Recurso para el presente y futuro

 En un país como el nuestro, en donde quienes se consideran nuestros lideres del gobierno, la política o la empresa privada no tienen ningún reato de conciencia, ni freno moral para cometer los crímenes más horrendos y así alcanzar sus metas personales de poder y riqueza, organismo internacional como la CPIJ serán bienvenidos. En una patria como la nuestra, en donde los poderosos perpetran los delitos y luego posan de virtuosos,  arremetiendo contra fiscales, jueves y magistrados por cumplir la obligación de investigarlos, la CPIJ serán un bálsamo para las dolencias de la sociedad colombiana. No es que esa Corte Internacional de Justicia vaya a reemplazar la justicia Colombiana, no, pero, si servirá para recordarle a los "dueños del poder", corrompidos hasta los tuétanos, que si aquí no hay justicia o no la dejan actuar, los colombianos victimas la podría encontrarse en otras partes, en donde el tráfico de influencia tenga poca importancia y que ni los presidentes, ministros, políticos de alto vuelo o ejecutivos de grandes empresas se puedan escapar. Uno de esos ejemplos es el propio presidente de Colombia quien ahora pretende y ha buscado afanosamente reemplazar con sus ministros la Corte Suprema de Justicia.

Integrantes de la CPI advirtieron sobre la necesidad  que hay en Colombia de castigar a los responsables de delitos atroces y su capacidad y competencia de juzgar a los "máximos responsables, en caso de que no lo haga de manera efectiva la justicia colombiana". A esta Corte Penal no se le escapará nadie. Los "parapolíticos", son sus objetivos cercanos, porque, gracias a su apoyo y estimulo, los paramilitares, se desbordaron  y  cometieron  tantos crímenes de guerra o lesa humanidad, que hoy, permanecen en la impunidad. "Si las Cortes nacionales no juzgan a los máximos responsables por los crímenes más graves, lo terminará haciendo la Corte Penal Internacional". El gobierno cree que en Colombia no hay causal para que abran una investigación por crímenes de guerra. Eso dice el gobierno, en algunos casos señalados como responsable. "No lo han dicho los competentes en la materia". A pesar de las arremetidas del presidente y sus ministros al poder judicial, no han cesado desde que existe la parapolítica. "En Colombia no hay un sistema judicial total o parcialmente colapsado... Las Cortes Colombianas han sostenido con serenidad y sapiencia al poder judicial con capacidad y dignidad", dicen los expertos, quienes agregaron que "La Corte Penal Internacional no opera con criterios políticos, solo y exclusivamente técnico."

La Corte Penal Internacional tiene plena jurisdicción sobre Colombia desde el 2002 desde cuando conoce de crímenes de Genocidio y Lesa Humanidad hoy, desde el primero de noviembre, con un espectro ampliado  plenamente a los crímenes de guerra cometidos dentro del territorio o por un nacional. La plenitud de la CPJ es positiva porque "habrá un tribunal internacional dispuesto a impedir que esos crímenes queden impunes". La Corte es un Tribunal de último recurso que actúa cuando un sistema de justicia no puede proceder con todo rigor e independencia y que el gobierno u otro poder lo interfiera. En Colombia, el presidente ha hecho muchos desesperados intentos por someter la justicia, a los altos tribunales a la política partidista de su gobierno, pero no ha podido. Detrás de esos intentos ha estado el propósito de proteger algunos parapolíticos, entre ellos su primo, el ex senador Mario Uribe.  "Los crímenes atroces son condenables vengan de donde provengan, nadie está exento, ni de la Corte Penal Internacional, ni de las Cortes Nacionales.

Lo que ha dado base a opiniones de que la CPI intervenga en Colombia son las arremetidas del presidente, Álvaro Uribe Vélez, contra el Poder Judicial Colombiano, sus arrebatos no han hallado justificación legal de ninguna naturaleza. Otra causal, la extradición de los grandes delincuentes por narcotráfico, bloqueando la justicia nacional, que busca investigar crímenes de lesa humanidad y  crímenes de guerra. Ha tenido problemas por falta de testigos o responsables directos como en el caso de los  jefes paramilitares. Las Corte Colombianas "tienen la obligación seguir fortaleciéndose y produciendo resultados, no se pueden dejar mangonear ni por presidentes ni ministros y menos postrarse ante la politiquería. El último caso, el protagonizado por gobierno, fiscalía y Corte. La corte es la que tiene el poder constitucional de fallar, no los ministros, pero Uribe se la quiere dar a su ministro del interior. De todas formas la CPI es un buen recurso anti impunidad para el presente y futuro.

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¡No habrá seguridad si hay hambre!

Mientras no se garantice al pueblo colombiano reales soluciones a los problemas sociales, tales como empleo e igualdad política, Social y económica, será imposible la paz y seguridad ciudadana. Observadores públicos han señalado en los últimos días que la sonada "seguridad Democrática" del presidente Uribe, está haciendo agua. Si bien es cierto que desplegando monstruosas cantidades de soldados y policías es posible para quienes tienen carro particular salir a pasear por las principales carreteras del país, en los días de puentes festivos, no menos verdadero, que en ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá se han convertido en verdaderos emprios del crimen. No se trata de una u otra región, es en todo el país. De los cuatro puntos cardinales la acción criminal, de todo tipo, generada por guerrilla, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común es el tema urgente de los medios de comunicación.

El problema estriba en que la "Seguridad Democrática" es un embeleco que no ha evolucionado. El presidente  Álvaro Uribe está  en el error de creer que si en un principio dio algunos buenos resultados, tiene que seguir dándolo a perpetuidad. La verdad es que "nada es eterno" y si algo sirvió en una época pasada, no necesariamente tiene que seguir siendo la solución para siempre. Los zapatos que le compraron a un niño cuando tenia tres años, es imposible que le puedan seguir sirviendo a los siete. La Seguridad Democrática ya cumplió su función social para la cual fue creada. Entre más tiempo pase, como la quiere el Presidente, sin cambios de verdad, menos resultados irá dejando. Los delincuentes ya no le tienen miedo a la seguridad democrática, le cogieron  el estilo y la forma de aplicarla. En los últimos seis meses, no existe departamento en el cual no se hayan sido cometido asesinatos en políticos, comerciantes, pequeños industriales, transportadores, etc. Esos crímenes simplemente son "inseguridad democrática". A la hora de las verdades, los gastos que esta haciendo en gobierno en su embeleco, no compensan. La inseguridad en el país hoy es mayor o igual al de los años 90. Después de que se avanzó algo, para exterminarla, volvimos al punto de partida.

¿Tiene que ver el desempleo creciente en el país, que no para, con este resurgimiento y consolidación del delito y la inseguridad? "En las trece principales ciudades del país la situación es "dramática", en inseguridad y desempleo. La desocupación pasó del 11,3 al 12,9 por ciento... De un año a otro el ejército de desocupados aumentó en 369 mil personas". Algunos creen que eso se llama buen gobierno. El desempleo y la criminalidad están creciendo alarmantemente en el país y es en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, no en otro.

Las medidas gubernamentales para combatir estos problemas sociales no corresponden a la necesidad verdadera del país. Como un contentillo para los ingenuos, "...el Dane sostiene que en el último año se crearon 702 mil fuentes de trabajo...", mientras las centrales ob!eras preguntan públicamente, ¿En dónde están? De la misma forma la policía y las fuerzas militares hablan de avances contra el crimen, puede ser, pero muy lentamente. Los delincuentes avanzan con mayor rapidez. El gobierno habla del debilitamiento del mundo del crimen, pero las noticias muestran lo contrario.

El año pasado por estas épocas "Un año atrás el desempleo era del once por ciento", hoy gracias a las gestiones del gobierno, "hoy es del 12 por ciento". Un adagio popular muy viejo y verídico dice que "Tigre con hambre mata". ¿No será que el presidente Uribe se tapa los ojos  y lo oídos para no enterase de la realidad? ¿Qué mide al resto de colombianos, con el mismo metro de prosperidad, la que ha usado para medir a sus dos hijitos? Un desempleado es un elemento humano dispuesto a venderse por cualquier dinero, más si tiene hijos a los que debe llevar alimento. ¿Del desempleo y la miseria, que crece todos los días dentro del gobierno de Álvaro Uribe, según organismos internacionales, no es de donde salen los reclutas para el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares y delincuentes por cuenta propia? La verdad es que si todos los colombianos tuvieran las mismas oportunidades de los dos hijos de Uribe, en el país no habría inseguridad, al menos en la forma que la conocemos hoy.

"La situación laboral de los jefes de hogar sigue empeorando. El desempleo entre los padres de familia subió de un periodo a otro...", dice el gobierno al reconocer su fracaso. El mundo del crimen, hoy da la sensación de que es más sólido y mejor estructurado para enfrentar la "seguridad democrática", la que cayó en un hoyo profundo y no ha evolucionado. En Colombia no habrá seguridad si hay hambre, la más grande de las verdades.

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Defender a Colombia del Presidente

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, ratificó que la terna para elegir Fiscal General de la Nación, presentada y luego remendada por el presidente, Álvaro Uribe Vélez,  sigue siendo inviable. No sirve. La calificación fue dada por la sala en pleno que piensa diferente al mandatario de los colombianos. Uribe cree para ser Fiscal General de la Nación es válido y basta que la terna este integrada por amigos de su corriente política. Los magistrados reclaman en los candidatos, como es obvio, especialidad en derecho penal porque esa es el área que van a manejar. El país está asistiendo a un nuevo Show de terquedad del presidente y para avasallar con sus amigos personales todas las instituciones que de otra manera serían independientes de la Casa de Nariño. Detrás de todo esto no hay nada más que el afán de ser el presidente, el legislador y Corte Suprema de justicia a la vez, dominarlo todo como en cualquier dictadura del mundo.

Los que toman las determinaciones y hacen los fallos son los magistrados y estos deben obedecerse por encima de todas las consideraciones. No es el presidente ni los senadores y ni los ministros quienes tienen la función constitucional de definir los temas sometidos a estudio de la Corte Suprema  de Justicia. Si la máxima autoridad judicial dijo que la Terna que envió el presidente para escoger Fiscal, no es viable, no hay vuelta de hoja, no sirve y hay que cambiarla por otra integrada por penalistas así no sean amigos políticos de Uribe. Las determinaciones ya tomadas por la Corte no pueden bajo ninguna circunstancia, así se acabe el mundo, ser revocadas porque el presidente Uribe así lo quiso. Dos veces se ha pronunciado sobre la inviabilidad y eso es suficiente para que un mandatario inteligente se de cuenta que la esta embarrando, que está abusando y que la justicia no es un juego que se la puede entregar a cualquier abogado. "Detrás de esa necedad de Uribe a no cambiar la terna, por juristas penalistas, se ve muy claramente que hay eventos de indelicadeza, parcialidad y poca honestidad". La Corte no puede ceder ni un solo milímetro. Al final del Show, Uribe tendrá que responderle a las exigencias de la Corte Suprema Justicia y entonces ganará la legalidad, las instituciones y la democracia.

El Fiscal General de la Nación encargado, Guillermo Mendoza Diago, afirmó que el fiscal debe tener conocimientos en el área penal para poder afrontar las audiencias ante la Corte Suprema de Justicia. "Esta situación es como los médicos que si no saben como actuar ante un paciente este se les muere... Eso seria tanto como comparar la situación en la salud si una persona va con una dolencia hepática a donde un médico que no tiene especialización en el tema de la enfermedad, podría tener más dificultades para afrontar la enfermedad que si fuera ducho en la materia" El fiscal encargado explicó a los colombianos que "la interinidad en el cargo no esta perjudicando la entidad, no ha parado en su actividad en el CTI y en el cuerpo de fiscales trabaja normal". Lo que está haciendo el presidente es desconociendo a la Corte Suprema de Justicia y sus determinaciones que debieran ejecutarse sin discusiones. ¿Cuáles son los compromisos que tiene el presidente Uribe con los integrantes de la terna para cuando salga elegido fiscal?  ¿Cerrar el ciclo de total de la politización de la justicia en la face de las investigaciones y traer impunidad?

¡Cosas sanas no hay detrás de la tontería de Uribe por desconocer las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia! Voceros uribistas, serviles del presidente, dividieron opiniones. Retando la determinación colegiada de la Corte Suprema de Justicia, Uribe anunció que no cambiará la terna para Fiscal General de la Nación. Un vocero de Cambio Radical, consideró "que el Presidente Uribe debe cambiar la terna y que la Corte Suprema de Justicia es la nominadora y responsable de escoger al nuevo Fiscal General de la Nación". Lamentable que en Colombia se insista tanto por parte del gobierno en desconocer las determinaciones de la justicia y por parte del presidente de la república de acomodarlas a su capricho e intereses personales. Las instituciones democráticas colombianas siempre son puestas en peligro por parte del presidente. Nadie más. Es él, solo él, (Álvaro Uribe Vélez), quien quiere estar siempre, contra  la ley y la Constitución Nacional y proceder por encima de ellas para manejar las cosas a su antojo y según su conveniencia. Uribe es quien hace victima de sus  caprichos a las instituciones, no al revés. El abusador es Uribe, por eso hasta el procurador le tocó que llamarle la atención hace pocos días. En esa necedad de no cambiar la terna totalmente, como lo reclama la Corte Suprema de Justicia e integrarla de juristas especializados en lo penal, hay  algo raro que llama a la sospecha. "Velar por el imperio del derecho, por la transparencia, neutralidad y respeto...", es la obligación de todos los colombianos. Uribe no es el dueño de Colombia para hacer lo que se le antoje con nuestras instituciones, por eso los no uribistas debemos defender la patria del presidente.

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Transparencia y honor le reclaman a Uribe

El presidente Álvaro Uribe no está practicando la Constitución Nacional, la que juró cumplir y hacer cumplir. Con su comportamiento asocial busca ventajear a los candidatos a la presidencia de la república que no son de su cuerda. Uribe, simple y sencillamente está faltando a la palabra empeñada de actuar con rectitud, equidad y equilibrio. Una de las reglas de oro de la democracia, la que él dice defender y practicar pero que por sus acciones lo dudamos, es la igualdad para todos. ¡Eso  no existe! La situación de desequilibrio ha llegado a tal extremo que el Procurador General de la Nacional, funcionario que el presidente hizo elegir por lo congresistas uribistas para que le protegiera las espaldas, ante lo grotesco y ordinario de la situación, se vio obligado a llamarle la atención. "...le solicitó al presidente, Álvaro Uribe Vélez, que ofrezca garantías de igualdad electoral a todos los candidatos presidenciales. Esta petición la hizo el jefe del Ministerio Público a través de una carta dirigida exclusivamente al Primer Mandatario". Transparencia y honor es el reclamo del procurador al presidente.

Esta carta es la segunda, del mismo tipo, que ocurre en la historia moderna del país. La primera  fue escrita hace 40 años en épocas de bastante salvajismo político que todo el mundo creía habían sido superadas. En materia de cultura política con Álvaro Uribe Vélez vamos para atrás, crecemos como el rabo de las mulas, de para abajo. Si el procurador actual, siendo una persona del mismo talante político de Uribe, extrema derecha, se vio obligado a actuar, es porque se esta abusando. "El 30 de marzo de 1970, el entonces procurador, Mario Aramburo Restrepo, le envió una carta al presidente de la época, Carlos Lleras Restrepo, diciéndole que recibió una queja en la cual se manifestó que él había violado la norma de imparcialidad oficial y una indebida intromisión en los asuntos partidistas, en unas intervenciones en el barrio Kennedy, al sur de Bogotá. Frente a eso, decía textualmente la carta de Aramburo Restrepo, que "no puedo desconocer el derecho que tiene el Gobierno de explicar y defender las medidas y los criterios que informen su política gubernamental, porque la ley expresamente lo autoriza, pero creo que es mi deber decir que el señor Presidente al buscar ese fin lo excedió". Repetimos: Transparencia y honor es el reclamo del procurador al presidente.

El procurador, Alejandro Ordóñez, candidatizado por Uribe para el cargo y elegido por los congresistas uribistas, "exhortó al presidente Uribe a la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República". Sin mayores preámbulos ni consideraciones le dijo que la presencia del candidato, Andrés Felipe Arias, en el pasado consejo comunal de anticorrupción, no resultó afortunada. Le exhortó para que se adopten medidas que conduzcan a la efectividad de la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República, tal como lo exige la Carta Fundamental, y para que no se repitan episodios como el referenciado. El proceso preelectoral se debe estar en total transparencia y, como acertadamente lo afirmó la Corte Constitucional, se debe promover el equilibrio entre los candidatos y no se opaque el desarrollo de las funciones públicas al servicio del interés general y evitar abusos en cabeza de quienes ostentan cargos públicos". Reitero: Transparencia y honor es el reclamo del procurador al presidente.

Tres aspirantes a reemplazar a Álvaro Uribe coincidieron en exigir claridad en las reglas con miras a la campaña electoral. Así se desgañote su ministro del interior y el propio presidente, "No hay reglas claras y la ambigüedad, la mentira y la ventaja es lo sobresaliente". Colombia está cayendo en un hueco oscuro en donde el imperio del derecho, la transparencia, neutralidad y democracia están en peligro. El procurador, Alejandro Ordóñez, está avizorando una situación antidemocrática y dictatorial. El presidente Uribe parece que equivocó el camino al punto que falta a su palabra empeñada. Transparencia es el reclamo del procurador al presidente. Los diferentes sectores políticos, sociales y económicos creen que, "jalón de orejas merecido... Lo mínimo que podía decir el procurador era eso...El problema no es empatar sino tener las reglas de juego claras, ser limpio física y moralmente..." Álvaro Uribe "es un candidato de facto que puede disponer de una cantidad de medios que los otros no tienen. Esto es una ruptura de las reglas de la democracia en provecho personal". Igualdad constitucional no es simplemente que le permitan a un candidato asistir y hablar unos minutos en un consejo comunal, eso sería un infantilismo, el mandato constitucional sobre la igualdad implica muchas cosas, que Uribe ha insistido en desconocer... Urge total transparencia como lo establece la Constitución, en el sentido de promover el equilibrio entre todos los candidatos...

 "Total transparencia como lo establece la Constitución" es la obligación que el presidente Uribe busca evadir, pero de la que el Procurador se dio cuenta y le salio al paso. Por el visible abuso presidencial es que se ha impuesto, "Velar por el imperio del derecho, por la transparencia y neutralidad de los debates electorales y por la majestad del sistema político que juramos defender". Si no existieran despotismos por parte de Uribe el Procurador Ordóñez no se hubiese tenido que pronunciar para defender a Colombia de tanto desafuero. ¡Uribe parece que no sabe qué es transparencia!

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No más asaltos al erario

Los parlamentarios uribistas no hallan que hacer con el presupuesto, con los recursos nacionales, con el erario que solo tiene la destilación de servir para solucionar problemas graves de nuestra sociedad como los planteados en torno a la educación pública superior hoy en crisis economicota total. Hace pocos días le pidieron al presidente de la república que les duplique sus pensiones, sus sueldos y sus primas, porque están ganando muy poco, $16 millones de pesos mensuales básicos. Parece que consideran que la entrega total y ciega a Álvaro Uribe vale mucho más que lo establecido en la ley como salarios. Tocan allá y tocan acá para ver en donde les reviente, aunque algunos aseguran que en todas partes. Al presidente no hay más que proponerle que le de el dinero del presupuesto sea para los que tienen dinero de sobra y listo, se hace, ordena que se lo entreguen.

En las últimas horas  salieron con el cuento que es necesario que les suban el 50% el valor del pago a que tienen derecho por "reposición" de los votos que obtengan en las elecciones. Están en reuniones con Uribe, el Ministro del interior y el de hacienda: "Necesitamos subir pago del voto por reposición de $4,000 a $6,000... que el valor de un voto sea de seis mil pesos, tal y como lo esta trabajando el ex presidente del Senado Hernán Andrade y otros sectores de la coalición... El dinerito hay que buscarlo donde este... Ese incremento necesitaría en aval del ministro de hacienda y del presidente, pero por eso no hay problemas... Valencia Cossio, ha dicho que "el Gobierno está dispuesto a pagar hasta 4.600 pesos por cada voto, que es el tope que fiscalmente se alcanzaría a cubrir, aunque insistió en que debería ser mayor." Que lindo es ser generoso con el dinero ajeno, con el dinero de los colombianos, que podría servir para solucionar problemas de pobreza, salud, educación, vivienda, vías, etc.

Los liberales se negaron a más despilfarro en la política. "De antemano, tienen que saber el país, nuestro voto será negativo... Los políticos no podemos darnos el lujo de aumentar el valor del voto cuando las universidades están clamando por  un incremento del su presupuesto, cuando el país se escandaliza con el temas como el del programa de Agro Ingreso Seguro... La posición de los liberales constituye un tropiezo al afán meterle la mano al erario... El Partido Liberal rechazará el precio por cada voto para Congreso de la República se pague a 6 mil pesos, tal y como lo ha propuesto una parte de la bancada de gobierno... Colombia esta muy mal en materia de  desarrollo social y económico para seguir en el despilfarro lo poco que se tiene..."

La Federación Nacional de Profesores Universitarios, señaló que la mitad de los estudiantes del país podrían quedar sin educación, el año venidero, por cuenta del "paupérrimo" aumento del presupuesto para la universidad pública asignado por el gobierno. "Nuestra situación es deplorable en comparación con otros países de Latinoamérica. En este momento hay cerca de 1´200.000 universitarios en el país, el cincuenta por ciento o un poco más se quedaría sin acceso a la educación superior. Se deben asignar más recursos si se quiere que Colombia alcance un nivel aceptable de investigación y desarrollo". Esto es lo que hace que los liberales piensen más en la urgencia de incrementar los gastos de la educación a los de la política. "Las universidades públicas del país ha visto crecer, por el esfuerzo propio el numero de sus alumnos. El número de bachilleres que lograron ingresar a la U Pública, paso de 400 mil a 700 mil jóvenes en el último año, pero el presupuesto no ha tenido incremento acorde. Este crecimiento no es bien visto por el gobierno de Uribe y por eso niega sistemáticamente el preexpuesto para sostener esa cantidad de estudiantes..."

Los liberales en el congreso insistirán en mantener una posición férrea frente a todo lo que sea gastos inoficiosos, despilfarro o abuso del erario: Mientras la universidad pública no tenga el aporte que necesita, no aflojaremos a la determinación. "Primero debe estar la juventud y la sociedad en general y luego si sobran recursos se podrían pensarse en los nuevos y no tan urgentes, gastos como los que ha propuesto el congreso uribista que solo servirán para engordar  bolso de cada uno de los congresistas o los partidos políticos adeptos al gobierno. "Esos dineros serían para que se lucren los congresistas solamente, no el país nacional". Los liberales aseguraron que Colombia no resiste la repetición de la vergonzosa historia: "45 personas que le dieron 550 millones de pesos a la campaña para la primera reelección de Álvaro Uribe, recibieron 33 mil millones de pesos en subsidios no reembolsables de Agro Ingreso Segur, como compensación. Es la mejor inversión que han hecho en su vida".

Por eso, dijeron los senadores y representantes liberales, que "nos atravesaremos a todo lo que sea despilfarrillo y apoderamiento de los dineros públicos en beneficio personal, es cuestión de conciencia y de moral". De la misma forma, ese partido está dispuesto a gritarlo día y noche en todos los rincones de Colombia. "No más asaltos al erario".

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Las mujeres colombianas chocan con el procurador

El ultra derechista, machista y radical procurador que hay en Colombia, se ubicó en contra a las mujeres. El factor principal para hacer esta afirmación, su posición frente al problema del aborto, del que según las damas, no le está prestando atención seria e imparcial. Las colombianas que son más de la mitad del censo nacional cualitativa y cuantitativamente, expresaron su malestar contra el funcionario del que consideran que se hizo ubicar en el cargo para imponer sus convicciones personales. A él la comunidad que debe estar representando no le importa, argumentaron. Creen, que no es prenda de garantía y neutralidad. "No llegó al cargo no por méritos propios sino para que cumplir un encargo partidista de las derechas colombianas". Esa es la causa por la que reclamaron al senado "Control político a la  gestión del Procurador", Alejandro Ordóñez. Si no ha de ser un procurador para todos los colombianos y las colombianas es mejor que renuncie. 

El comportamiento personal y profesional, afirman las querellantes, frente al aborto ha sido un total desacierto. Las mujeres colombianas explicaron que expresiones como que " Me importa un bledo las críticas", están llevando a polarizar más al país frente al tema del aborto y desconociendo abrupta y brutalmente que existe una corriente de opinión que merece respeto, así sea diferente a la suya y la de sus amistades". Creen que es una respuesta de un patán de barrio, pero, anacrónicas e in correcta en la boca de un procurador cuya principal función es escuchar todas las opiniones y críticas, a favor y en contra, para luego pronunciarse oficialmente. A Colombia no le sirve un procurador parcializado que solo mire para un lado y desconozca a los demás olímpicamente. Para Claudia Mejía, profesional del derecho, de la organización "Cisma Mujer", afirmó con sus razones el Procurador Ordóñez no es una persona calificada para ejercer la labor de representante de la sociedad. "Es tan reaccionario y parcializado que no tiene cuenta, desconoce caprichosamente para sus actuaciones con funcionario, de los tratados internacionales.

Por su parte, la también profesional, Beatriz Quintero, de la "Coordinación de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de la Red Nacional" lo repudió. Precisó a los medios de comunicación que el procurador Ordóñez  y su delegada para temas de la infancia y la adolescencia, Ilva Miriam Hoyos, hacían parte, desde antes de ejercer sus cargos, de un movimiento contra el aborto. En ese movimiento en reiteradas oportunidades han expresado en público y en privado sus opiniones y conceptos contra el aborto, siguiendo lineamientos radicales y fanáticos de sectores políticos y religiosos. Se trata de gente que está prevenida y orientada ideológica y socialmente. Carecen del elemento fundamental que debe adornar a la procuraduría, la imparcialidad e independencia. Afirmó que "el Procurador no está velando por la sociedad sino por sus convicciones, ya que no tiene en cuenta que Colombia es un Estado laico y no religioso".

Las mujeres colombianas a través de las voceras en los gremios más representativos reclamaron al Congreso que sea hagan responsable por la elección que hizo del procurador Alejandro Ordóñez. No fueron sorprendidos ni engañados, todo lo contrario actuaron a sabiendas de su posición radical en casi todos los temas sociales. Los senadores y representantes están en la imperiosa obligación de adelantar un debate políticos de control al procurador antes de las elecciones del congreso. "Ya son muchas las acciones sospechosas y parcializadas del funcionario". Si no proceden de esta forma, tampoco habrá interés en las mujeres colombianas para reelegir senadores y representantes. "Varias organizaciones pro defensa de la mujer señalaron que apoyan esta solicitud al congreso de la República para que responda por sus determinaciones". Congresistas de la oposición están dispuestos a tomar la bandera en sus manos, si en un tiempo prudencial no lo hacen quienes son los responsables de la presencia de Ordóñez en la Procuraduría. Por machista y radical que sea, caerse con las mujeres tiene que ser "jodido", más cuando no puede hacer con ellas "limpieza social".

Isabel Segovia, viceministra de Educación Básica y Media del Ministerio de Educación, aseguró que tras el fallo de la Corte Constitucional se reforzará la enseñanza de los derechos sexuales en los colegios. La cátedra tendrá énfasis especial para que niñas y jóvenes entiendan la despenalización del aborto en caso de violación, malformación del feto o riesgo de vida para la madre. Esta funcionaria sabe que Colombia es un país laico en donde no se pueden imponer algunas teorías del "opus Dei" y los partidos políticos intolerantes de ultraderecha como lo quieren hacer a través y el beneplácito del procurador.

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¿Se ordenó un "fugimorazo" en Colombia?

Tengo entendido que dentro de la "democracia" los funcionarios no pueden hacer lo que les venga en gana sino  "lo que la ley les señale y les permita". En otras palabras, los funcionarios no pueden salirse de los cerca que la Constitución y las leyes les impone. Ellos sean grandes o chicos, con ganas de perpetuarse en el poder o sin esos intereses personales, no pueden no pueden legislar y mucho menos sentar doctrinas jurídicas o constitucionales. Esa función es solo de los magistrados. Un Ministro no puede fallar dudas jurídicas. Le esta vedado asegurar que los intereses del presidente Uribe están por encima de la ley y la constitución, porque eso es falso. Actuar sin que la ley lo señale claramente en sus funciones es un abuso. Parece    que el señor ministro del interior, alguien en Bucaramanga lo llamó "godo atrabiliario", por sus abusos. Nuevamente está saliéndose del lugar asignado y eso simplemente es un delito.

El presidente de la Corte Constitucional al ser consultado sobre la afirmación del ministro del interior explicó que "Esa es un a opinión personal del ministro". De otra parte, un dirigente político advirtió que es una  estratagema para mantener a la opinión pública hablando de lo mismo, polarizada y enfrentada situación que eventualmente podría darle resultados electoreros para el congreso, porque para la reelección ya no es posible. Según el politólogo y ex magistrado Humberto De la Calle, lo que si es verdad es que "si lo aprueba la corte Constitucional, (es una eventualidad), el referendo se convertiría en norma constitucional y abriría el camino para una nueva reelección inmediata, pero, eso no solo para Uribe, sería para todos los presidentes de Colombia..." La labor de desorientar a la opinión pública la esta realizando muy bien el ministro, de paso llena a las gente de dudas contra la justicia.

 La madurez política de que los colombianos nos ufanábamos y de la que en ocasiones llegábamos a sentir orgullosos, hoy se ha convertido en una grosería, en un chiste vulgar, todo por anteponerse primero los intereses  personales de Álvaro Uribe a los nacionales y generales de los colombianos. "Me parece que cuanto está sucediendo en materia política, es una manifestación de subdesarrollo que a siete meses no se tengan claro quiénes son los candidatos a la Presidencia y, que en especial, no sepamos si el candidato más popular, según las encuestas, pueda o no ser candidato... muy grave que llegáramos a la elecciones a Congreso, que son en marzo, sin tener claro quiénes son los candidatos a la Presidencia". Otros sectores de opinión aseguran que "Es repugnante la forma como se está actuando por parte del gobierno. Es un abuso, un acto inmoral e ilegalmente peligroso para la democracia colombiana y su institucionalidad, que actualmente no exista ley de garantías para los candidatos que ya han anunciado su aspiración". Uribe de está ventajeando a otros aspirantes a la presidencia porque el tiene para su campaña todo el presupuesto nacional y los demás ni un solo peso. Eso en ninguna parte es honradez, es comportamiento de un truhan. 

Las alertas sobre cualquier abuso por parte del gobierno para no abandonar el poder, aferrarse a él de manos y pies,  fueron encendidas por el Ministro del Interior. El sostiene que "el presidente Uribe podría ser candidato en el 2010, sin importar cuanto se demore la Corte decidiendo sobre el referendo", es porque algo muy sucio oyó en la Casa de Nariño. Trata se ajustar la opinión pública para cuando se de el golpe. ¿El Señor Uribe alista un fujimorazo, es decir, romper el orden institucional, en su provecho personal a nombre de una democracia inexistente? "Yo diría que el ministro está convocando a una dictadura con la anuencia de aquellos que le temen a un proceso de verdad, justicia y reparación a las víctimas... Estas personas reaccionan hoy convocando a una dictadura porque les da miedo el país sin Uribe en el poder...". 

Contrariando la regla de oro de la democracia el ministro del interior trabaja por confundir la opinión pública sacando formulas mágicas de un momento para otro, como si se tratara de un mago que saca un  conejito del sobrero. No hay reglas claras para participar en una campaña política y el ministro del Interior aumenta la ambigüedad y desorientación general. Un ex magistrado dijo que "Yo creo que no tiene ninguna presentación el hecho de que en una democracia, no tengamos reglas claras sobre las cuales actuar, que cada a paso que se esté dando en busca de esa claridad aparezca funcionarios de un momento para otro con temas de confusión y despiste". En varias ocasiones, el abuso de este ministro es tal que el propio presidente le ha tocado mandarlo a callar, desautorizándolo de sus salidas en falso. Uno de esos casos fue cuando propuso "impunidad" para los políticos delincuentes, considerando que esa si seria una autentica democracia. La teoría del "fugimorazo" tiene sentido y Uribe con tal de perpetuarse en el poder lo hace y  luego lo llama democracia.

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Referendo en apuros... ¿Habrá soborno?

 La Corte Constitucional colombiana anunció que la revisión la ley que abre la puerta a una tercera reelección del presidente Álvaro Uribe "no concluirá hasta el año próximo". En lo que resta de 2009, se encargarán de "practicar pruebas, recibir conceptos y elaborar ponencias". Físicamente es imposible avanzar más. El presidente de la corporación, magistrado Nilson Pinilla despejo las dudas y especulaciones que algunos sectores políticos venían tejiendo y de esa forma fomenta confusión entre los colombianos. "Muy probablemente la aboquemos -el estudio de la ley- después del 12 de enero del próximo año, cuando regresemos de las vacaciones colectivas. Aunque evidentemente vamos a trabajar durante las vacaciones colectivas, no podemos reunirnos en Sala para debatir el asunto", aseguró. Obsérvese que no se trata de un hecho imperativo sino hipotético. Podría haber más demoras. El magistrado explicó que el Senado, la Cámara y el Consejo Nacional Electoral, entidades muy cercanas politicamente al presidente, no entregaron todos los documentos que había solicitado el magistrado, Humberto Sierra Porto, sustanciador del caso. Sin pruebas a favor y en contra, es imposible tomar una determinación.

La Corte, para poder pronunciarse en forma, debe analizar las denuncias en donde se asegura que el trámite del referendo está plagado de irregularidades. Las acusaciones comenzaron con la forma como se recogieron las firmas en 2008 para presentar la propuesta de convocatoria de la consulta al Congreso. Luego a medida que avanzaba el trámite, legal para unos e ilegal para otros, iban surgiendo las más de un centenar acusaciones que existen, incluidas acciones penales masivamente entabladas contra representantes a la Cámara. El sector oficial, incluido el presidente Uribe, se había mostrado confiados de que antes de finalizar el 2009 tendrían la ley lista para convocar el referendo, pero no resultó de esa forma. Si se allegan las pruebas que requiere la Corte este año, en febrero "podría" haber una definición jurídica, la que dicho sea de paso no se sabe hoy si será favor o en contra.

De acuerdo con el reglamento de la Corte, después de recibir las pruebas solicitadas, arrancan 10 días hábiles para que la ciudadanía en general y sectores interesados entreguen conceptos sobre el tema. Simultáneamente, corren 30 días hábiles para que la Procuraduría dé su concepto, sin el cual el ponente no puede elaborar su proyecto. Se solicitó como pruebas: A la Imprenta Nacional: que mande por escrito y por medio magnético un informe detallado "en el que conste la hora en la cual el Gobierno radicó el decreto" que convocó al Congreso a sesiones extraordinarias en diciembre. El Secretario General de la Cámara: 10 pruebas, entre recusaciones, certificaciones de los representantes que se declararon impedidos, actas de las sesiones y la certificación sobre la hora en la que terminó la del 16 de diciembre del 2008, en la que se aprobó la iniciativa. El Secretario General del Senado: certificaciones de los senadores que se declararon impedidos, los anuncios de las sesiones en las que se debatió la iniciativa y el quórum de esas plenarias. El Presidente del Consejo Nacional Electoral: copia del informe contable que recibió el Registrador de los promotores del referendo reeleccionista y de la designación de los conjueces encargados de decidir en la investigación por la financiación de la iniciativa. El Secretario de la Comisión Primera del Senado: soportes audiovisuales y cualquier otro registro de las sesiones.

En septiembre pasado, el Congreso aprobó la ley que convoca un referendo para modificar la Constitución y permitirle a Uribe un tercer mandato consecutivo. Esta aprobación se produjo medio de una verdadera avalancha de escándalos sobre el pago de sobornos por parte del actual presidente. La norma está en la etapa de revisión sobre constitucionalidad por la Corte Constitucional para la cual podría tardar hasta cinco meses. El trámite culminaría en febrero. Si el fallo es adverso, se acaba el cuento;  si no, la fecha para votar el referendo deberá abrise paso con un apretado calendario electoral previsto para 2010, cuando hay elecciones para congreso y presidente de la república. Este último en mayo y junio y congreso en marzo. El referendo es otro procedimiento electoral del que no se sabría dónde lo van a ubicar. Los candidatos presidenciales deben inscribirse a más tardar el 12 de marzo. Para convocar la consulta y realizar su trámite se dispondría de menos de un mes. Con menos del 25% del potencial electoral en las urnas, quedaría invalidada la consulta. Cualquier otra demora en el trámite que cambie lo anunciado el presidente de la Corte Constitucional, hecho que podría suceder, lo haría inviable el referendo. ¡Un referendo en apuros! ¿Habrá soborno?

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