierno. ¿Es la salud un derecho fundamental o de última categoría?

El senador conservador por el Departamento de Santander, Alirio Villamizar Afanador, denunció que “el gobierno pretende eliminar el Seguro Social con un mecanismo poco transparente, como es el de introducirle una especie de "mico" al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, que nada tiene que ver con el drama social de los afiliados a la empresa de salud del Estado”. El parlamentario de la coalición de gobierno fue enfático en señalar que “El legislador señaló que los colombianos pobres necesitan una entidad estatal que les garantice la prestación de servicios básicos de salud, especialmente quienes padecen enfermedades de alto costo que las EPS privadas no atienden”. La afirmación “mecanismo poco transparente”es sorprendente en estas épocas cuando se han abierto grandes campañas para que la transparencia en los actos públicos sea entronizada en Colombia.

El Consejo de Estado ordenó al Gobierno Nacional, el pago inmediato a las EPS, ARS y demás entidades prestadoras de salud, de la totalidad de los dineros producto del recobro por medicamentos no incluidos en el POS, y de los tratamientos ordenados por medio de fallos de tutela en un plazo máximo de un mes. Son 460 mil millones de pesos y la demora es de más de dos años en el pago. Este descuido gubernamental ha puesto al borde del colapso financiero al sistema de salud colombiano. En adelante, el ministerio de Protección Social deberá resolver en un plazo máximo de dos meses, el pago de las cuentas de recobro a las EPS.

Lo del mico poco transparente, denunciado por, Alirio Villamizar Afanador, requiere una explicación y no puede seguir inapercibida la cuestión. (¿Será Villamizar Afanador subversivo, guerrillero y terrorista?) En cuanto a lo del Consejo de Estado, nuevamente se confirma la teoría de que gracias a los Tribunales de Justicia, sus sentencias algo presionan lo Social para los colombianos.

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