Una ley asocial y peligrosa
El proyecto de Ley Forestal que cursa en el Congreso contiene vicios que van desde la asignación indebida de facultades exclusivas del Legislativo al Ejecutivo, hasta el desconocimiento de la propiedad colectiva de las comunidades negras e indígenas y eliminación de controles a la destrucción de los bosques, denunció el Ministerio Público.
Contempla el libre aprovechamiento y movilización de los productos forestales de las plantaciones, quintando controles, autorización y salvoconducto de movilización, elimina el seguimiento a la explotación y al control del aprovechamiento ilegal de bosque natural. Que al libre albedrío de propios y extranjeros.
Desconoce la ley que instituye el derecho a la propiedad colectiva, ya que introduce la figura de un contrato de arrendamiento sobre las tierras ocupadas por las comunidades negras, étnicas y campesinas. Se darían los contratos en Bogotá.
Elimina de un tajo la necesidad de la consulta previa a las comunidades indígenas y grupos étnicos que por mandato constitucional el Gobierno debe hacer, conforme a acuerdos internacionales como el 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo.
Es una iniciativa asocial pues implantaría que las áreas forestales, agroforestales y silvopastoriles, dedicadas a la actividad agropecuaria, producción animal y aprovechamiento forestal, no serían objeto de programas de reforma agraria. Limitaría la reforma agraria solo a tierras improductivas.
A juicio de la Procuraduría la idea de los burócratas capitalinos elimina la protección de los derechos de las familias campesinas contemplados en la Carta Política en la “producción de alimentos y el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios”.
La norma asigna al Ministerio de Ambiente la facultad de establecer sanciones a los agentes forestales. Evade la jurisprudencia constitucional que dictamina en tema ambiental, es el Legislador el competente para establecer el derecho sancionador. Mala cosa.
