Desuribización, una urgencia nacional

El reciente fallo de la Procuraduría General de la Nación contra el ex ministro y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt De la Vega, es un paso grande dentro del proceso de "desuribización" del país. En opinión de los versados, "los puntos de vista del ex presidente Uribe en torno a ciertos temas, cada vez se tienen menos en cuenta". Los fanáticos del uribismo se han dado cuenta de esta situación y hablan de "salir a defender a Uribe". ¿? El país no puede vivir en el pasado, en algo que fue pero que nunca volverá así haya sido muy bueno para su época. Desde el 7 de agosto, por voluntad mayoritaria de los colombianos,  ás de nueve millones, "Juan Manuel Santos fijó sus prioridades de gobierno y ha dicho que busca un gobierno  transparente y al servicio de la comunidad, tomando decisiones basadas en el  interés público, lejos del interés personal o de grupo... Con Santos, Colombia inicia una nueva era, que reemplazó al uribismo". Mientras Uribe fue presidente el Procurador detuvo cualquier fallo contra sus colaboradores investigados. Hoy en la nueva era, cuando se habla de "transparencia y honestidad inflexibles", el funcionario encontró que había que castigar al funcionario uribistas sindicados y comenzó por el ex ministro de gobierno.

La analista, Claudia López, advierte sobre la "desuribización" del país, que, "debe llevarse de manera lenta y con mucha prudencia, porque puede generar una reacción política muy fuerte en el seno del Partido de la U, o peor que eso, despertar una reacción violenta en ciertas fuerzas oscuras del país". Para ella ese giro no es nuevo y se comenzó a dar desde el momento en que se cayó la posibilidad de la segunda reelección. Politólogos de todo el país advierten que, "Pueden relacionarse con la "desuribización" del país, los acercamientos con el presidente Hugo Chávez, acérrimo contradictor de Uribe; el restablecimiento de relaciones con las altas Cortes; el nombramiento en su gabinete de personas que no se la llevan bien con el ex Presidente; el retiro del proyecto sobre reelección de Fiscal, que siempre defendió el ex mandatario. Dialogo directo  y abierto con el sindicalismo y promotores de los Derechos humanos; Anuncio de una ley de restitución de tierras a los campesinos despojados por paramilitares y parapolíticos, la ley de víctimas que desaparece  los desequilibrios que impuso Uribe para reclamar indemnización al Estado y la caída del acuerdo sobre las bases militares con Estados Unidos, entre otros. Igualmente, el desmonte de la teoría uribista de "prosperidad para los ricos y limosnas para los pobres" por una nueva "igualdad en los beneficios".

El diario El Colombiano, destacó que ante la "desuribización" que ya es inatajable en Colombia, para entrar a la nueva era y al nuevo país, que, "El principal problema político de Santos se llama Álvaro Uribe. Es inevitable que al ex presidente lo siga perseguido por su pasado, no tanto en  Colombia, donde tendría que juzgarlo el Congreso, pero sí ante la opinión o incluso ante las cortes internacionales. Por otro lado, Uribe descontento o en la oposición, no dejaría gobernar a Santos impidiéndole que lo supere en gestión e imagen". Ya se están oyendo voces como las del ex-ministro del interior y del y  del medio ambiente, quienes están que se revientan por la evolución a lo social y equitativo. El diario antioqueño se pregunta si para "avanzar en la nueva Colombia", ciertos congresistas recalcitrantemente uribistas lo dejarán trabajar si no les satisface el voraz apetito de puestos, contratos y otras cosas por el estilo. A eso esa gente staban acostumbrados con Uribe para que le aprobaran todo con los ojos cerrados. ¿Se pregunta si tendrá los puestos y los contratos suficientes?

El secuestro.- Antes de finalizar el anterior gobierno se habló de que muchos tipos de crímenes habían desaparecido por la gestión que estaba llegando a su final. Entre ellos el secuestro. Un informe del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal (Fundelibertad), "en los primeros siete meses del presente año se registraron 149 secuestros en Colombia así: 110 extorsivos y 39 simples.  Se señaló además que 20 personas permanecen aún en cautiverio y otras cuatro murieron. 54 recuperaron la libertad después de un operativo de rescate; 49 fueron liberadas; 19 por la presión de las autoridades y otras tres se fugaron. Las cifras de la Fundación señalan que durante los primeros siete meses de este año, (Gobierno de Uribe), se presentó un aumento de 30 casos en comparación al mismo rango de tiempo del año pasado, donde se registraron 119.  Asimismo se informó del acrecentamiento en los secuestros de menores de edad. Este año se han registraron 22 casos superando por 10 los de 2009, ninguno de ellos actualmente en cautiverio. Tres ciudadanos extranjeros fueron secuestrados: un japonés, un estadounidense y una suiza, pero quedaron en libertad. Los departamentos más afectados por este delito fueron Antioquia con 18 secuestros, 13 veces más que en 2009; Arauca con 17, presentando un aumento alarmante de los cinco del año pasado y Valle ocupa el tercer puesto con 15, cinco más que el 2009. El informe también hace especial referencia al hecho de que 118 hombres y 31 mujeres, quienes permanecieron entre siete días y 120 días privados de la libertad. El gobierno Santos anunció anuncio que desuribizará al país en lo relativo al maquillaje y distorsión de las noticias y estadísticas. "La desuribización es una necesidad para Colombia, más urgente que derrotar la guerrilla".

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La Ley de víctimas se abre paso

La política del egoísmo y la exclusión que tuvo su más alto nivel de desarrollo y aplicación en el gobierno anterior, llegó a su final con el ascenso de Juan Manuel Santos  a la presidencia. El nuevo mandatario de Colombia está enfocando las políticas de Estado por los senderos que para el anterior presidente,  "no era viable porque le podían quitar  autoridad e imagen". Más del 85 por ciento de los colombianos, incluidos integrantes de la oposición política creen que Santos, "va por muy buen camino de exaltación a la democracia y respeto al ser humano sobre el dinero, dándole a su administración lo que nunca se vio con Álvaro Uribe,  equilibrio, igualdad, respeto y equidad. Está aplicando normas para que nadie pueda ventajear al otro en lo político, social y económico". Igualdad es la palabra.  Hoy estamos viviendo una etapa  nueva en Colombia: "cuando los payasos ya sin escenario dedicados a llorar lo que fue y nunca volverá". De nadie es desconocido que el anterior mandatario trabajó afanosamente por los victimarios, particularmente de la parapolítica y los paramilitares y olvidó intencionalmente a las víctimas de la violencia a quienes despojaron de sus bienes y sus tierras. Los campesinos tienen una nueva proyección de subida y los terratenientes aliados de los paramilitares y guerrilleros rumbo al suelo.

 Juan Manuel Santos ha anunciado y está trabajado activa y dinámicamente para que el campesino  vuelva a ser el dueño de la tierra que antes les perteneció. Su principal tarea es revertir lo que para al anterior presidente era un imposible, un tabú o una propuesta de lesa patria. "Entre 40 y 50 billones de pesos deberá asignar el Estado colombiano para la reparación de las víctimas del conflicto armado. Esta iniciativa fue consensuada entre el Gobierno y la bancada parlamentaria del Partido Liberal. La indemnización estatal a víctimas fue proyectada a diez años. No habrá nada ni nadie que la tranque y no se trata de darle "palo" a Uribe sino pan, vivienda y trabajo a los campesinos.  

 La proyectada ley de reparación incluye a las víctimas de agentes estatales, soldados, policías, etc.  La norma, de la misma manera, tendrá alcance sobre las víctimas de los grupos guerrilleros y de paramilitares desmovilizados a partir de 2006". El ex presidente Uribe en su gobierno siempre desestimó que las víctimas s los agentes del estado fueran reconocidas, discriminando, que las muertes producidas por guerrilleros, por ejemplo, eran malas, pero las protagonizadas por militares eran buenas. "Una iniciativa del mismo tipo fracasó el año pasado en el congreso, por la oposición del ex gobernante Álvaro Uribe".   El gobierno anterior exigía que en los casos de agentes del Estados victimarios se acudiera a la vía jurisdiccional. Algo muy importante es que Santos y su gobierno escucha y entiende que ser elegido no significa saberlo todo ni convertirse en un Dios omnipotente, así que cree que los demás pueden tener razón en lo que afirman. Es el caso de esta propuesta del Partido Liberal.

 "Acordamos definir como víctima al afectado por hechos de violencia, sin tener en cuenta el origen del victimario, irregular o estatal, buscando así que no haya ninguna discriminación". Esta fue una de las conclusiones más importantes de la reunión entre el Ministro del Interior y de Justicia y representantes del Partido Liberal. La ley tiene 144 artículos. "Las personas que se acrediten como afectadas de agentes estatales tienen derecho a una indemnización por parte del Gobierno. Este es un paso muy importante, pues la administración anterior no aceptó nunca este delicado punto".  Faltó por acordar lo referente a la restitución de tierras a las víctimas porque según los funcionarios, "es necesario discutir más a fondo si las normas presentadas hacen parte de la Ley de Víctimas o del proyecto de Ley de Tierras. "Esta otra ley busca que las personas a las que les fueron arrebatadas sus propiedades rurales regresen a dichos predios como sus verdaderos dueños".  El texto de la ley de víctimas será radicado la próxima semana y se presume tendrá una rápido aprobación para comenzar aplicar su contenido, como es el deseo del Presidente Santos, "lo antes posible".  Estas dos normas son totalmente contrarias a lo que pensaba Uribe y sus ministros frente a las víctimas de la violencia generada por paramilitares, parapolíticos, narcotraficantes y guerrilleros entre otros.

 La diferencia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el de Álvaro Uribe son monstruosamente grandes y sobre todo altamente beneficiosas para el país y todos sus habitantes por su verdadero contenido social y moral. A diferencia  del de antes,  ahora  hay un gobierno que piensa,  "un crimen es un crimen cométalo quien lo cometa" y que el Estado es responsable de la seguridad de todos los colombianos por igual, por lo que se generar derechos idénticos en sus víctimas. Es tan dolorosa una muerte surgida de una bala disparada por un agente del gobierno como un militante de la guerrilla o los paramilitares. No tiene porque haber diferencia en un Estado Social de Derecho. La Ley de Víctimas es para todas las víctimas, no para unas sí y para otras con procedimientos de nunca acabar. No importa que lloren los payasos del anterior gobierno. Al buen entendedor pocas palabras bastan.

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Si "palo" es....

El presidente del Partido de la U, Juan Lozano, ex ministro de Álvaro Uribe y uno de los serviles más visibles de su administración, se ha desfasado totalmente. Esta erróneamente  convencido que a punta de "peos" puede tumbar la luna. El hombre en unas declaraciones para la televisión ha amenazado al presidente de los colombianos,  Juan Manuel Santos Calderón,  condicionándolo a qué puede decir o hacer  y que nó, de su antecesor, para tener su apoyo. "Santos tiene todo nuestro apoyo pero no le permitiremos que le de palo a Uribe". No creo que con estas afirmaciones se haya asustado el mandatario, pero si es bueno resaltar que en algunas personas persiste el sucio y viejo estilo de la amenaza pública para conseguir objetivos como fue común en el gobierno anterior. ¿Qué va a pasar si Santos se ve obligado a lanzar una opinión que a la postre sea interpretada como "palo" por Lozano? ¿El presidente de la U va a ir a la Casa de Nariño a golpear a Santos? ¿Le acabará su gobierno si le quita el apoyo que en estos momentos dice le está dando? Hasta el más idiota de todos los colombianos se da cuenta de que la frase "pero no le permitiremos", es una limitación al libre pensamiento y acción del presidente Santos. Si interpretamos la palabra "palo" como la decisión, por parte de Santos de alejarse de las políticas de Uribe y decir con claridad y sin rodeos de qué está bien y qué mal para su criterio personal, está de malas Uribe y Lozano, pero el presidente tiene que hacerlo. Si la verdad pura genera distanciamiento tiene que darse porque es necesario.

 Un rápido recuento: "Pese a mantenerse al interior del Partido Liberal durante su Congreso Nacional de 2003, en 2004 se retira y decide respaldar el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, organizando a finales de 2005 el Partido de la U. Santos deja la dirección de este partido (que compartía con el senador Óscar Iván Zuluaga) al ser reelecto Uribe. En julio de 2006, Uribe nombra a Santos Ministro de Defensa Nacional. Después de que la Corte Constitucional de Colombia determinara que el referendo reeleccionista fuera inconstitucional e inexequible, Santos anunció sus aspiraciones presidenciales para el periodo 2010-2014 en representación del partido de la U. Léase bien: En representación del partido de la U. Es curioso que ahora a nombre de la U, su creación personal,  sea amenazado el mandatario de los colombianos de "retirarle su apoyo" si no se subyuga a algo que ya pasó, que fue... ¿Juan Lozano, estará meando fuera del pote? En Bucaramanga todo el mundo cree que primero se va Lozano del partido de la U y no pasaría nada en Colombia, que esa colectividad le quitara el apoyo a Santos porque píense o cree que hay necesidad de decir o hacer las cosas con claridad. Como ministro del medio ambiente poca fueron las huellas positiva que dejó para bien de los colombianos ese señor, el imprudente doctor Lozano.

 Así lo considere, el servil Lozano, "palo" para Uribe, Santos no puede callar o desconocer situaciones como las consagradas en el informe de la Contaduría a 31 de diciembre de 2009. "El país tiene un presupuesto negativo de 139 billones de pesos" y que esa es una herencia maligna de su antecesor... que, "la deuda pública el año anterior creció en 21 billones de pesos, mientras que las reservas internacionales disminuyeron en 2 billones de pesos... que el país tiene pendientes tres o cuatro presupuestos de la Nación comprometidos por demandas contra el país" por malas actuaciones de sus funcionarios. Al volver los ojos sobre ciudades como Medellín y Cali, solo como ejemplo,  en donde sus alcaldes claman ayuda al mandatario nacional, no puede mentir asegurando que las políticas de seguridad dejada por Uribe son una maravilla, son lo último y que de ahí en adelante no hay nada mejor. El actual presidente no puede decir cosa diferente que, "En la Comisión de Acusaciones de la Cámara hay 835 investigaciones bloqueadas. Entre los que aún figuran como investigados están los ex presidentes Belisario Betancur, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, y el mandatario saliente Álvaro Uribe, quien tiene más del 50% de esos procesos, tanto administrativos como penales". Tampoco puede ocultan que Colombia tiene dos décadas de atraso en la lucha contra la pobreza y que eso en los últimos 8 años fue letra muerta.  No puede esconder, por temor a que digan que le está dando palo a Uribe que, el ambiente con la justicia hoy, es el que necesitaba el país, lo mismo que las buenas relaciones con Venezuela y Ecuador y que encuentra en la labor de la senadora Piedad Córdoba cosas buenas y positivas para la Paz de Colombia y que se va a reunir a dialogar con ella. Que el sindicalismo y los promotores de derechos humanos seràn asesores y contarán para la toma de determinaciones.

Si criterios políticos y populares como que, "Juan Manuel Santos es un líder con capacidad de trabajo y resultados contundentes, don de mando, visión de futuro, disciplina de estudio y presencia y credibilidad internacional", es darle "palo" a Uribe y molestan a Lozano, lamentable, pero para que el mundo avance en su civilización el alumno tiene que ser superior y eclipsar al maestro. Fueron 9 millones de votos y popularidad del 86%.  ¡Tiene que ser mejor! Pueda ser que declaraciones como las de que, "me siento liberal", sean clasificadas como "palo" para Uribe, el problema es de quien cree en eso y no tiene para donde más mirar que apara atrás.  Si "palo" es trabajar para que se les den derechos a las víctimas de la violencia como los desplazados, para devolverles sus tierras despojadas violentamente y en manos de algunos sectores del poder económico y los paramilitares, que tristeza. Si "palo" es tratar con respeto a la oposición política, es una verdadera pobreza mental de quien lo cree. Si tratar de formalizar la situación laboral del país es darle "palo" al ex presidente Uribe, asusta y le tocara a Santos que seguir dándole "palo" así el señor Lozano lo amenace de quitarle su apoyo.  Hoy no es un solo partido mañoso y amarrado el que apoya al mandatario, hay por lo menos cuatro.

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Uno a uno va cayendo

La Procuraduría notificará en las próximos días la destitución y sanción en su contra al actual embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, quien en los próximos doce años no podrá ocupar ningún cargo público. Es una determinación que todo el pueblo colombiano estaba esperando. Este personaje y quien fuera Ministro del Interior y de Justicia, en la primera administración de, Álvaro Uribe, fue denunciado e investigado por ofrecer prebendas a congresistas para influir en la votación que aprobó el acto legislativo que permitió la reelección. Por lo menos cuatro personas hay privadas de la libertad acusadas del delito de cohecho. Para que se configure esta acción fuera de la ley es necesario el que ofrece y da y el que recibe. Solo habían ido a la cárcel lo que recibieron y la otra parte estaba gozando de la impunidad mas grotesca del mundo. El ex presidente Uribe cuando ejercía lo defendió a capa y espada  agrediendo verbalmente, en muchas ocasiones, a los investigadores, quienes lo vemos ahora, poca atención le prestaron y siguieron adelante en sus pesquisas. Estamos hablando de la Procuraduría y la Fiscalía. El acusado trató de achicar a sus denunciantes anunciándoles que se les iba a ir en su contra con un "batallón de juristas".  Cada vez que comparecía declaraba a los medios de comunicación bogotanos que, "todo quedó aclarado". Los periodistas pertenecientes a la caterva de comunicadores que eran dirigidos desde la oficina de prensa de la presidencia, contribuyeron abiertamente a confundidor  la opinión pública.

La Fiscalía General de la Nación, "dictó resolución de acusación en contra del diplomático, como presunto autor del delito de cohecho. El ex ministro del Interior y de Justicia y actual embajador en Italia, Sabas Pretelt de la Vega, tendrá que responder ante las autoridades porque al parecer ofreció dadivas burocráticas, para abrir la puerta a la reelección del presidente Álvaro Uribe". En los próximos días este organismo se pronunciará sobre la investigación que cursa contra el ex ministro de Protección Social, Diego Palacio, quienes también están siendo investigado por los mismos hechos". De nadie es desconocido que, la Corte Suprema de Justicia, compulsó copias  de un expediente que ellos fallaron a la Fiscalía para que investigue al hijo mayor del presidente Uribe, Tomás Uribe, "quien supuestamente también habría intervenido en la entrega irregular de notarias para lograr los votos necesarios que permitieran reelegir al presidente". Colombia recuerda  que una de las últimas intervenciones públicas de Uribe fue  para agredir a las altas cortes de justicia colombiana, quienes según la Constitución y las leyes están cumpliendo milimétricamente con los mandatos de aplicar la justicia. 

Los parlamentarios de entonces,  Iván Díaz Mateus, Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, "se encuentran purgando penas privativas de la libertad por enriquecimiento ilícito y cohecho, por haber recibido prebendas para dar su voto a la reelección presidencial". Desde Roma Pretelt presentó su renuncia el pasado 13 de Mayo, negó ante varios medios de comunicación haber dado gabelas a los parlamentarios y se declaró "dolido con todo lo que está pasando". El fallo de la procuraduría para Pretelt, donde ordena su destitución y sanción de no poder ejercer cargo público por 12 años dice: "Está demostrado que asistió a reuniones con congresistas que le dieron su voto, valiéndose de su poder de Ministro del Interior... sabía que efectuar ofrecimientos directa o indirectamente consistentes en vincular recomendados a la administración era un acto contrario al derecho". Tras el trámite ante el legislativo Pretelt entregó al ex representante Teodolindo Avendaño, quien con su ausencia el día de la sesión ayudó a la aprobación de la reelección, una notaria que después vendió por 200 mil dólares".

"Por la actuación que tuvieron en este proyecto, La Corte Suprema condenó a los ex parlamentarios Teodolindo Avendaño, Iván Días Mateus y Yidis Medina a ocho, seis y cuatro años, respectivamente, en el proceso conocido como "Yidispolítica", por ser ésta última quien destapó el escándalo". Estas determinaciones  judiciales y la lentitud en la acción de la justicia para los oferentes de dádivas, era  lo que tenía atónito al pueblo colombiano. Con las nuevas determinaciones de la justicia, procuraduría y fiscalía, como afirma el adagio popular las cargas se comienzan a nivelar y en cimentar la idea de que "la justicia en ocasiones tarda, pero al final llega". Las reelecciones de Uribe a la presidencia de la república se basaron en la violación de la ley. Esto ha originado que el presidente del Partido de la U trate de intimidar al presidente Juan Manuel Santos, cuando dijo que, "tendrá todo el apoyo de ese sector político pero que no le permitirán que le de palo a Uribe". Esa gente se teme declaraciones obligadas del nuevo presidente adversas a la supuesta "pulcritud" de su antecesor. "Al afirmar que, "no le permitirán",  ¿será que lo van a tumbar del gobierno? ¿Quieren limitarlo en su acción de gobierno y libertad para opinar? De todas formas Colombia está satisfecha por los sucesos judiciales cuando se vislumbra que justicia es para todos los niveles. !Uno a uno va cayendo!

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No es viable Unasur para las Farc

La guerrilla colombiana de las FARC divulgó su deseo, muy de ellos, de  justificar ante la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) su versión del conflicto colombiano. Esa pretensión fue rechazada de plano por el gobierno. "Señores presidentes: cuando lo estimen oportuno estamos dispuestos a exponer en una asamblea de Unasur nuestra visión sobre el conflicto colombiano", afirmó las FARC en carta abierta firmada por su cúpula y divulgada por la agencia Anncol, agencia de noticias que difunde información de esa guerrilla. "No es posible que esto suceda mientras haya secuestrados y se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad y actos terroristas donde inocentes caen muertos y heridos", fue la respuesta inmediata del Estado colombiano. Observadores internacionales advierten que  si el gobierno de Colombia no lo autoriza, es muy remoto que las Farc puedan ser escuchadas como quieren, en asamblea general del organismo internacional y en forma unilateral. El gobierno de Venezuela y el del Ecuador, por ejemplo, se hallan en un  proceso serio de  establecer relaciones diplomáticas y no lo van a echar todo por la borda después de los compromisos de sus presidentes. Chávez por ejemplo, en Santa Marta dijo que él y su gobierno nada tienen que ver con las Farc y los grupos violentos.

Sería bueno, si se pudiera dar la ocasión propuesta por las Farc, que primero se escuchara a los voceros de las víctimas. Son por miles que suman millones quienes tienen mucho que repudiar del secuestro como arma política, asesinatos masivos en donde ni los bebés se salvan, minas anti personas en donde los mutilados van y vienen, menores reclutados para usarlos como carne de cañón, atentados dinamiteros, etc.   Las Farc tienen que entender, y son muy torpes si no lo hacen, que el pueblo colombiano no los quiere como alternativa de poder y de gobierno.  Lo han expresado muchas veces de manera nacional e internacional con gigantescas manifestaciones donde el lema ha sido "no más Farc". Lo que no puede ser posible es que los escuchan solo a las Farc para que pinten un  paisaje alejado de la realidad. Quienes imaginariamente le podrían dar apoyo en Unisur a las Farc, no cesan de señalarlos y reclamarles la libertad de todos los secuestrados, el veto a las minas anti personas, actos de terrorismo y narcotráfico. Nunca las Farc han intentado siquiera de prestarles intención por lo que es bastante hipotético que estén con ellos en estos momentos. Muy ingenuo seria quien piense en esto. Nunca las Farc han dado una muestra sincera de querer la paz usando el camino de la política de entendimiento. Son ellos, lo que piensan y se acabó el cuento". Dialogo es yo hablo, tú hablas y de allí un acuerdo, el resto como siempre lo hace las Farc,  es monólogo.

El recién posesionado gobierno de Santos ha reiterado que no dialogará con el grupo insurgente hasta tanto desista de la violencia y el terrorismo. "Si bien no hemos cerrado la llave al diálogo y no hemos cerrado la puerta en forma total y botado la llave al mar, hasta que no veamos pruebas claras, contundentes y fehacientes, no habrá ninguna posibilidad de diálogo... tienen que dar unas manifestaciones muy claras para poder creer(les). No solamente al Estado colombiano, sino a la sociedad... la única manera de iniciar un diálogo es que la guerrilla demuestre disposición para la paz y en forma clara y fehaciente su verdadera voluntad de frenar el conflicto armado... con los terroristas no se dialoga". Las Farc: "Aunque el gobierno de Colombia mantiene cerrada la puerta del diálogo con la insurgencia (...), queremos reiterar a la Unión de Naciones del Sur (sic), Unasur, nuestra irreductible voluntad de buscar una salida política al conflicto... actualmente se hallan frente a la más grande maquinaria bélica que haya enfrentado guerrilla alguna, pero siempre luchando la posibilidad de una solución política". Desprecian las exigencias del gobierno y del pueblo colombiano, las desconocen arbitrariamente. "que abandonen el secuestro y el terrorismo como condición previa para poder conversar".

La Unasur  la componen Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. "Las nuevas relaciones diplomáticas de Colombia con los países de la región indican que ese eventual espacio político que piden las Farc está cerrado. A no ser que haya señales claras de paz como la liberación de todos los secuestrados... Las Farc reconocen que están enfrentadas a una estructura arma muy poderosa y que hoy tienen unos 8.000 hombres y mujeres en armas. "El pedido de las FARC a Unasur es inviable y hace parte de una jugada política en los inicios del gobierno de Juan Manuel Santos para ver que logran... las FARC saben que su propuesta no tiene futuro, porque ningún gobierno va a pasar por encima de la diplomacia, ni les va a dar estatus de beligerancia, pero envían la carta porque quieren sonar en los titulares de los medios... Lo que proponen es un despropósito...  El gobierno colombiano lo que le exige a la guerrilla es que ponga en libertad a los secuestrados sin condiciones, que cese la actividad del secuestro y de las minas anti persona y que cesen la actividad de reclutamiento de niños, que es una expresión moderna de esclavismo, además que sea capaz de decirle al pueblo colombiano que la violencia no tiene sentido". No más sangre de inocente para saciar petitos políticos de 8 mil personas sobre más de 45 millones de no creen en ellos. No es viable Unasur para las Farc

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Santos y los derechos humanos

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) sostuvo que en la medida de que la política exterior del nuevo Gobierno de Colombia "sea menos agresiva" que la de la administración anterior, se podrán generar las condiciones para mejorar en materia de derechos humanos. Su director para América Latina, José Miguel Vivanco, manifestó optimismo sobre las perspectivas que se abren tras la asunción presidencial de Juan Manuel Santos.   "Todo indica que el actual Gobierno de Colombia está buscando crear condiciones y ambiente distintos al del anterior Gobierno". Vivanco en infinidad de veces fue agredido verbalmente por el gobierno como consecuencia de los informes divulgados teniendo como fundamento las víctimas, los personeros, defensoría del pueblo, ONGs, etc. Se le llego a tratar de defensor de la guerrilla y varias ocasiones se le tildo de "enemigo de Colombia". Estas reacciones gubernamentales terminaron dándole una imagen horrorosa a la patria colombiana frente a los organismos multinacionales y condicionando muchas proyecciones comerciales al respeto a los Derechos Humanos. Entre esas aspiraciones figura el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Allá pesaron más las opiniones de la HRH que los criterios pendencieros del mandatario que ya abandonó la Casa de Nariño. Con la afirmación de que se vislumbran nuevas perspectivas y un futuro mejor al respeto y aplicación de los derechos humanos habrá una nueva etapa entre Colombia y Human Rights Watch.

Como comunicadores hemos entendido y sostenido que todos los informes de Derechos Humanos no son agresión a los gobiernos sino la ubicación descarnada de los problemas reales que viven las gentes. Los  aceptamos porque entendemos que solo conociendo el mal en toda su extensión y gravedad, es posible aplicar la medicina adecuada. El daño se le hace a Colombia con el maquillando las informaciones es monstruoso e irreparable. "Si yo le miento al médico, nunca tendré cura a mis dolencias". A eso es donde el gobierno Santos quiere llegar según declaraciones propias y de su vicepresidente. Durante la última reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, mostraron preocupación por las violaciones de derechos humanos en Colombia y lamentaron la escasa acción de la justicia en estos casos. Resalta la connivencia entre las fuerzas armas y miembros de grupos paramilitares, así como los ataques contra defensores de derechos humanos. Critican la Ley de Justicia y Paz, "pues de los 30 mil desmovilizados no todos se acogieron y hasta el momento solo se ha proferido una sentencia condenatoria". A lo anterior se suma la creación de nuevos grupos armados que actúan de la misma forma que los paramilitares. Las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas, tortura, violaciones sexuales y reclutamiento de niños en el conflicto armado, son preocupaciones de primer orden expresadas por la ONU.  Nada de eso es mentira ni exageraciones, son situaciones vividas por los colombianos a cada minuto. "El Comité Internacional expresa su preocupación acerca de la alta incidencia de desapariciones forzadas y la cantidad de cadáveres que se ha exhumado de fosas comunes, "2.901 al finalizar el 2009. El descubrimiento de las fosas se ha hecho principalmente con base en las declaraciones de paramilitares desmovilizados". Los seguimientos ilegales y las interceptaciones hechas por parte del DAS contra magistrados, defensores de derechos y periodistas por orden de la Casa de Nariño, ocupan sitio especial dentro de las dolencias de los DDHH en el país.

"El Comité multilateral lamenta que no se han tomado todas las medidas necesarias para avanzar en las investigaciones de los 183 casos de violaciones sexuales remitidos por la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación". La ONU también señala la falta de prevención y atención al problema de desplazamiento forzado en Colombia que afecta a 3.3 millones de personas. Esa cifra es reconocida por el gobierno de Santos y jamás fue aceptada por el anterior. "El Comité observa con preocupación que la atención para la población desplazada sigue siendo inadecuada y caracterizada por la asignación insuficiente de recursos y la falta de medidas integrales para brindar una atención diferenciada a las mujeres, los niños, los afrocolombianas y los indígenas (Artículos 12, 24, 26 y 27)".  El Comité expresa su desacuerdo con la utilización de niños "en actos cívicos militares, como el programa "soldado por un día", y que se realice interrogatorios de niños con el propósito de recoger inteligencia (Artículos 2, 7, 8 y 24)". Eso es meter a los infantes en la guerra y orientarlos sicológicamente a la violencia. Los Pueblos Indígenas viven frente al riesgo de extinción. Este problema social y humano lo afrontan 51 pueblos de 14 departamentos del país. La ONU dice que cifras oficiales muestran que el año pasado reportó un incremento del 63 por ciento en los homicidios respecto al año anterior, varios de ellos víctimas de tres masacres. Las cifras oficiales, entre 2004 y 2009 muestran que se desplazaron 55.513 personas pertenecientes a pueblos indígenas y el 70% de estos desplazamientos internos ha sido causado por la violencia".

Una verdad que nunca se quiso reconocer en Colombia: "Desgraciadamente, la economía y los derechos humanos caminan por sendas separadas".  Aquí la bonanza económica fue orientada a beneficiar determinados sectores olvidando de plano las grandes mayorías nacionales, gentes de bajos y nulos recursos económicos. No generó un mayor respeto a los derechos y libertades fundamentales, fue todo lo contrario. El desarrollo económico no repercutió en el gobierno  anterior  en el fortalecimiento de los derechos humanos, los debilitó la brecha en lo social, político y económico fue más grande y profunda. Un gran desafío que se propone el gobierno actual es recuperar para los desplazados las tierras que le fueron arrebatadas por paramilitares, guerrilla y poder económico/político. Es bueno para el país que haya entendimiento entre Human Rights Watch (HRW) y el gobierno de Juan Manuel Santos. Reclamar y señalar por la violación de los Derechos humanos no es malo, si no perversos quienes lo hacen, es todo lo contrario.

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¿Santos se volvió subversivo?

El gobierno Santos puso las cartas sobre la mesa. "Recuperar dos millones de hectáreas y restituirlas a los desplazados, sus verdaderos dueños. Es un objetivo que se detecta muy complejo por la baja calidad moral de algunos de los protagonistas del raponazo a las gentes del campo. La primera tarea será descubrir quiénes concentran hoy las tierras despojadas por mafias y grupos ilegales". Dentro del grupo de medidas para lograrlo el ejecutivo nacional ha anunciado que, "una de las medidas más importantes será la de invertir la carga de la prueba, a la hora de demostrar la propiedad de los predios. Esto significa que ya no sería responsabilidad de las víctimas de desplazamiento sustentar ante las autoridades que las tierras le pertenecen, es de ellos, sino que será el propio Estado el que asumirá este rol". Hasta el momento lo dispuesto por el gobierno para restitución de las tierras a los campesinos desplazados, son simplemente trabas que no facilitan nada sino todo lo contrario, lo complican y vuelven lento y engorroso. "El gobierno colombiano presentará al Congreso un proyecto de ley que buscará  restituir a los campesinos las tierras robadas por grupos paramilitares y fueron legalizadas en manos de testaferros". El ministro, Juan Camilo Restrepo, se quitó el ropaje de "conservador" para asimilar el de un hombre de alto sentido social, de esos que luchas para que tierra sea para los campesinos y que eran satanizados en los últimos ocho años.

En su discurso de posesión el presidente, Juan Manuel Santos, se comprometió con los campesinos del país a que, "ellos se convertirán en los verdaderos dueños de las tierras más productivas y los encargados de explotarlas". Giro de 180 grados en las políticas oficiales. El compromiso incluyó la decisión de, "arrebatarles a los agentes de la violencia la tenencia de las mejores tierras y restituirlas a las familias de campesinos desplazados que, por culpa de fenómenos como el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, se han visto obligadas a abandonar cerca de cinco millones de hectáreas". El objetivo se convierte en un auténtico reto para el Gobierno Santos porque los terratenientes no se van a quedar quietos. Procurarán impedir, utilizando todos los medios legales e ilegales, para que Santos no logre su meta. En el revelador debate que sobre tierras realizó la Cámara de Representantes  y en el que congresistas del Partido Liberal y el Polo Democrático, calificado como la radiografía del complejo problema de tierras en Colombia y que el Ejecutivo tiene entre las manos, quedaron demarcadas rutas para seguir. Aún queda un 25% de congresistas con vínculos criminales. El problema de la parapolítica no ha terminado, está vivo.  El Gobierno, a través del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, reconoció que, "en Colombia hay una vergonzosa concentración de la propiedad rural en el país", mientras que el ministro de Agricultura admitió que en Colombia la población desplazada "supera los tres millones". Es la primera vez que altos funcionario del Estado se acercan a la verdad y no maquilla la información.  

"Tan sólo un 4 por ciento de los propietarios rurales controla el 61 por ciento de las tierras de mejor calidad, derivada, en muchos casos, por el despojo de tierras que ocasionó la ofensiva paramilitar en la reciente década.  5,5 millones de hectáreas fueron abandonadas, invadidas o transferidas en "negocios espurios", de las cuales  expulsaron 385.000 familias que hoy buscan recuperar lo perdido. De estas, 1,2 millones de hectáreas, estaban cultivadas antes de ser despojadas, volverán a estarlo produciendo alimentos para los colombianos.  Detrás de la legalización de tierras quitadas a la brava hay grandes empresarios quienes contaron con la ayuda del Estado" para su ilícito.  Los predios que habían saqueado los paramilitares desmovilizados, no han sido devueltos, pues la propiedad de dichos predios ha sido legalizada a través de mecanismos "muy sutiles".  ¿Quiénes ostentan hoy la propiedad de estos predios? ¿Grandes empresas industriales, testaferros, terratenientes en forma independiente?  Se hace urgente un censo de "Tierras y predios", tal como lo ordenó en un auto de la Corte Constitucional en el 2009.  Así será posible determinar "las cifras reales" con las que el gobierno debe contar para afrontar esta "horrorosa herencia que le dejó el gobierno antecesor".

Dicho proyecto, como explicó el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tendrá como propósito el desarrollo de políticas que permitan "romper con la cadena de testaferrato que se apoderó de los predios de campesinos desplazados". La principal herramienta con la que el Gobierno pretende meterle el diente al problema de la tierra será la creación de una "jurisdicción especial" para la extinción del dominio de bienes de grupos ilegales, los cuales serán restituidos a las víctimas del desplazamiento. Para alcanzar metas nunca antes hubo interés político. La justicia había sido trastocada y se legislaba para defender al agresor mientras a la víctima de le mantenía acorralada lejos de los sitios donde se tomaban las determinaciones. Para que esa táctica sea limpia, el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, explicó que, "se obligará a los empresarios a demostrarle a las autoridades que su tenencia y su derecho de dominio es legítimo. El gobierno sabe a ciencia cierta que,  "muchos empresarios se aprovecharon de la violencia, en muchos casos por ellos patrocinada, para quedarse con tierra de campesinos y empezaron a ser beneficiarios de políticas de promoción del agro del gobierno como Finagro y AIS". Un hecho que obliga el revolcón en las políticas de gobierno está en que, "una de las áreas estratégicas para el desarrollo nacional es la agricultura, por  lo que recomponer los programas de inversión y avanzar como una locomotora del desarrollo económico del presidente Santos". La agricultura saldrá del ostracismo con los pequeños y medianos cultivadores. Adiós a la concentración abusiva de tierras productivas. ¿Sería que Juan Manuel Santo se volvió subversivo?

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Matar, matar y luego legalizar.

El gobierno de las sorpresas positivas para todos los colombianos  es el de Juan Manuel Santos. En pocos días ha demostrado muy claramente que tiene diferencias abismales con su antecesor. Nos ha dicho que para él primero está el ser humano como tal y las instituciones como elementos de fortaleza de las jefaturas de estado modernas y luego el amiguismo. Lo que no veíamos desde hace 8 años. En la plenaria de la Cámara de representantes se discutió, larga y ampliamente sobre uno de los problemas sociales más graves que tiene el país. Los representantes  profundizaron sobre, "desplazamiento, tierras y víctimas", como  médicos en torno  a un paciente y así hallar un remedio verdadero. Lo sorprendente radica en que nadie  fue agredido por el presidente ni ningún ministro, por el contrario se identificaron con la realidad expuesta. Con esto es posible ver que el Poder Legislativo no está sometido como acontecía antes del siete de agosto, cuando desde la Casa de Nariño, invirtiendo todos los valores de la democracia, controlaban al congreso y le limitaban en sus funciones constitucionales. Cuando el ministro del interior les imponía el orden del día, sobre lo que debían hacer. No podían ni chistar so pena de quitarles contratos, gabelas y cargos públicos.

 Los generales y a cúpula del gobierno han  dicho públicamente que  no discutirán bajo ninguna circunstancia las facultades y obligaciones de cada uno de los poderes públicos. Nunca pretenderán estar por encima de ellos y mucho menos manejarlos vedada o abiertamente. La autonomía se respetará sin buscar poner en duda sus actuaciones. Al contrario del gobierno anterior, tendrán total sumisión y obediencia, sin discusiones bizantinas a los mandatos de la Constitución Nacional. La independencia y autonomía de la justicia y el congreso no será vulnerada ni puesta en duda jamás por la administración Santos. El funcionario que lo haga, según el presidente Juan Manuel Santos y su Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, pagarán el abuso conforme lo establece la ley. En el debate de la Cámara se cuestionó al Estado por haber apoyado la legalización y compra de muchos predios que les fueron quitados violentamente a campesinos. En una carta, los jefes ‘paras' reconocen que, "el acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y el desplazamiento en el campo, así como la consiguiente injusticia social contra el campesino, atienden y comportan situaciones no conocidas, las cuales por esta razón tampoco han sido abordadas dentro del contexto de la llamada verdad verdadera (...)". Como respuesta a las denuncias, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el Gobierno Santos,  "está trabajando con mucha atención y energía en la política de devolución de tierras y resarcimiento a tantos desplazados. Los desplazados por la violencia en Colombia son más de 3 millones de personas que representan más de 718 mil hogares.  Muchos de los predios adjudicados por el Incoder son espurios. El propio Incoder debe ser sometido a una reestructuración a fondo". Todo por allí huele a feo, hay que moverlo todo hasta los cimientos. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, sostuvo que, "no solo se ha presentado una abusiva concentración de la propiedad de la tierra, sino que esa concentración es vergonzante".  Anunció reformas para "restitución de predios por extinción de dominio, por la ley de tierras y por la ley de víctimas que se radicará la próxima semana".

 Quiénes están detrás de la legalización de predios despojados y de la venta masiva de esas tierras abandonadas de manera forzada por las víctimas de la violencia, tienen que ser investigados minuciosamente, conceptuó la Cámara de Representantes. La verdad no puede seguir siendo tabú. "Esta situación se convirtió en una "paraeconomía" de la que el anterior gobierno impidió se actuara para hacer claridad. La cifra oficial del despojo es de 5.5 millones de hectáreas de tierra. El contraste da vergüenza,  ya que  sólo han sido devueltas 2 mil 75 hectáreas. 45 líderes han sido asesinados en los dos últimos años por reclamar las tierras despojadas. Urge ponerle rostro, señalar las personas que se apoderaron de las tierras. Apremia se abra formalmente el capítulo judicial de la "paraeconomía", en la medida en que se deben conocer los beneficiarios del despojo irregular de las tierras de propiedad de campesinos".  El Gobierno Nacional necesita decir la verdad sobre por qué no se han restituido las tierras a los desplazados, quienes finalmente son los dueños legítimos. Los mismos paramilitares han señalado "El aparato armado es sólo la punta del iceberg del fenómeno paramilitar (...) quienes personifican el fenómeno paramilitar continúan agazapados detrás de las paredes del poder político y económico..."  El ex paramilitar Jairo Castillo Peralta, definió en una frase la estrategia para apoderarse de la tierra: "Unos iban matando, otros comprando y otros legalizando". Los paramilitares desmovilizados sólo han devuelto 6.600 hectáreas para reparación a las víctimas, de las más de cinco millones que se sustrajeron. "Hubo varias modalidades para sacar los campesinos de los predios, pero la más usual fue, "maten, maten, maten  y luego legalizaremos  con ayuda del Estado/gobierno". La "compra" masiva de predios por este método se está dando aún. Vale la pena meterle muela al asunto en el momento en que Álvaro Uribe Vélez desapareció del "poder" para mostrar los salvajes y criminales rostros humanos que actuaron para robarse la tierra de los campesinos humildes y desprotegidos.

Nota.- Bucaramanga apareció llena de  letreros que afirman: ¡Santos presidente, somos diferentes!". Hasta que el fin los colombianos volvemos a tener desde el gobierno gratas sorpresas.

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